Nueva purga sacude al sistema judicial venezolano
La ONG Transparencia Venezuela, desde el exilio, destapó una purga en el sistema judicial venezolano que ha resultado en la detención de múltiples fiscales, jueces y operadores judiciales. Desde el 7 de septiembre, el Ministerio Público arrestó a 14 fiscales, entre ellos Miguel José Durán Trejo, fiscal superior de Carabobo, acusados de extorsionar a ciudadanos con causas abiertas a cambio de favores procesales. Esta operación, calificada como “ejemplarizante” por el fiscal general Tarek William Saab, imputa delitos como obstrucción a la justicia, retraso intencional, uso indebido de información y asociación para delinquir. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por la ONG cuestionan la magnitud de las detenciones, señalando que varios imputados recibieron medidas sustitutivas de libertad.
Purga en Carabobo: detenciones y dudas
En Carabobo, las autoridades detuvieron a fiscales como Marilyn Jackeline Hernández Guadarrama, Gabriel José Sánchez Pirela y Michael Gabriel Quintero, junto a otros operadores judiciales, incluido un exfuncionario del CICPC. También se reportó la muerte de Luis Enrique Maldonado Vásquez, vinculado a la red, el 4 de septiembre. Aunque Saab destacó la operación como un golpe contra la corrupción, las fuentes sugieren que las detenciones podrían ser selectivas, ya que algunos implicados evadieron penas severas.
Purga se extiende a Caracas
La purga no se limitó a Carabobo. En Caracas, arrestaron a altos funcionarios del Ministerio Público, como Ángel Renato Fuenmayor Briceño, Marvin Emperatriz González Barrios y Orlando José Peña Lamus, directores clave en áreas de delitos comunes, corrupción y delincuencia organizada. Además, capturaron al fiscal Farik Karin Mora Salcedo, sancionado internacionalmente por violaciones de derechos humanos, y al juez Ángel Gabriel Betancourt Martínez, detenido en el Sebin, lo que provocó la suspensión de audiencias de casos sensibles.
Impacto en el sistema judicial
La purga revela tensiones internas en el sistema judicial venezolano. La detención de Bárbara Andreina Rojas Ojeda, asistente de la presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, evidencia que el alcance de la operación toca círculos cercanos al poder. Según Transparencia Venezuela, estas acciones generan dudas sobre su transparencia y sugieren un posible ajuste de cuentas dentro del sistema, mientras persisten las críticas por la falta de independencia judicial.
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