las garantías electorales que están bajo amenaza

Mientras avanza el proceso de “renovación” del Consejo Nacional Electoral (CNE), la crisis institucional que atraviesa el organismo amenaza garantías electorales ya mermadas en Venezuela, advierten expertos.

La renuncia “forzada” de los rectores impacta las bases del próximo ciclo electoral 2024-2025, advierte el Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

Una de las consecuencias que la organización prevé es que esta crisis retrase la actualización del Registro Electoral cuyo rezago ya impide el derecho al voto de 3 millones de jóvenes y 5 millones de migrantes venezolanos aproximadamente.

Además, el escenario actual dificulta avances en la definición de un cronograma para comicios presidenciales (2024), regionales y parlamentarios competitivos (2025), según el OEV.

La crisis en el CNE también afectará –para bien o para mal– la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, hechas en 2021, que han sido ignoradas por el Estado venezolano hasta ahora. Estas son:

1️⃣ Llevar a cabo una campaña de educación al votante que aumente la confianza en la integridad y el secreto del voto electrónico.

2️⃣ Proporcionar más opciones para que los votantes, incluidos los venezolanos que viven en el extranjero, actualicen su información fuera de los períodos electorales, con el fin de mejorar la precisión del registro electoral y medir mejor las tasas de participación electoral.

3️⃣ Modificar el marco legal para garantizar la libertad de movimiento y expresión de los observadores, asegurando que los observadores electorales puedan llevar a cabo sus funciones sin obstáculos indebidos. (Aunque la Asamblea Nacional es la que tiene potestad para hacer leyes, el Poder Electoral tiene atribución para dictar sus propios reglamentos).

4️⃣ Reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones, que vayan desde la amonestación hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña. (Esto requiere la actuación de la Asamblea Nacional).

La MOE instó a suprimir la prerrogativa que tiene la Contraloría para inhabilitar opositores. Los observadores alertaron que los derechos políticos no pueden ser suspendidos por un procedimiento administrativo porque eso contraviene lo establecido en la Constitución.

No obstante, para despojar de esa atribución al contralor, se requiere la intervención del Tribunal Supremo de Justicia  o la reforma de la ley electoral vía Legislativo.

Garantías electorales mermadas

Al renunciar, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, aseguró que los rectores seguirían en el ejercicio de sus funciones hasta que se designaran las nuevas autoridades.

La Gaceta N° 1025 da cuenta de que los rectores salientes han hecho gestiones para actualizar el RE. Pero ha sido insuficiente.

La coordinadora nacional de contraloría electoral de Súmate, Nelida Sánchez, explica que el último corte del RE registra el número más elevado de nuevos inscritos hasta ahora. Sin embargo, la gran cantidad de venezolanos excluidos solo puede cubrirse con jornadas especiales masivas dentro y fuera del país que hasta ahora no han sido activadas.

De hecho, el órgano comicial respondió en abril de este año que no contaba con recursos económicos suficientes para hacer estas jornadas especiales.

Adicionalmente, Súmate detectó una anomalía en el último corte del RE y es que se impusieron objeciones a 53.991 electores. “Eso es casi el doble de la cantidad de nuevos inscritos y, mientras el ciudadano no resuelva la objeción, no puede votar”, comenta.

Estas objeciones pudieran estar relacionadas con problemas asociados al servicio de identificación.

Sánchez destaca las tareas pendientes que el nuevo CNE deberá acometer y que afectan el derecho a elegir y ser elegido:  

-Renovación de partidos políticos. Actualmente, los principales partidos de oposición están judicializados y los pocos que están habilitados para postular candidatos tienen la espada de Damocles sobre sus cabezas.

-Marco jurídico. Los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez presentaron una propuesta de reglamento para el voto en el exterior, en consonancia con la recomendación de la misión electoral de la UE de garantizar el voto de los migrantes venezolanos. Pero la propuesta no prosperó.

-La observación internacional es otro punto que debe abordarse en los reglamentos electorales.

La coordinadora de Súmate menciona la ley de referendo revocatorio como otra tarea pendiente y explica que para que el Poder Electoral aumente su capacidad sancionatoria la Asamblea Nacional debe ajustar el marco legal.

Renuncias forzadas

“Se supone que los rectores habían sido electos para un periodo de siete años, pero entendemos que por presiones del oficialismo renunciaron a sus cargos. Hay dos rectores suplentes que aún  no han renunciado, León Arismendi y Griselda Colina; sin embargo, vemos que la Asamblea Nacional llama a un proceso de renovación total”, cuestiona el profesor Humberto Rojas de la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación.

Esta maniobra en el CNE violenta el principio de separación de Poderes del Estado, apunta.

“La incertidumbre alrededor de un nuevo CNE contribuye a crear un ambiente desfavorable para la elección, sustituir el CNE sin haberse cumplido ni siquiera la mitad del periodo para el que fue designado vulnera la misma dinámica electoral porque eso implica que el nuevo CNE es el que tiene que atender los procesos de 2024 y 2025 cuando le correspondía hacerlo al que estaba en ejercicio hasta este momento”, señala Rojas.

Coincide en que la actualización del RE, con especial énfasis en el voto en el exterior, y la definición del cronograma electoral son garantías claves que pudieran verse afectadas.

“En el Zulia, alguien que viva en Santa Bárbara (parroquia del Municipio Colón) tiene que movilizarse hasta Maracaibo, lo que implica mínimo seis horas de viaje, para poder inscribir o actualizar sus datos en el RE. Por eso, desde distintos sectores de la sociedad civil, hemos pedido el aumento del número de puntos para la inscripción y actualización del RE, pero no se han tomado las decisiones”, expone.

En cuanto al comité de postulaciones judiciales que nombró la Asamblea Nacional para evaluar las credenciales de los aspirantes a rectora y rector del CNE, Rojas agrega que el lapso establecido de poco más de dos meses para constituir el nuevo CNE “parece razonable”.

Los expertos consultados temen que el cambio en el CNE y la reciente declaración del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en contra de la observación internacional, apunten hacia el agravamiento de la vulneración de las garantías electorales en el país.

Aunque la prórroga en el proceso de postulación de candidatos al CNE pudiera sugerir que hay una nueva oportunidad para alcanzar acuerdos y que se repita el escenario de 2021, cuando actores del chavismo y la oposición incidieron en la conformación del Poder Electoral.