‘Constituyente frena inversión y genera desconfianza en el país’ | Gobierno | Economía

Las reacciones al anuncio del Gobierno sobre la convocatoria a una constituyente no se hicieron esperar por parte del mundo empresarial que lo considera un daño a la economía, porque no la alcanzará a realizar, pero genera incertidumbre y desconfianza en la economía del país.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, indicó que la discusión introduce un nuevo factor de incertidumbre económica. “Lo que se requiere es estabilidad en las reglas de juego, señales claras para que la inversión pueda retornar. Afortunadamente creemos que el anuncio no va a tener consecuencias reales porque los tiempos no dan, pero la sola discusión abre una puerta adicional de incertidumbre que no es conveniente para la economía colombiana”, señaló.

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Mejía explicó que el mercado financiero no prevé un impacto inmediato en los indicadores, aunque el riesgo país podría verse marginalmente afectado. “El mercado internaliza esto más como un anuncio político de campaña y no como algo que se pueda materializar. En ese sentido, no debería haber una implicación grande desde el punto de vista de las cifras económicas”, indicó.

El economista precisó “la situación fiscal que va a recibir el próximo gobierno será probablemente la peor de la historia moderna” y por tanto, “el espacio para mejorar la asignación de recursos será limitado”.

Prometió no hacer constituyente’: Andi

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, cuestionó la decisión del Gobierno y criticó el cambio de posición del presidente Petro respecto a su promesa de no convocar una Constituyente.

En X escribió: “¿Y ahora una #Constituyente? La misma Constituyente que había prometido que no convocaría. Colombia, en opinión de muchos, cuenta con una de las constituciones más modernas, protectora de los ciudadanos más vulnerables y garantista del planeta”.

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Agregó que “parece que esto les incomoda y quieren modificarla. Seguramente será para limitar libertades y permitir cosas que hoy no están permitidas”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

César Melgarejo/ El Tiempo

Por su parte, Adriana Guillén, presidenta de Asocajas —el gremio de las cajas de compensación familiar—, dijo que existe una marcada tendencia, no solo en Colombia sino en América Latina y en el mundo, a usar narrativas constitucionales para evadir los sistemas de pesos y contrapesos propios de la democracia.

“En la Constitución de 1991 se plantearon precisamente los mecanismos que deben activarse para acudir directamente al poder popular, al constituyente primario, y preguntarle qué es lo que quiere. Estos mecanismos están previstos en la Constitución del 91. Antes no existían”, dijo.

‘Vulgar copia de Maduro 2017’: Fenalco

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó el proyecto de Asamblea Constituyente presentado por el gobierno, como “una vulgar copia de la constituyente impulsada por Nicolás Maduro en 2017”.

“La propuesta de una constituyente sin límites, excluyente y con claras pretensiones totalitarias, representa una amenaza directa al orden constitucional vigente y al equilibrio de poderes que sustenta nuestra democracia”, afirmó.

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Cabal advirtió que el Gobierno, al no contar con las mayorías en el Congreso de la República, enfrenta un escenario legislativo adverso que hace prever el archivo de esta iniciativa con alcance dictatorial. Sin embargo, denunció que, ante la ausencia absoluta de gestión, el Ejecutivo pretende desviar la atención pública hacia una constituyente innecesaria e irrealizable, y hacia, sus irresponsables confrontaciones con el Gobierno de los Estados Unidos. Es una nueva cortina de humo, aseveró.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco

Archivo EL TIEMPO

“El sueño de llevar a Colombia por el camino que condujo a Venezuela bajo el régimen de Chávez y de Maduro, no es más que otro delirio de un gobierno entregado a la improvisación y a la confrontación y al insulto”, agregó Cabal.

También hizo un llamado “a todos los colombianos a defender la democracia, la institucionalidad y el pacto republicano consagrado en la Constitución de 1991”.

‘Mejor construir país’: Camacol

A los constructores les preocupan los posibles efectos en la estabilidad institucional y la inversión. Indicaron que no consideran conveniente impulsar un proceso de este tipo en el contexto actual, y advirtieron que la discusión introduce nuevos elementos de incertidumbre en medio de un panorama económico desafiante.

(Más: ‘Gobierno busca ocultar resultados de su mala gestión con la Constituyente’: Camacol).

El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, sostuvo: “Creo que acá lo importante es respetar y seguir apoyando la Constitución del año 91. No es momento para constituyentes, no está el espacio”. Herrera agregó que “se puede interpretar como irresponsable, precisamente cuando lo que se busca, parece ser, es ocultar los resultados de la mala gestión del Gobierno”.

Guillermo Herrera, presidente Ejecutivo de Camacol

Cortesía

Los constructores coincidieron en que la propuesta genera incertidumbre y distrae la atención de las prioridades productivas. Un empresario, que pidió no revelar su nombre, manifestó “nosotros los empresarios no debemos jugar ese juego, nuestro juego es el de construir país, seguir generando trabajo y progreso para nuestras poblaciones más vulnerables”, explicó.

Los tiempos no cuadran para la Constituyente

La Constitución de 1991, establece que tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprueben una ley de convocatoria con mayoría absoluta (53 senadores y 94 representantes). Luego, esa ley debe pasar a revisión de la Corte Constitucional, que decide si cumple con los límites del orden vigente y solo después de ese aval, el país podría votar en un referendo nacional donde al menos 12,9 millones de ciudadanos deberían decir “Sí” para habilitar la Asamblea. Si ese umbral se alcanza, se elegirían los delegados encargados de redactar el nuevo texto constitucional.

La Misión de Observación Electoral (MOE), precisó que no existe un camino alternativo al establecido por la Carta del 91. En otras palabras, una Constituyente por decreto no tendría validez jurídica.

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