«En Colombia no basta con matar a alguien; se le sigue matando también en la memoria»: los hijos de líderes asesinados que desafían la misión de ser político en el país sudamericano

La madre de Uribe Turbay, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 en un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres al mando del excapo del Cartel de Medellín Pablo Escobar.

El padre de Cepeda, el político Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado en 1994 por agentes del Estado cómplices con paramilitares.

Antecedentes traumáticos que para Uribe Turbay, Cepeda y otros políticos, no impidieron que ingresaran a la política colombiana, frecuentemente a merced de amenazas, presiones y atentados.

BBC Mundo solicitó entrevistas o declaraciones a otros políticos mencionados en esta nota, pero no fue posible concertar todas antes de esta publicación.

A sus 68 años, Iván Cepeda acumula buena parte de su vida mediando por la paz.

Ha facilitado diálogos del gobierno con grupos paramilitares como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, así como con las guerrillas ELN y Farc.

Esta última firmó un acuerdo de paz en 2016 con el gobierno y, desde entonces, Cepeda también participa en su implementación.

Tras sufrir la pérdida de su padre, el senador afirma estar acostumbrado a las amenazas, que recientemente recibe por su participación como testigo y víctima en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno, manipulación de testigos y fraude procesal.

Cepeda, aunque defiende que Colombia no vive los niveles de violencia de hace tres décadas, reconoce que la naturaleza y el alcance del atentado a Uribe Turbay no están claros.

Sí tiene claro que «Colombia no puede desanimarse ni caer en una espiral de odio y debe buscar un acuerdo nacional».

Cepeda cree que las amenazas en su contra responden tanto al cambio que representa como a la herencia de su apellido.

Dos factores, admite, que levantan viejas inquinas.

«En Colombia hay una memoria del odio bien alimentada que se renueva periódicamente. No basta con asesinar a alguien, sino que lo siguen asesinando en su memoria, en la honra de sus familias», reflexiona.

«Mis detractores violentos me recuerdan a mi padre, aunque lo principal son las reformas que impulsa nuestro gobierno, que aunque nos critiquen, las ponemos en el centro en un país acostumbrado a mantener una desigualdad monstruosa. Así también le pasa a María José», añade.

María José Pizarro, nacida en Bogotá en 1978 y también senadora del Pacto Histórico, reaccionó conmocionada al atentado contra Uribe Turbay.

«¿Cómo es posible que en Colombia vuelva a suceder que se atente contra la vida de un candidato a la presidencia? (…) Soy hija de un candidato presidencial asesinado en 1990 y esta historia no se puede repetir», escribió en X.

Pizarro se involucra en política con el antecedente del asesinato a su padre, Carlos Pizarro Leongómez (máximo comandante del M-19 y quien negoció la paz del grupo guerrillero con el Estado) en uno de los magnicidios más emblemáticos de la historia del país.

Candidato a la presidencia por la Alianza M-19 (partido que surgió del proceso de paz), fue baleado el 26 de abril de 1990 por un sicario dentro de un avión, en un período en que fueron asesinados otros dos candidatos presidenciales en seis meses.

María José Pizarro colocó la banda presidencial a Petro cuando se posesionó en 2022, en un gesto simbólico hacia su padre y el propio presidente, exguerrillero del M-19.

Como recoge su sitio web, Pizarro es una lideresa política, activista y artista que ha dedicado gran parte de su vida a «recuperar, tejer y defender la paz y la memoria viva del país».

Tenía apenas 12 años cuando su padre fue asesinado y desde pequeña vivió en el exilio, en Ecuador, Francia y España.

Desde que regresó a Colombia trabajó por varios territorios por los derechos de las víctimas y su reparación.

También, como Cepeda, es delegada del gobierno en diálogos con el ELN, actualmente congelados, y forma parte de la Comisión de Paz del Senado.

«Las banderas de sus luchas están en la defensa de los derechos de las mujeres y las juventudes, la paz y la cultura», dice su sitio web.

En febrero de 2023, denunció amenazas de muerte que le llegaron a su teléfono personal.

A comienzos de los 90, la tasa de homicidios en Colombia superaba los 70 por cada 100.000 habitantes.

Era una época mucho más oscura donde se juntaban las víctimas del conflicto armado, la guerra entre el Estado y el narcotráfico y el ataque sistemático a políticos, periodistas y otros líderes sociales.

Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25,4 por cada 100.000 habitantes, la más baja de los últimos cuatro años, pero todavía entre las más altas de la región junto a Ecuador, Brasil y Honduras.

Entre los 80 y 90, además de Cepeda y Pizarro, también fueron asesinados el candidato presidencial Luis Carlos Galán y el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, cuyos hijos también han ocupado cargos destacados en los últimos años exponiéndose a una presión que se renueva y, en sus casos, se hereda.

