Declaraciones del exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de ese país puso de nuevo en el tapete el recordado caso de los «paracachitos de Daktari» que en 2004 fueron acusados de promover una rebelión contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.
«En algún momento vino un general venezolano acompañado de su hijo y unos políticos venezolanos a proponernos a Carlos Castaño y a mí. Incluso Jorge Iván Laverde los acompañó en el helicóptero o fue Armando Alberto, para que vinieran hasta Tierra Alta, Córdoba, a proponernos que diéramos un golpe de Estado entre una parte de las Fuerzas Militares venezolanas aliados con nosotros para derrocar y asesinar a Hugo Chávez», relató Mancuso este jueves 11 de mayo en una audiencia virtual, ya que se encuentra preso en Estados Unidos.
La JEP, fundada en 2015, es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con el propósito de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos en el conflicto armado en el vecino país. Este 11 de mayo, Mancuso tuvo una participación en una audiencia.
A continuación un recuento del sonado caso de los paramilitares colombianos capturados en la Hacienda Daktari, ubicada en El Hatillo, estado Miranda, justo hace 19 años, que terminó en indulto presidencial y que los detractores de Chávez calificaron como «montaje».
El hallazgo
El domingo 9 de mayo de 2004 el presidente Chávez informó en cadena nacional que los cuerpos de seguridad del Estado habían capturado a 56 paramilitares, todos colombianos, con uniformes militares venezolanos que iban a bordo de un autobús que salió de la Hacienda Daktari, involucrados en un plan conspirativo para derrocar a su gobierno e incluso asesinarlo.
Te contamos: Mancuso dice que le pidieron dar un golpe de Estado a Hugo Chávez
Desde ese momento, los detenidos fueron conocidos como los «paracachitos de Daktari».
El mandatario aseguró que la finca, que fue allanada en el operativo, era propiedad del cubano Robert Alonso, hermano de la actriz María Conchita Alonso y que estaba vinculado a la coalición opositora Coordinadora Democrática. Luego la cifra de detenidos subió a más de 100 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana, pero también se apresó a militares venezolanos.
«Casi puedo decir cuál sería el guion: los paramilitares, vestidos como soldados venezolanos, atacarían el palacio de gobierno para dar muerte al presidente, y alguna otra instalación militar, para mostrar ante el mundo una falsa fractura de la Fuerza Armada. Si eso se hubiera producido, se habría iniciado una guerra civil, gracias a Dios y a los organismos de seguridad, abortamos el peligro», declaró luego Chávez en rueda de prensa con medios extranjeros.
El plan
Posteriormente el gobierno aseguró, citando a un supuesto informante, que el plan se llevaría a cabo el 12 de mayo de 2004, en varias etapas. La primera, asesinar a Chávez durante una cena con representantes de la banca en La Casona, sede de la residencia presidencial.
En simultáneo, parte del grupo irregular tenía previsto asaltar el Palacio de Miraflores y otros grupos irrumpirían en los depósitos de armas ubicados en el Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional y la base aérea de La Carlota, donde un oficial de la Aviación tenía la intención de secuestrar una aeronave para bombardear la sede de gobierno. Aunado a ello, serían atacadas varias unidades militares en Caracas.
Según palabras de Mancuso en la audiencia virtual ante la JEP, Carlos Castaño, líder las AUC, rechazó la propuesta del asesinato contra Chávez, pero sí ofreció apoyo y entrenamiento para que concretara el golpe de Estado.
«Carlos les ofreció que les enviaran los hombres, y nosotros se los entrenamos para que puedan dar ese golpe contra Hugo Chávez», contó Mancuso desde una cárcel en Estados Unidos, donde se encuentra preso por narcotráfico.
Señalan al presidente de Colombia
El exdirector de la extinta Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) en 2004, Miguel Rodríguez Torres, señaló al entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de estar al tanto del plan conspirativo, que habría contado con la participación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia colombiana.
También se habló de una participación en el plan de derrocamiento desde Estados Unidos, específicamente Miami.
El gobierno también aseguró que reuniones previas al atentado realizadas entre El Hatillo y Baruta contaron con la protección de los cuerpos policiales de ambos municipios, el último bajo la gestión de Henrique Capriles en la Alcaldía de Baruta, además del apoyo de la extinta Policía Metropolitana por supuestas órdenes del alcalde mayor, Alfredo Peña.
Fueron señalados igualmente, el expresidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, quien se juramentó como jefe de Estado en abril de 2022, el militar Ovidio Poggioli y otros dirigentes de Primero Justicia, como Liliana Hernández, además de Capriles.
Los sentenciados
En octubre de 2005, se hicieron públicas las primeras condenas a 6 años de prisión contra 27 paramilitares colombianos por participar en el intento de rebelión.
Dos oficiales venezolanos juzgados por el mismo caso, coronel de la Guardia Nacional Jesús Farías y el capitán del Ejército Rafael Farías, recibieron 9 años de cárcel y un tercer militar, Ovidio Poggioli, a 2 años y cinco meses de prisión. Otros tres militares fueron declarados inocentes y fueron liberados.
El abogado del coronel Farías, Carlos Bastidas, señaló entonces que no había elementos para condenar a ninguno de los imputados, especialmente por el cargo de rebelión porque no fueron halladas armas. Aseguró que el caso fue un montaje.
Indulto presidencial
En 2007, Chávez tomó la decisión de indultar y deportar a Colombia a 41 paramilitares colombianos que fueron sentenciados por el caso. Para el gobierno venezolano, según reseñó la agencia de noticias AP, el delito de rebelión militar, por el cual fueron condenados no implicó violaciones a los derechos humanos ni crímenes de guerra.
La medida reforzó la tesis de los detractores de la gestión de Chávez de que se trató de una componenda entre Miraflores y los rebeldes, para mejorar la posición del gobierno venezolano ante las negociaciones en Colombia.
No es la primera vez que Mancuso habla del caso. En 2012 aseguró que en dos ocasiones militares, políticos y empresarios venezolanos pidieron el apoyo de las autodefensas para derrocar al gobierno de Chávez Frías, a cambio de distintas formas de pago. Vale acotar que las AUC respaldaron el ascenso al poder de Chávez en 1998 a través de una carta.
Desde la llegada de Chávez a Miraflores y luego con la sucesión de Nicolás Maduro en el gobierno, los señalamientos de supuestos nexos con guerrilleros del vecino país, a quienes incluso se les habría cedido control del territorio fronterizo, de acuerdo con la ONG FundaRedes, así como la explotación de recursos minerales y todo tipo de actividades ilícitas para generar fondos. De hecho el director de la ONG, Javier Tarazona, está detenido desde hace casi dos años por las denuncias.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2023-05-12 19:10:02
En la sección: Política – Efecto Cocuyo