La amnistía “selectiva” del chavismo busca mantener control interno, pero presión de EEUU puede ampliarla
Sancionada la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el principal señalamiento de las ONG y defensores de derechos humanos es que se trata de una normativa “excluyente” que puede afectar a alrededor de 400 presos políticos, especialmente militares.
A su vez, en el artículo 15 del instrumento legal, enviado al Parlamento por el gobierno encargado e intervenido por una comisión especial, dejó abierta una puerta a negociaciones o a una amplitud del “perdón”, al crearse un grupo de diputados, presidido por el excanciller, Jorge Arreaza, con potestad de evaluar casos y hechos no incluidos en el listado de 13 eventos del artículo 8 para decidir la amnistía.
La presión que ejerza Estados Unidos, que supervisa en el terreno al interinato de Delcy Rodriguez, señalan analistas consultados por Efecto Cocuyo, también influirá en más excarcelaciones o libertades plenas en los próximos días o semanas.
El politólogo Joaquín Ortega y el analista político, Benigno Alarcón, coinciden en que el chavismo se reserva el poder de aplicar la amnistía de manera “selectiva” para garantizar control interno, pero que también está sujeto a lo que determine el tutelaje de Washington.
Decisiones unilaterales
Uno de los primeros pronunciamientos públicos, tras la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional (AN) fue el de la ONG Foro Penal.
Su director Gonzalo Himiob advirtió que la exclusión de hechos del periodo que abarca la Ley de Amnistía entre 1999 y 2026 -el artículo 8 sólo considera 13 eventos- tiene la intención evidente de excluir situaciones y momentos que tienen que ver con actuaciones de los militares y de los familiares presos relacionados con ellos. Además de hechos, acotó, que hayan tenido que ver con la supuesta promoción de ataques contra la soberanía venezolana, entre otros.
“El oficialismo coopera en lo económico con EEUU bajo coerción, pero tratan de mantener el control político, y digamos que tienen el temor de que si ellos se ablandan en el control represivo, el tema se les vaya de las manos y no puedan controlar la situación. En la medida que no haya hitos verificables e imposiciones en lo que tiene que ver con lo represivo, tratan de mantener el control”, señaló Alarcón.
Para el fundador y exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, la AN sancionó una “Ley de Amnistía que no es amnistía”, que ofrece un marco jurídico ambigüo, que les permite decidir de manera “unilateral” a quién se le otorga la medida y a quién no. Las consultas públicas y el haber invitado a ONG al Parlamento, añadió, fue una “simulación”, por cuanto el grueso de las propuestas no fueron tomadas en cuenta.
De los artículos 8 (lista de 13 eventos) y 9 (delitos excluidos, entre ellos apoyo a acciones armadas contra el territorio) se desprende según las ONG que casos como la Operación Gedeón de 2020 (incursión de mercenarios por costas venezolanas) no podrían ser objeto de amnistía. Tampoco habría perdón para los involucrados en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, por los cuales, advirtieron también las ONG, están privados de libertad de manera injusta y sin respeto al debido proceso numerosos civiles y militares.
Mantiene narrativa ideológica
“Adoptan un enfoque pragmático e incremental para adaptarse a presiones externas como las de EEUU, preservando el poder interno sin reconocer presos políticos, lo que mantiene su narrativa ideológica y evita admisiones de represión que debiliten su base o atraigan más demandas internacionales”, sostuvo Ortega sobre el carácter excluyente de la Ley de Amnistía.
A juicio del profesor de la Universidad Central de Venezuela, la exclusión de “militares rebeldes” del alcance de la normativa prioriza la lealtad de la Fuerza Armada al gobierno. Advirtió que hasta las “concesiones mínimas” que se hacen en la ley, como que los exiliados pueden solicitar amnistía a través de un representante legal en el país y volver sin ser apresados (artículo 7), tienen el objetivo de cumplir demandas externas sin ceder control judicial.
“Buscan mantener gobernabilidad interna bajo tutelaje externo, usando la amnistía para reducir tensiones, legitimar el cambio político y negociar reformas económicas-energéticas. Desde la realpolitik es efectiva a corto plazo para lograr estabilidad, pero es muy riesgosa porque genera percepciones de impunidad que profundizarían divisiones, como en 1994 al liberar a Chávez, habilitando su ascenso pero fomentando las prácticas autoritarias”, aseveró.
Apuntó que el interinato pudo haberse inspirado en regímenes autoritarios como Rusia, donde Vladimir Putin negó amnistías amplias a opositores como Alekséi Navalny (fallecido 2024 sin perdón); Turquía, donde el presidente Recep Erdoğan reprimió gülenistas (movimiento islámico turco) y kurdos post-2016 con purgas y en China, donde tampoco hubo perdón general y sí represión para disidentes de Tiananmen o la secta Falun Gong.
Artículo “con nombre y apellido”
El artículo 9 de la ley establece que “las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras, quedan excluidos del perdón. De esto se deduce que políticos como María Corina Machado, sobre quien pesa una investigación penal por invocar, según el chavismo, la intervención extranjera no sería beneficiada.
Provea también destacó que no fue incluido el tema de la anulación de las inhabilitaciones políticas como parte de la amnistía, a partir de las propuestas de las ONG a la AN. Ortega y Alarcón no dudan que con estas decisiones se quiere afectar principalmente a la líder opositora fuera del país desde mediados de diciembre.
