Abogados denuncian que el régimen de Maduro niega información sobre los jefes de campaña de María Corina Machado que están detenidos

La defensa de los tres jefes de campaña de María Corina Machado, la candidata presidencial del mayor bloque opositor de Venezuela, denunció este martes 6 de febrero que, tras 14 días de su detención, tanto los tribunales como los cuerpos policiales «niegan información» del paradero de estos ciudadanos.

El abogado Omar Mora Tosta, parte de la defensa de los líderes regionales de la campaña de Machado en los estados La Guaira, Juan Freites; Yaracuy, Luis Camacaro, y Trujillo, Guillermo López, aseguró que «no hay información», pese a que hace 11 días el Ministerio Público admitió la detención y vinculó a los opositores con una presunta conspiración contra el Gobierno.

«A 14 días de la detención arbitraria y desaparición forzada, en ese momento, de estos ciudadanos, se mantiene la misma situación. A pesar de los esfuerzos del equipo de defensa, de sus familiares, que hemos recorrido todos los tribunales que tienen que ver con la competencia del caso que nos ocupa, se nos ha negado reiteradamente información al respecto», dijo el jurista en declaraciones a medios.

Recalcó que la falta de información sobre el paradero y condiciones de la detención «materializa la desaparición forzada» que ya han denunciado. Recordó asimismo que han introducido recursos de amparo y denuncias de desaparición forzada, tanto en la Fiscalía como en la Defensoría del Pueblo, pero no han recibido respuestas.

El 26 de enero, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó que los cuerpos de seguridad detuvieron a estos ciudadanos, a los que acusó de estar vinculados con una trama conspirativa en la que servían «como apoyo logístico para el grupo terrorista que pretendía asaltar varios cuarteles militares».

Machado y su partido, Vente Venezuela, han denunciado que estas detenciones y otras acciones como la reciente ratificación de la inhabilitación política de la opositora por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), demuestran que el Estado «ha decidido aplastar al contrincante».

EFE

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