Fedecámaras propone limitar a 60 días la facultad del Estado para controlar precios

Fedecámaras planteó ante la Asamblea Nacional la necesidad de establecer límites temporales a la facultad del Estado para fijar precios de bienes y servicios esenciales. La propuesta forma parte de un conjunto de observaciones remitidas al Parlamento en el marco de la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos.

En una comunicación firmada por su presidente, Felipe Capozzolo, el gremio empresarial sugiere que cualquier medida de control de precios tenga una duración máxima de 60 días, prorrogables por un período similar, cuando se trate de situaciones extraordinarias que afecten el bienestar de la población.

El planteamiento responde a lo establecido en el artículo 49 del proyecto de ley aprobado en primera discusión, el cual señala que el Estado podrá fijar precios de bienes y servicios priorizados cuando existan circunstancias excepcionales que comprometan el acceso de la población a productos esenciales. Según Fedecámaras, la redacción actual no establece límites claros en el tiempo, lo que podría derivar en la aplicación indefinida de este tipo de medidas.

El gremio advierte que los controles prolongados generan inseguridad jurídica sobre las condiciones del mercado y recuerda que las medidas excepcionales deberían tener una duración limitada, similar a la prevista en la Constitución para los estados de excepción en casos de emergencia económica.

Asimismo, Fedecámaras señala que, de aplicarse controles de precios, estos deberían considerar las estructuras de costos de las empresas, con el fin de evitar distorsiones que comprometan la sostenibilidad de la producción y el abastecimiento.

Medidas excepcionales
En relación con el artículo 19 del proyecto de ley, que permite al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias ante crisis económicas que afecten gravemente a la población, el gremio también propone que estas disposiciones tengan un límite de 60 días prorrogables por otro período equivalente.

Este artículo contempla, además, la posibilidad de declarar servicios públicos esenciales las actividades vinculadas con la producción, importación, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos de primera necesidad, lo que permitiría al Estado intervenir para garantizar su continuidad en caso de interrupciones.

Propuesta de eliminar los “precios acordados”
Fedecámaras también planteó eliminar el esquema de “precios acordados”, al considerar que resulta innecesario en un sistema donde ya existe libertad de precios y mecanismos extraordinarios para intervenir en situaciones de emergencia.

A juicio del gremio, mantener este instrumento podría generar duplicidad de controles y mayor confusión regulatoria, lo que afectaría el funcionamiento del mercado y la toma de decisiones empresariales.