La justicia de EE.UU pone en una encrucijada a la presidenta de México

Sheinbaum, de este modo, llega a una encrucijada, entre impulsar investigaciones contra el gobernador de Sinaloa Ruben Rocha y cumplir con la justicia de EE.UU, o bien, blindar al gobernador, cerrar filas con López Obrador y chocar con Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que el crimen organizado tiene nexos en la política mexicana.

La trama es aún más compleja si se considera, tal como señalan fuentes diplomáticas a ABC, que EE.UU podría intentar capturar a Rocha en territorio mexicano tal como sucedió el pasado enero con el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también ha sido acusado de supuestos nexos con el narco.

Este jueves, Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará el caso de las solicitudes de detención con fines de extradición contra funcionarios mexicanos, entre ellos, Rocha, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa, Juan de Dios. Todos ellos, además de ser cercanos a López Obrador, también cercanos a los hijos del expresidente.

«Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación, encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción», expresó la mandataria.

«Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político», agregó.

Reiteró que se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito, pero que no permitirán una intromisión o injerencia de un gobierno extranjero. «Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito», deslizó Sheinbaum.

El Gobierno de Donald Trump solicitó el 28 de abril (aunque hasta ayer miércoles no se difundió) la detención con fines de extradición de Rocha y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de su círculo cercano, quienes son requeridos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por dar protección al Cártel de Sinaloa para traficar drogas y armas.

Se trata del primer Gobernador en funciones en México acusado en Estados Unidos por estos delitos. Según el expediente presentado a la Corte de EE.UU. hace una semana (el 23 de abril), pero que hasta este miércoles fue difundido públicamente junto con la petición de detención y extradición, los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.

En particular, Washington acusa a Rocha de haberse reunido en junio de 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y conocidos en Sinaloa como Los Chapitos.