“Sin lugar a dudas, este es un artículo que intenta aplicarse principalmente a María Corina Machado para mantenerla inhabilitada de cara a próximos procesos electorales y también para mantenerla fuera del país bajo la amenaza de que sería procesada si vuelve. Pero hay que tener claro que este artículo puede ser aplicado de manera arbitraria a cualquier persona que a través de un tuit, whatsapp o cualquier otra red social, haya expresado satisfacción con lo que sucedió el 3 de enero. Abre un compás muy amplio para perseguir, castigar y arrestar”, advirtió Alarcón.
De acuerdo con Ortega, el chavismo busca justificar inhabilitaciones políticas, intentar una vez más diluir el liderazgo de Machado y otros dirigentes, pero también para frenar cualquier intento interno de opinión disidente, mitigar protestas y ganar legitimidad externa.
Otro artículo de la Ley de Amnistía que tuvo un rechazo generalizado es el número 16, porque contiene una amenaza latente: “El otorgamiento de la amnistía contemplada en esta Ley, contribuye a la consolidación de la paz y la convivencia democrática. Las personas beneficiadas por esta Ley que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, serán procesadas de conformidad con la legislación aplicable.
Lo que dicen y lo que hacen
El diputado Arreaza anunció el 21 de febrero que la Fiscalía General introdujo 379 solicitudes de amnistía ante los «tribunales competentes» para otorgarlas, dando paso a más liberaciones. Previamente, a horas de ser aprobada la ley, se aprobó libertad plena para los dirigentes de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa y de Voluntad Popular, Freddy Superlano. Foro Penal pudo verificar 54 medidas de libertad plena desde el 19 de febrero, día de la sanción de la ley.
Horas después, el presidente de la AN, Jorge Rodriguez, declaró que «muchas» de las personas excluidas de la Ley de Amnistía «están siendo consideradas» para recibir «medidas de gracia» o indultos del Ejecutivo. También afirmó que serán atendidas más de 11 mil personas con medidas sustitutivas de libertad.
Para los analistas, si bien el chavismo quiere mantener una narrativa para sus bases, no es menos cierto que su margen de maniobra para evadir la petición expresa del presidente de EEUU, Donald Trump, de liberar a los presos políticos es estrecho.
“Se cede tácticamente para preservar un margen de maniobra estratégico y mostrando hacer la tarea pedida por EEUU, pero salvaguardando las formas aguas abajo. La narrativa es de reacomodo post acciones del 03 de enero, no se trata del final de su autonomía revolucionaria, si no simplemente se va a una fase donde el protagonismo lo toma un diálogo entre fuerzas diplomáticas que aunque enemistadas y con intereses y objetivos disímiles, pretenden dar nuevos pasos hacia el entendimiento”, expresó Ortega.
Al promulgar la Ley de Amnistía, la gobernante encargada, Delcy Rodriguez, pidió la evaluación de casos que no están contemplados en la normativa para «curar heridas, reencauzar la convivencia democrática» y la justicia.
¿Puede llegar la transición?
Alarcón señaló que en el transcurso de las decisiones que vaya tomando el interinato a través de la comisión especial, se medirá la aplicación e interpretación de la ley y sus impactos. También se medirá si EEUU sigue presionando con el tema de los presos políticos o si mira solo para el lado de la cooperación petrolera.
“Si EEUU reacciona y presiona al gobierno porque sienten que la ley es una estafa y se está jugando con sus directrices y amenazan con medidas adicionales sobre Venezuela, entonces podemos tener a un gobierno que, haciendo una interpretación más bondadosa de la ley, terminará amnistiando a más personas y aplicando la ley de manera mucho más amplia. Pero ellos se han reservado la capacidad de interpretarla de una u otra manera. La ley no es tajante en la forma en que se expresa, la letra es ambigua completamente y lo que se busca es mantener la capacidad de decir a quién sí y a quién no”, reitero Alarcón.
No descarta que así como sucedió con Guanipa y Superlano se libere a otros “casos visibles” o emblemáticos, así no estén incluidos en la ley, como el de los militares, los hermanos Guevara y los policías metropolitanos por los hechos de 2002, debido a la “rendija” que deja el artículo 15. Aunque aclaró que nada está garantizado.
“Una de las razones por las cuales las liberaciones se han hecho a cuentagotas y la resistencia a liberar a todo el mundo, es porque en algunos casos las personas están en una condición de salud deplorable, y prefieren hacer las excarcelaciones espaciadas para evitar que la indignación genere reacciones importantes en la sociedad que pudieran convertirse en detonadores de protestas importantes. Y en otros casos, porque las personas estén desaparecidas por razones que desconocemos”, advirtió.
Alarcón cree que si se materializan más liberaciones plenas y se amplían a casos excluidos, sumado a cambios institucionales como consecuencia de la reciente visita del jefe del Comando Sur de EEUU, Francis Donovan, hay razones para ser optimista en cuanto a la ruta hacia la transición.
“Todo parece indicar que hay una ruta que inicia y termina este mismo año de tres fases (estabilización, recuperación y transición) y pareciera que la primera fase de estabilización ha sido superada y que entramos en la fase dos y en la tres, que como bien anunciaba Marco Rubio en su interpelación en el Congreso, son etapas que se solapan, que no necesariamente son secuenciales. Un indicador importante de que ese plan camina es la visita del general Donovan para reunirse con los jefes de la represión en Venezuela, es decir, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello”, sostuvo.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
En la sección: Política – Efecto Cocuyo
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