El acuerdo de asociación UE-Israel, de nuevo en el punto de mira: qué se juega Netanyahu | elperiodico.com
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) discutirán este martes, a petición de España, Irlanda y Eslovenia, la posible suspensión del acuerdo de asociación con Israel, un tratado que sienta las bases de las relaciones políticas y económicas del país con el bloque, en respuesta a las sistemáticas violaciones del derecho internacional por parte del Gobierno de Binyamín Netanyahu.
«La UE debería atender la propuesta de romper el acuerdo de asociación con Israel», ha dicho el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, durante una entrevista en Radio Nacional Española este lunes. Albares ha insistido «ningún país de la UE, ninguno, puede aceptar violaciones del derecho internacional, una conculcación de los derechos humanos de este nivel». Además, la pasada semana, una iniciativa ciudadana que exige también la suspensión del acuerdo alcanzó el millón de firmas en toda la UE.
El Acuerdo de Asociación UE-Israel es un tratado que sienta las bases legales de la cooperación política y económica entre el país y el bloque. Firmado en noviembre de 1995 y en vigor desde el año 2000, se traduce en un plan de acción que identifica áreas de trabajo y proyectos concretos. El último en enero de 2025 y está pendiente de ser renovado.
El artículo 2 establece que tanto la relación entre las partes como las disposiciones del mismo «se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que orientan su política interior e internacional». Ese respeto constituye «un elemento esencial del presente acuerdo». Diecisiete países reclamaron a la Comisión Europea hace casi un año para evaluar si Israel respetaba esa disposición.
La revisión del Ejecutivo comunitario determinó que las acciones de Israel en Gaza violaban ese principio. «Sobre la base de las evaluaciones realizadas por las instituciones internacionales independientes», decía la evaluación que concluyó en junio pasado, «existen indicios de que Israel estaría incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del artículo 2 del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel».
Parte de ese acuerdo es un tratado de libre comercio que regula los intercambios entre la UE e Israel. El texto impone una restricción a las importaciones de productos que provengan de territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. Esos productos no pueden beneficiarse de las condiciones preferenciales que introduce el acuerdo.
Desde 2010, además, Israel y la UE pactaron facilitar el acceso a ambos mercados para los productos agroalimentarios, y en 2013, establecieron normas para el reconocimiento mutuo de los sistemas de certificación de productos farmacéuticos. El flujo comercial entre la UE e Israel se ha ido incrementando progresivamente en los últimos 10 años, y apenas se vio afectado por la ofensiva del Ejército de Benjamin Netanyahu en Gaza.
En 2024, el comercio de bienes entre ambos llegó a los 42.600 millones de euros, según cifras de la Comisión Europea. En servicios, con cifras de 2023, ese intercambio alcanzó los 25.600 millones. Pero además, Israel recibe unos 1.800 millones de euros en fondos europeos como parte de la política de vecindad del bloque. De hecho, Israel es parte también del programa de intercambios Erasmus, y de investigación de Horizonte 2020.
Porque más allá de lo económico, el acuerdo de asociación también habla de «fomentar el entendimiento mutuo», «reforzar la seguridad regional» y contribuir a identificar áreas de colaboración nuevas. El texto sienta las bases de la cooperación entre Israel y el bloque en aspectos como la lucha contra el cambio climático, la migración o el transporte, pero también la justicia o la seguridad.
Ese texto incluye de hecho también una llamada a la lucha contra el racismo «incluida la islamofobia» o «la protección de las minorías». En lo relativo al conflicto abierto con Palestina, el acuerdo incide en «el derecho de Israel a la autodefensa», pero también hace referencia a «la importancia de la adhesión al derecho internacional» o de «minimizar el impacto de las medidas de seguridad y antiterroristas en la población civil». Llama además a «seguir mejorando el acceso» a la ayuda humanitaria.
En junio de 2025, un informe de la Comisión Europea determinó que había «indicios» de que Israel estuviera violando el derecho internacional y los derechos humanos con sus operaciones militares en Gaza. Entonces, se habían superado los 55.000 muertos y 130.000 heridos y pesaba sobre Netanyahu, desde hacía meses, una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Un mes después, Bruselas propuso una suspensión parcial de la participación de Israel en el programa Horizonte 2020. Una medida cuyo impacto era limitadísimo, prácticamente simbólica, que sin embargo no contó con el respaldo de la mayoría de gobiernos europeos, haciendo imposible aprobarla.
El bloqueo a la ayuda humanitaria por parte de Israel que provocó una gravísima hambruna en la Franja y las operaciones del Ejército en la ciudad de Gaza hicieron que en septiembre, la Comisión diera un paso más. Esta vez, propuso imponer sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, por alentar la violencia contra los palestinos. Una decisión que requiere una unanimidad que no existe.
Bruselas planteó además suspender las ventajas arancelarias de las que disfrutan los productos israelíes en el marco del acuerdo de asociación. Esto no suponía acabar con las relaciones comerciales entre ambos, sino simplemente hacerlas más caras. Según la propia Comisión, las medidas afectaban solo a un 37% del comercio, por valor de unos 5.800 millones de euros.
Desde entonces, se ha logrado un frágil alto el fuego en Gaza, aunque sistemáticamente violado. Sin embargo, la situación humanitaria sigue siendo desastrosa en la Franja; la violencia en Cisjordania ha aumentado significativamente; Israel ha aprobado la pena de muerte solo para los palestinos que asesinen a israelíes en los territorios ocupados; y el Ejército israelí ha invadido el sur de Líbano.
«La UE ha sido muy clara en su declaración contra la pena de muerte. También ha sido muy clara respecto a la actividad de los asentamientos en Cisjordania. Y, por supuesto, los mensajes reiterados sobre la situación en Gaza siguen vigentes», aseguró una alta fuente comunitaria. La misma fuente reiteró que todas las opciones «están sobre la mesa».
«La alta representante está dispuesta a poner los instrumentos que tenemos sobre la mesa«, dijo. Sin embargo, también reconoció que cuánto pueda avanzarse el martes dependerá en gran medida de la postura de los ministros. Y aunque buena parte de los gobiernos comunitarios han sido muy críticos con Israel, no está claro que haya mayoría.
Lo mínimo que reclaman España, Irlanda y Eslovenia es suspender las relaciones comerciales con Israel. Tomar esta decisión, cuyo peso económico y político sería importantísimo, solo requiere una mayoría cualificada. Es decir, que al menos 15 de los 27, que representen un 65% de la población del bloque, voten a favor.
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En la sección: El Periódico – internacional
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