Puente ‘se olvida’ de licitar obras con inversión privada: ni un proyecto en tres años

En su discurso de toma de posesión en noviembre de 2023, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, resaltó la importancia de lo público en el desarrollo de infraestructuras en España y obvió el papel de las empresas privadas. Unos días después reculó: «Es un error imperdonable. Hablé de la importancia de lo público, pero la colaboración público-privada es esencial. Sin las empresas no vamos a poder desarrollar todo lo que queremos hacer en el Ministerio, así que quiero dejar claro que son aliadas imprescindibles en el devenir del transporte y las infraestructuras». Sin embargo, en estos casi tres años, la inversión privada mediante sistemas de concesión para promover infraestructuras ha sido inexistente en el Ministerio y muy acotado en el conjunto de los entes estatales. Una realidad que dista de lo que ocurría 15 años atrás, cuando la promoción de infraestructuras bajo modelos concesionales emergía como un recurso muy explotado por el Estado.

En 2025, el conjunto de las Administraciones sacó 19 concursos de concesión de obra, por un importe conjunto de 2.660,7 millones de euros. Este modelo implica la financiación de las obras por parte de constructoras y, eventualmente, fondos de inversión, a cambio del cobro de un canon durante el plazo de explotación (pagado por la Administración de turno). La cifra del último año multiplica por más de cuatro veces (+346%) los 595,7 millones que se licitaron en 2024 (87 contratos), pero está muy por debajo de los 5.511 millones de 2023, cuando se impulsó el Plan de Carreteras de Aragón, y a una distancia sideral de los 18.532 millones de 2010 -techo histórico-.

El impulso de 2025 vino propiciado en gran parte por el contrato para la rehabilitación y explotación del Palacio de Congresos de Madrid. Alcanza los 1.547,9 millones para los 40 años de gestión, si bien la inversión en obras apenas alcanza los 105 millones. Se trata de una iniciativa licitada a finales del último ejercicio por Turespaña, dependiente del Ministerio de Industria y propietario del complejo. En junio se presentarán las ofertas y se atisba una concurrencia limitada, con los consorcios formados por OHLA, Ifema y Serena Partners, por un lado, y FCC y Stoneweg, por otro, como interesados.

Desde 2011 el Estado no licitaba un volumen tan elevado. Entonces la cifra ascendió 4.813 millones distribuidos en ocho proyectos. En el sector inciden en que el concurso del Palacio de Congresos es sólo una excepción dentro de la estrategia del Gobierno de depositar los esfuerzos inversores en los Presupuestos del Estado y los fondos europeos. El Ministerio de Hacienda emerge como el principal obstáculo en los últimos años para el desarrollo de infraestructuras en régimen de concesión, con una ley de desindexación que hace muy difícil presentar proyectos atractivos, en términos de retorno de la inversión, para constructoras, bancos y fondos. Máxime porque los prismas globales con los que operan les permiten encontrar opciones más rentables en otros mercados, como EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia o Chile.

En los últimos 14 años, con gobiernos de todo signo (PP y PSOE) el Ministerio de Transportes ha enterrado la colaboración público-privada a pesar de que los Presupuestos cada vez se ven más restringidos por el mayor gasto social y en los últimos meses también en defensa. En el cajón se guardó el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras que, con una inversión de más de 5.000 millones, diseñó el ministro Íñigo de la Serna. Ni José Luis Ábalos, ni Raquel Sánchez ni Puente lo han desempolvado. El ministro actual diseñó el pasado año un plan para instalar 44 estaciones de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos en la red de carreteras estatal a través de concesiones. Su licitación estaba prevista para finales de 2025, pero aún no ha visto la luz.

A todo ello se suma que el Gobierno ha optado por la reversión de todas las autopistas de peaje y autovías de peaje en sombra una vez finalizan las concesiones. Una decisión que rompe con la colaboración de las empresas privadas y que conlleva costes adicionales crecientes al gasto público. Esta vía, replicada por gobiernos autonómicos del PP, confronta, además, con la relicitación que llevan a cabo multitud de países.

Con la excepción del Palacio de Congresos y alguna iniciativa de cuantía muy menor en los últimos años, el desarrollo de proyectos concesionales se circunscribe, y sin excesivas alegrías, a las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales (fundamentalmente Ayuntamientos). El año pasado, las Autonomías solo licitaron dos contratos por 45,6 millones, en 2024 diez por 269,9 millones y en 2023 tres por 3.285,6 millones, principalmente por el Plan de Carreteras de Aragón. Este programa sirve como base para otras regiones. Extremadura, Cantabria, Cataluña, Madrid, Valencia o Andalucía están promoviendo iniciativas en concesión. Los entes locales, por su parte, sacaron 16 concursos por 1.067,1 millones en 2025, muy por encima de los 293,6 millones de 2024 (76 contratos) pero por debajo de los 2.225,5 millones de 2023 (18).

Además, las condiciones regulatorias provocan que algunas de las licitaciones nunca lleguen a adjudicarse porque los retornos son insuficientes para las empresas. Así ocurrió hace tres años con la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, que preveía una inversión de 2.547 millones pero que finalmente tuvo que licitarse como un contrato de obras tras recibir una oferta condicionada. O este mismo año con el concurso para la construcción y explotación del Centro de Operaciones de La Elipa, en Madrid, el mayor proyecto de infraestructuras en régimen de concesión licitado en España (439,3 millones de euros). Aunque inicialmente despertó mucho interés, los números no encajaron y el proceso quedó desierto.

La ONE aprueba 33 iniciativas, pero solo 5 obras

La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, recibió 81 solicitudes por parte de las Administraciones Públicas en 2025 para la valoración de proyectos en régimen de concesión. No obstante, sólo se elaboraron y aprobaron 33 iniciativas con un valor agregado de 3.600,3 millones de euros. El resto fueron rechazadas o no avanzaron por el desistimiento de algunas Administraciones.

De las 33 concesiones, 29 son titularidad de Administraciones Locales, dos de Comunidades Autónomas y una del Estado. Del total, cinco son contratos de obra y 28 de servicios, con un predominio de los proyectos de equipamiento deportivo (11) y gestión de residuos (siete).

Los más de 3.600 millones licitados en 2025 más que duplican el importe registrado en 2024, cuando únicamente se evaluaron 11 concesiones por 312 millones. Nueve correspondieron a Administraciones Locales y dos a Comunidades Autónomas (ninguna, por tanto, del Estado).