Por qué el ejército mexicano no está hecho para la guerra (y qué implica en la lucha contra el narco)

En 1981, por ejemplo, antes de comprar los F5, México negoció con Israel la compra de 24 cazas Kfir, pero Estados Unidos vetó el acuerdo con el argumento de que el motor era de origen estadounidense y que, según el gobierno de Jimmy Carter, «alteraría el equilibrio militar regional».

Si no es débil, el ejército mexicano es al menos resultado de un sistema político atípico —nacionalista y transaccional— que se formó en función de la vecindad con la primera potencia militar del mundo.

«México no tiene enemigos en el vecindario», explica Raúl Benítez-Manaut, un politólogo experto en Seguridad.

«Estados Unidos es demasiado grande y Guatemala demasiado chico, ninguno es una amenaza externa real, y por eso nunca hubo incentivo para construir capacidad letal convencional», asegura hablando de los países vecinos.

Según él, el 90% del arsenal militar mexicano fue comprado a Estados Unidos. Y Washington, asegura, siempre ha tenido una opinión sobre lo que debe o no tener su vecino del sur.

David Saucedo, un consultor en seguridad, añade: «Históricamente los distintos gobiernos quisieron tener un ejército débil para no repetir las historias de golpes de Estado del resto de América Latina».

«Siempre hubo, todavía la hay, una política de, por un lado, respaldarlos; y por el otro, acotarlos».

Pero tener una letalidad convencional limitada no ha impedido que el ejército tenga un espacio central en la vida social y política mexicana: es la institución con mejor aceptación en encuestas, pertenecer a la Marina es uno de los logros más deseados entre padres y madres; y en la calle, todos los días, se ven organilleros con traje militar que, entre admiración, hacen gala del canto patriotero.

Como tantas cosas en este país, mucho de este simbolismo se remonta a la Revolución, el proceso de guerras entre 1910 y 1917 que luego, en los 1920 y 1930, fundó al México moderno bajo las premisas del nacionalismo, la libertad y la justicia social.

«El ejército que se fue conformando a la par que el Estado moderno en las décadas siguientes (a la Revolución) no tuvo como motivación la defensa, sino más bien el control político y la consolidación del régimen que estuvo en el poder por 70 años», dice Erubiel Tirado, un abogado que dedicó su carrera académica al tema.

Desde entonces, con momentos de más y menos presencia, los mexicanos se acostumbraron a algo inusual en otros países: que los militares, como la policía, hagan tareas de seguridad ciudadana.

En un siglo surgieron nuevas unidades y reformas, las mujeres ganaron protagonismo y los derechos humanos —aunque se violaron durante la persecución al comunismo de mediados de siglo y durante la guerra contra el narco— entraron a la lista de principios institucionales.

Pero los manuales de 1930 se siguen estudiando porque, dicen, los principios de la nación se mantienen. Mucho del legado revolucionario está vigente, así como esa tensión entre la letalidad limitada y el protagonismo sociopolítico.

Joel Trujillo, un antropólogo que ha estudiado a las Fuerzas Armadas a través de entrevistas con militares, propone una expresión cantinflesca para entender al ejército: «No es ni nuevo ni viejo, sino todo lo contrario. Es las dos cosas, anacrónico y moderno, y ninguna a la vez».

Luego explica: «Tienes al menos dos ejércitos; unos soldados poco profesionalizados, formados en 120 días, que dicen que ‘se quedaron en el piedróico’; y otro de militares de jerarquía, formados en colegios top, viajados, que se profesionalizan diariamente, que usan manuales editados el año pasado, influenciados por europeos».

En el ejército mexicano hay una desigualdad tan cruda y tan grande como la que hay en la sociedad.

Las violaciones a los derechos humanos, según la mayoría de expertos, se explican más por el desgaste de la tropa que por maldad o corrupción, que la hay.

