Conmoción en Ecuador: asesinaron a una activista polaca que investigaba los negocios familiares del presidente Daniel Noboa

Organizaciones sociales en Ecuador denunciaron que el crimen de la investigadora anticorrupción polaca Monika Silva Koniuszek tuvo como objetivo silenciar sus denuncias. La mujer, de 41 años, fue encontrada sin vida en su casa de Montañita, una conocida localidad costera ubicada en la provincia de Santa Elena, mientras llevaba adelante una auditoría sobre el conglomerado empresarial vinculado a la familia del mandatario Daniel Noboa.

Apenas 24 horas después del hallazgo, y adelantándose a los peritajes forenses, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, intentó instalar la teoría de una muerte voluntaria al asegurar ante la prensa: «Las pruebas necesarias para llegar a esa conclusión se encontraron en el lugar de los hechos«.

Sin embargo, el giro de la investigación llegó el viernes desde la morgue de Guayaquil. El informe definitivo de la autopsia echó por tierra la hipótesis oficialista al determinar que la verdadera causa del fallecimiento de la investigadora fue un fuerte impacto en el cráneo combinado con asfixia mecánica por estrangulamiento.

“Según los informes forenses, estamos seguros de que se trató de una muerte violenta; por lo tanto, la supuesta sugerencia de que fue un suicidio se desmorona”, expresó la abogada Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres.

Las denuncias por narcotráfico y delitos ambientales que rastreaba la activista polaca

Durante los últimos diez años, Koniuszek centró sus esfuerzos en exponer delitos ecológicos y desfalcos financieros a través de plataformas digitales, tendiendo puentes constantemente con la prensa local. Su fuerte arraigo por el país quedó plasmado en sus perfiles digitales, donde manifestó: «No hace falta haber nacido en Ecuador para amarlo y defender lo que es justo».

Esa valentía fue recordada por la autora británica y compañera de militancia Beth Pitts, de 47 años, quien destacó el aislamiento que solía enfrentar la investigadora en su labor: “A menudo era una voz solitaria que denunciaba pública y enérgicamente la corrupción y los delitos medioambientales cuando todos los demás tenían demasiado miedo para hablar”.

Ese mismo compromiso la llevó a poner la lupa sobre Noboa Trading, el gigante frutícola propiedad de la familia del mandatario de derecha, Daniel Noboa. De acuerdo con el testimonio de sus colegas, la investigadora se encontraba rastreando los expedientes vinculados a los decomisos de toneladas de cocaína ocultas en cargamentos de plátanos pertenecientes a dicha corporación: un avance que, según denunciaron, estaba siendo frenado de manera sistemática por altos mandos del Poder Judicial ecuatoriano.

Consciente del riesgo y de las trabas locales, poco antes de su muerte le confió a su círculo íntimo una última y crucial medida de protección: había asistido personalmente a la embajada de los Estados Unidos en Quito para poner a resguardo un expediente completo con todas sus pruebas y denuncias.

Amenazas de muerte y la conexión con el crimen del periodista Robinson del Pezo

En paralelo, de sus pesquisas corporativas, su labor fiscalizadora se extendía a la provincia de Santa Elena, donde seguía de cerca las denuncias que vinculaban a influyentes figuras de la política regional con una masiva red dedicada al tráfico ilegal de tierras.

Este entramado de denuncias multiplicó el peligro a su alrededor. Según relataron sus allegados, Silva Koniuszek enfrentaba una feroz persecución en los tribunales y amenazas de muerte directas, las cuales presuntamente provenían de las mismas cúpulas mafiosas que, en noviembre de 2025, ejecutaron al periodista y activista local Robinson del Pezo.