Inseguridad en Colombia: Ganadería y caña, sectores que más sufren en el agro | Agro | Economía

La creciente inseguridad en las zonas rurales afecta no solo al sector agropecuario, sino también a la economía que lo sustenta. El aumento de la incertidumbre y el miedo ha transformado la percepción de seguridad, convirtiéndose en un sentimiento generalizado entre los agricultores del país.

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El incremento de los robos, los secuestros, los bloqueos y la extorsión, son los delitos que más afectan al sector agricultor, adicional a un aumento de la influencia de los grupos armados en contra de la ley en el territorio rural de Colombia.

De acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) los bloqueos y la extorsión son los desafíos más grandes que tiene la agricultura. “También, en las zonas en las que tienen ingerencia los grupos al margen de la ley como las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo los habitantes tienen mucho miedo”, explicó el líder gremial.

Teniendo en cuenta el sentimiento general del sector agricultor, uno de los que más se ha visto afectado en los últimos años, es el ganadero.

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Según cifras de la Policía Nacional, analizadas por el Ministerio de Defensa, el abigeato es la práctica delictiva que más aqueja a la ganadería. Esta consiste en apoderarse de especies mayores (bovino y equino) o menores (porcino, caprino u ovino) con el fin de obtener provecho.

En concreto, los casos de abigeato en Colombia han venido descenciendo desde el 2017 cuando se registraron 5.135 casos, hasta alcanzar en el 2024, 1.224. Analizando el comportamiento de lo que va del año, entre enero y junio se han registrado 312 casos de abigeato, siendo un 62% menor a los 824 del mismo periodo del año pasado.

En ese frente, Fernando Murillo, asesor en seguridad para Fedegán, dijo que la inseguridad en la zona ganadera afecta a al menos 800.000 ciudadanos que se dedican a esta actividad. “Los delitos de mayor impacto son el abigeato, el carneo, la invasión de tierras, el hurto a fincas, la extorsión y el secuestro. No quiere decir que no hayan otros delitos que no los afecten a ellos, pero estos son los de mayor impacto”, indicó.

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Con base en lo mencionado por el asesor, en lo que va de este año se han presentado 15 secuestros a ganaderos, de los cuales pocos ya fueron liberados, por acción de la fuerza pública o porque le pagaron a los delincuentes. “Todavía hay unos ganaderos, entre ellos una mujer, que se encuentra secuestrada desafortunadamente”, explicó.

Por otra parte, Murillo destacó que otro de los delitos que tiene afectado al reglón ganadero es la extorsión. Sin embargo, precisó que en ese sentido existe un subregistro porque las víctimas, entre las que se encuentran los ganaderos y toda la población, no denuncian porque no hay una confianza real en la institucionalidad y porque tampoco encuentran una solución acorde para el problema.

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Entre enero y junio se han registrado 312 casos de abigeato, siendo un 62% menor a los 824 del mismo periodo del año pasado.

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“La gran mayoría de extorsiones hoy se están desarrollando desde las cárceles, pero desafortunadamente o ingenuamente los ciudadanos prefieren pagar y no denunciar y es el gran error que estamos cometiendo”, mencionó. El asesor del gremio de los ganaderos, también enfatizó en la percepción de la seguridad. Según Murillo, hoy en día existe un sentido de inseguridad muy alto, al igual que incertidumbre.

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“Eso se ve en la Defensoría del Pueblo. Hay un mayor control territorial, presencia en más de 700 municipios de los 1.112 del país de grupos al margen de la ley. Vemos que desde las cárceles los delincuentes están extorsionando, asesinando y desarrollando desplazamientos de los ciudadanos”, dijo. También, agregó que la situación cada día es más crítica, por lo que se propone un trabajo conjunto para recomponer la seguridad de Colombia.

La situación continúa siendo preocupante para el sector de la caña.

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La caña está afectada

Por otra parte, la misma situación de inseguridad se viene presentando el sector cañero del país. La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, confirmó a este medio que hoy la situación continúa siendo preocupante.

“En lo corrido de 2025, desafortunadamente han sido asesinados dos trabajadores de la agroindustria de la caña y dos líderes que hacían parte del convenio ‘Apuesta por el desarrollo rural del norte del Cauca’, que tenemos con Minagricultura y las comunidades”, manifestó.

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Adicionalmente, Calero indicó que además de los asesinatos, en estos meses del año unos seis trabajadores han resultado heridos en distintos hechos de violencia entre el sur del Valle y el norte del Cauca. “Este año se han registrado aproximadamente 150 casos de inseguridad en nuestra zona de operación, afectando al 60% de los municipios en los que tenemos presencia”, apuntó.

La líder gremial aseguró que los hechos de inseguridad no se tratan solo de cifras, sino de vidas humanas, familias y comunidades que trabajan por el desarrollo de la región. “Hemos enfrentado ataques a nuestros trabajadores, hurtos, hostigamientos por parte de grupos al margen de la ley e incluso situaciones que rayan en lo demencial, como el atentado contra un bus escolar de una escuela de fútbol juvenil vinculada a uno de nuestros ingenios, ocurrido en mayo en zona rural de Jamundí”, señaló.

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Así mismo, Calero concluyó asegurando que es necesario hacer un llamado y un trabajo articulado entre las autoridades y la justicia para que se tomen medidas que le devuelvan a los productores la tranquilidad. “Esta es una región y un país que merece vivir en paz”, apuntó.

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) rechazó los hechos violentos ocurridos en la empresa palmicultora Palmagro.

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Ataques directos a instalaciones y empresarios

La semana pasada, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) rechazó los hechos violentos ocurridos en la empresa palmicultora Palmagro. El gremio aseguró que la situación atento contra la integridad del equipo humano y de las instalaciones de la compañía.

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“Condenamos cualquier forma de violencia o intimidación que ponga en riesgo la vida, la seguridad y el trabajo de quienes hacen parte de nuestra agroindustria. Ninguna causa justifica la amenaza a la integridad física de los trabajadores ni el uso de la fuerza como mecanismo de presión”, dijeron.

Adicionalmente, aclararon que están comprometidos con la legalidad, la paz y la construcción de un sector palmero que contribuya al desarrollo económico, social y ambiental del país, “bajo un marco de respeto por la vida y los derechos”.

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DIANA K. RODRÍGUEZ T. 
Periodista de Portafolio