Los oficiales mexicanos tienen la costumbre de ponerse pasamontañas, de taparse la cara, cuando patrullan las calles. Lo que parece una medida intimidatoria es, en realidad, según declaraciones de oficiales por diferentes casos, una forma de protegerse ante la amenaza del narco, que los puede identificar y perseguir individualmente.

Entonces: ¿está este ejército mexicano —ni viejo ni nuevo, ni fuerte ni débil— en condición de librar una nueva guerra contra el narco?

En 2006 el presidente Felipe Calderón, en alianza con Estados Unidos, ordenó la versión más agresiva de la lucha contra el narco. Se lanzó un despliegue en Michoacán, uno de los estados más afectados. Se aumentó el gasto en Defensa. Se compraron aeronaves Hércules, helicópteros Cougar, equipo de espionaje y vehículos blindados —aunque no cazas supersónicos ni tanques.

Se militarizó aún más la seguridad ciudadana, y el resultado fue un aumento de los homicidios del 200%, una crisis de derechos humanos, el surgimiento de grupos paramilitares, corrupción y la fragmentación de los carteles, promoviendo luchas internas.

«Los militares pusieron la cara y también pusieron los muertos, mientras la clase política, donde siempre estuvo el problema, evadió cualquier reforma o investigación», dice Benítez-Manaut.

Andrés Manuel López Obrador, AMLO, llegó al poder en 2018 con una receta distinta: mientras se resuelven las causas de la violencia, como la pobreza o la exclusión, planteó negociar con los carteles para evitar la violencia, bajo la idea pragmática de que su existencia es irreversible. Llamó la política «abrazos, no balazos».

Y el resultado fue más o menos el mismo de antes: los homicidios siguieron aumentando y los carteles se expandieron, diversificaron y fortalecieron.

Con AMLO, los militares pasaron a gestionar grandes obras de infraestructura del Estado, como la construcción y gestión de aeropuertos, carreteras y puertos, para aprovechar su disciplina y capacidad organizativa.

En 2024, el gasto militar aumentó 39%, pero la mayor parte de esos recursos, en palabras de Saucedo, «no fueron para armarse ni reclutar, sino para infraestructura».

Ese mismo año llegó al poder Claudia Sheinbaum, aliada de AMLO, y en enero de 2025 llegó Donald Trump con el objetivo ávido de presionar a México en todos los frentes: migración, drogas, seguridad, comercio.

Sheinbaum, aunque dice mantener el principio obradorista de «atender las causas de la violencia», le dio una vuelta a la estrategia: nombró al expolicía Omar García Harfuch al frente de la Seguridad, empoderó a la Guardia Nacional —una polémica policía militar creada por AMLO— y apostó fuerte por la inteligencia —la misma que, con ayuda de EE.UU., permitió la baja de «El Mencho».

Se espera que entre 2026 y 2027, por primera vez en siete años, aumente el presupuesto para equipamiento militar.

Pero los expertos consultados mantienen el escepticismo.

Erubiel Tirado, por ejemplo, dice que para acabar con la violencia se debe reformar, también, a los militares: «En los 90 (con la transición hacia una democracia multipartidista) hubo reformas en todos los ámbitos, pero no en lo militar; antes estaban al servicio de la agenda presidencial, pero ahora quedaron al servicio de poderes políticos locales».

Y añade: «No le rinden cuentas a nadie, mantuvieron los privilegios de siempre y nunca se profesionalizaron las secciones policiales o de investigación».

«Llevamos 25 años viéndolos como la solución al crimen organizado, cuando en realidad son parte del problema», concluye Tirado.

Benítez-Manaut, por su parte, opina: «Más que falta de fuerza, el ejército tiene un déficit de inteligencia civil, judicial y financiera para seguir sistemas de corrupción, de lavado, de informalidad».

«Sheinbaum ha hecho cosas en ese sentido, pero todavía no toca la estructura más básica, la narcopolítica, y sin romper esa alianza la guerra contra las drogas está condenada al fracaso».

México no tiene ejército para la guerra porque México no sufre amenazas de guerra. Pero la guerra contra las drogas volvió, y alguien tendrá que librarla.

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