«Aquí la política es tradicionalista, con gran peso de liderazgos individuales. De ahí viene la importancia de apellidos como Cepeda, Pizarro, Uribe, Turbay, Galán, Gaitán y varios otros, cuyo carisma o logro de hitos son heredados a sus hijos», le explica a BBC Mundo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación.

«Es interesante ver cómo políticos de hoy retoman las banderas de sus padres y, en el caso de Uribe Turbay, la de su madre», añade la investigadora.

Aunque opina que más que contra estos apellidos en particular, la polarización se manifiesta contra nombres conocidos por esa tradición de herencia política familiar y por coincidir ahora, al igual que en los 90 antes de la Constitución del 91, con un momento reformista que hoy representa Petro.

«Eso suele tener reacciones violentas por parte de grupos criminales y armados que buscan desestabilizar, influir e imponer su agenda en todo el espectro ideológico», dice Bonilla.

Carlos Fernando Galán Pachón es el alcalde más votado en la historia de Bogotá, una de las plazas políticas más influyentes del país.

Su padre, Luis Carlos Galán, era favorito a ganar la presidencia cuando fue asesinado durante un acto de campaña, en la noche del 18 de agosto de 1989, en un acto atribuido al Cartel de Medellín de Escobar en colusión con paramilitares y miembros del Estado.

Galán iba adelantado en las encuestas con una facción del partido Liberal, «Nuevo Liberalismo», y prometía romper con el establishment y extraditar a Estados Unidos a los principales capos del narcotráfico.

Pocas muertes marcaron tanto al país como esa, especialmente a su hijo, quien le acompañó con menos de 12 años en varios actos en campaña.

Galán Pachón llegó a la alcaldía de Bogotá en 2024 con el legado y el mismo nombre del partido de su padre, aunque en coalición con partidos de distintas ideologías, también de derecha.

Nacido en Bogotá en 1977, cuenta con un amplio bagaje político.

Entre otras responsabilidades, fue asesor del expresidente César Gaviria en la Organización de Estados Americanos (OEA), Secretario Anticorrupción y de Transparencia del gobierno de Juan Manuel Santos en 2012 e intentó llegar al Senado en 2022, sin éxito.

Como alcalde de Bogotá, le ha tocado lidiar con la sequía que durante más de un año obligó a introducir racionamientos de agua frecuentemente criticados desde sectores de la población y la oposición, la inacabable obra para construir el metro, el asesinato del director de la prisión La Modelo, Élmer Fernández, y ahora el atentado contra Uribe Turbay en un barrio del occidente de la capital.

«Nuestro deber es (…) evitar que haya actos de violencia derivados del odio y de la polarización radical (…) La violencia política le ha costado demasiada sangre a nuestro país», reaccionó en X.

Rodrigo Lara Bonilla quedó en la historia como uno de los hombres que desenmascaró a Pablo Escobar.

En un momento en que el país parecía vivir ajeno al ascenso del capo, Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia, demostró que Escobar era un narcotraficante.

Fue un golpe tremendo que el narco vengó mandando sicarios para matarlo.

Era el 30 de abril de 1984 y entonces Rodrigo Lara Restrepo, su hijo, tenía ocho años.

«Eso es un trauma en cualquier persona y más en un niño. La tarea desde ese entonces ha sido superarlo, vencer el trauma y convertir eso en una experiencia un poquito más racional y menos dolorosa», afirmó Lara Restrepo en una entrevista con BBC Mundo en 2013.

Hoy, otra vez hablando con este medio, siente que lo ocurrido con Uribe Turbay es como «el regreso de los demonios de la violencia política colombiana».

Tras la muerte de su padre, Lara y su familia viajaron a Europa. Regresaron a Colombia en 1993.

Lara Restrepo estudió derecho y años más tarde se dedicó a la política, a pesar del trauma.

En 2006, durante el gobierno de Uribe, el expresidente lo nombró director del Programa Presidencial de Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ganándose el apodo de «zar anticorrupción».

Entre 2007 y 2010 fue senador por Cambio Radical, un partido fundado por exgalanistas a fines de los 90 del que también formó parte Carlos Fernando Galán. En 2018 fue nuevamente elegido como senador hasta 2022.

Fue presidente de la Cámara de Representantes entre 2017 y 2018 y candidato a la alcaldía de Bogotá en 2023, que acabó llevándose Galán.

Como lo hacía su padre, Lara Restrepo sitúa a las fuerzas criminales más poderosas detrás de la última muestra de violencia.

«Fuerzas oscuras, ligadas al crimen organizado, quieren sembrar el terror en la sociedad y debilitar la reacción pública y del Estado, para fortalecer sus rentas ilícitas», analiza para BBC Mundo.