Un fallo en los sistemas de las pulseras antimaltrato deja a un importante número de agresores libres

Las pulseras antimaltrato en España son un sistema telemático de protección dirigido a víctimas de violencia de género y, recientemente, también a víctimas de violencia sexual, que mediante un sistema de GPS y radiofrecuencia geolocaliza tanto al agresor como a la víctima y manda una alerta si el agresor se acerca al perímetro fijado por la orden judicial.

En nuestro país se utiliza el sistema Cometa, que hasta 2023 estaba bajo el control de Telefónica que a su vez tenía subcontratado a Securitas Direct. Sin embargo, en 2023 hubo un cambio de adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE)entre las que se encuentran Vodafone y Securitas. Y como han adelantado desde OkDiario, durante la transición hubo un fallo con el volcado de los datos entre proveedores durante unos meses lo que hizo que no se pudiera conocer los movimientos de esos hombres antes del 20 de marzo de 2024.

Desde la Fiscalía General del Estado, han señalado este error como una «potencial desprotección de las víctimas». Se calcula que hay unas 4.500 pulseras activas, y aunque se desconoce el número total de dispositivos afectados por el error, eso significa que potencialmente hubo miles de estas que no estaban funcionando poniendo en peligro a las víctimas.

Por ahora, todavía ninguna de las partes implicadas ha reconocido el número oficial de dispositivos afectados ni el tiempo que estas pulseras estuvieron sin funcionar «por cuestiones de confidencialidad». Desde la Fiscalía aseguran que no lo tienen contabilizados, que el fallo tan solo duró «unos meses» de 2024 y que en 2025 no se ha producido ninguna incidencia.

Desde la implantación de este sistema, ningún caso de asesinato ha sido registrado entre mujeres que contaban con pulsera antimaltrato activa, lo que hace que el mantenimiento y buen funcionamiento de estas es crucial para la protección de las víctimas.

Pero debido a este fallo, «la imposibilidad de que el centro Cometa facilite la información ha impedido saber la ubicación o actuación de los investigados cuando el hecho es anterior al 20 de marzo de 2024, lo que supone, de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación» señalan en la memoria anual de la Fiscalía.

Y por esa «anomalía» el centro responsable no pudo responder a «las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, al no tener tampoco acceso a la información; lo que, en muchos casos», provocó » una sentencia absolutoria» al agresor.