Opacidad y temor por los DDHH marcan el masivo operativo militar en el sur de Bolívar – Efecto Cocuyo

Desde la mañana del martes 9 de junio, se desarrolla un despliegue militar en el sur de Bolívar, el estado más extenso del país. De esta operación, que involucra a la Fuerza Armada Nacional (Fanb), no se tienen detalles oficiales, cifras de detenidos o motivos del operativo. 

Los pocos detalles que se conocen hasta la tarde de este miércoles, 10 de junio, han sido publicados mediante organizaciones no gubernamentales y usuarios de redes sociales que están documentando la situación. 

La Organización SOS Orinoco, ONG dedicada a documentar y denunciar la crisis socioambiental, ecológica y humana en la Amazonía, la Orinoquia y la Guayana venezolanas para visibilizar el daño causado por la minería ilegal y el Arco Minero, emitió un balance mediante su cuenta en X, la tarde de este miércoles, tras la situación en la entidad oriental.

Situación crítica al sur de Bolívar

La organización informó que al sur del estado, efectivamente, se realiza un despliegue militar de la Fanb que involucra helicópteros armados en el área de Las Brisas y sus alrededores. 

De acuerdo con la organización, que mantiene un monitoreo sistemático entre los kilómetros 33 y 88 de Las Claritas (municipio Sifontes) desde 2018 mediante informantes locales confiables, la operación estuvo dirigida contra líderes de la minería armada, reportados bajo el alias de “Juancho”.

SOS Orinoco también informó que tras el despliegue militar en redes sociales está circulando una gran cantidad de desinformación, compuesta por videos antiguos y material audiovisual de otros países. “Gran parte de ello no corresponde a los eventos actuales”, explica la organización. 

Bajo condición de anonimato, una fuente local consultada por Efecto Cocuyo informó que la población del kilómetro 88 quedó completamente incomunicada tras un corte de luz. Asimismo, aseguró que se les ha restringido la salida de la zona por un período de 48 horas.

“Por ahora todo está en silencio; no sabemos qué va a pasar aquí”, indicó.

La ONG señala que están en curso inspecciones de plantas procesadoras de la Corporación Venezolana de Minería, en El Callao, bajo estrictas medidas de seguridad. “El enfoque parece estar en la infraestructura de producción de oro”, aseguran.

En el kilómetro 88 de Las Claritas, se reporta intensa actividad militar y enfrentamientos. SOS Orinoco indicó que la operación busca desalojar a grupos armados que por mucho tiempo han controlado el complejo minero estratégico Las Brisas–Las Cristinas. Mientras que en El Dorado, las estructuras carcelarias (“pranes”) han iniciado movimientos de “protección” en anticipación a posibles acciones en su contra.

No es un incidente aislado

La organización señaló que el conflicto en esta región del país no es un incidente aislado, sino el resultado directo de un modelo de gobernanza criminal que fue deliberadamente promovido y tolerado durante años por el gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. 

De acuerdo con la ONG, este panorama forma parte de un ecosistema destructivo que han documentado extensamente desde la creación ilegal del Arco Minero del Orinoco. El origen de este problema se remonta a 2016, año en el que el gobierno chavista decretó dicho proyecto sin la aprobación de la Asamblea Nacional, omitiendo además las consultas previas a las comunidades afectadas y los estudios de impacto ambiental o social requeridos por la ley.

A través de esta medida, se entregaron de forma arbitraria más de 111.000 kilómetros cuadrados de territorio, una decisión que abrió definitivamente la puerta a la minería ilegal, la proliferación de grupos armados y una devastación ambiental sin precedentes en el sur de Venezuela. 

Para la organización, la crisis humanitaria y ecológica actual no es una consecuencia imprevista, sino el desenlace lógico de una política de Estado que sacrificó la soberanía y la biodiversidad de la región en favor de economías ilícitas y estructuras criminales.

Presencia de grupos armados 

SOS Orinoco señala que la presencia de grupos armados irregulares y uniones criminales denominadas “sindicatos” en Bolívar no ocurrió por casualidad y que surgió de un sistema de control territorial construido con complicidad estatal en múltiples niveles.

Explican que el operativo actual se centra en áreas altamente estratégicas (Las Brisas – Las Cristinas), que es una región con vastas reservas de oro y cobre y una larga historia de disputas legales internacionales. 

“Esto sugiere fuertes presiones políticas y económicas para recuperar el control territorial”, se lee en el escrito. 

Los riesgos que puede traer la operación 

Para SOS Orinoco son múltiples los riesgos que pudiera traer esta operación si se le da un enfoque puramente militar, sin una estrategia integral. La organización cree que esto pudiera desencadenar un desplazamiento masivo de miles de mineros y sus familias. 

Señalan que pudiera generar mayor deterioro de la crisis humanitaria en esa región del país y que la violencia afecta a civiles inocentes. 

“La minería ilegal en Bolívar es un problema complejo que no se puede resolver solo con fuerza bruta”, enfatizan. 

Para atender esta crisis de minería ilegal en la entidad, la organización recomienda la planificación territorial seria, formalización de mineros artesanales, atención social genuina y restauración ambiental. 

Por estos motivos, SOS Orinoco exige a las autoridades transparencia total sobre la operación militar, protección inmediata y efectiva para la población civil y una estrategia real basada en derechos, que aborde el problema de raíz. 

“El sur de Venezuela no puede estabilizarse sin desmantelar el modelo mafioso que alimentó la extracción ilegal y las estructuras armadas”.