EEUU responde a la apertura económica cubana con nuevas sanciones | elperiodico.com
El ambicioso y tardío programa de reformas económicas anunciado por el Gobierno cubano para abrir su economía especialmente a capitales cubano-norteamericanos acaba de tener su contundente respuesta negativa de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, no rechazó explícitamente esas 176 medidas que buscan sacar a la isla de su profunda crisis sino que dio a conocer nuevas sanciones contra el conglomerado militar que controla buena parte de la actividad en la mayor de las Antillas. Los analistas no dudaron en señalar que las nuevas medidas relacionadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) son una manera de desaprobar su papel en cualquier tipo de transición económica. Para Rubio, Gaesa es una fuente de desvíos de recursos que benefician a la élite en desmedro de la sociedad.
El responsable de la diplomacia de Donald Trump aseguró que esa red manejada por las Fuerzas Armadas es «el principal vector» de financiamiento de «la subversión antiestadounidense y el espionaje», en vez de destinar ese dinero «a escuelas, plantas eléctricas y las necesidades básicas del pueblo cubano» Las primeras acciones contra GAESA provocaron el abandono de Cuba de inversionistas en el rubro turístico y también la minería. Ahora, Rubio llama a la banca internacional a «congelar de manera inmediata» todo tipo de vinculación con el conglomerado. Advirtió además que «cualquiera que proporcione servicios a estos entes sancionados se arriesga a ser sancionado a su vez».
La intervención de Rubio en X fue más allá de GAESA para recordar que las expectativas de Washington son especialmente del orden político: repliegue de los militares de los negocios y multipartidismo. Las reformas promovidas por el presidente Miguel Díaz-Canel son insuficientes en la medida que el Gobierno mantiene «su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano».
GAESA es apenas uno de los blancos de las acciones de Washington. Entre las otras entidades sancionadas se encuentran Almacenes Universales S.A. (AUSA), dedicada a servicios logísticos, almacenamiento y transporte en el puerto de Mariel, RAFIN S.A. y el Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), vinculadas con el grupo que controlan los militares, y dedicadas a las transacciones relacionadas con entidades extranjeras que operan dentro y fuera del territorio cubano. GeoMinera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero) han sido a la lista de las firmas sancionadas. «Todas estas entidades y personas aportan fondos, facilitan o se benefician de las actividades malignas del régimen».
Respuesta de La Habana
«Lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen», aseguró el ministro de Exteriores, Bruno Rodrígyez. «El Gobierno de EEUU, conducido por su deshonesto y mendaz Secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba, al ésta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida».
El paquete de reformas abarca el uso de la tierra, la banca, el turismo y las finanzas. Tiene, desde la óptica oficial, un doble cometido: de un lado es considerado un instrumento para salir de la crisis con un modelo de gestión parecido al de Vietnam, con fuerte presencia privada y a partir de un ajuste histórico en el área estatal. Esa hoja de ruta venía siendo reclamada por sectores del Partido Comunista desde hace décadas y nunca prosperaron. Pero, a la vez, la apertura trata de mostrarse como una oportunidad de inversiones a las empresas de Estados Unidos. Rubio parece no tener interés en que eso suceda por el momento.
Más presiones
EEUU decidió a su vez sancionar a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y en su momento el responsable de las negociaciones con la administración de Barak Obama que condujeron al histórico restablecimiento de vínculos diplomáticos en 2016.
El frente político es apenas uno de los que estrecha el cerco alrededor de Cuba. Por segunda vez, el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, se mostró favorable a que empresas expropiadas durante los primeros años de la ola de nacionalizaciones dispuesta por Fidel Castro puedan demandar en EEUU al Estado cubano. En este caso, la sentencia tiene que ver con una demanda de la petrolera ExxonMobil. Semanas atrás había fallado en la misma dirección frente a un reclamo de la firma que administraba los muelles del puerto de La Habana. El Supremo considera pertinente esas solicitudes en virtud de la llamada la Ley Helms-Burton, de 1996, que desconoce «la inmunidad soberana extranjera de las agencias e instrumentos cubanos» en cualquier litigio.
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En la sección: El Periódico – internacional
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