El fraude chavista no fue digital: fue la usurpación de identidades

Antes de entrar en materia, debo hablar de mí mismo. Si ya me conoces, puedes saltar al siguiente párrafo: me considero un experto en las elecciones de Venezuela, y no porque haya descargado los resultados de la página del CNE para armar tablas estadísticas desde la comodidad de un escritorio. Soy experto porque durante más de tres décadas participé activamente en el terreno como organizador de padrones electorales, coordinador de centros, jefe de logística, movilizador, veedor, miembro de mesa, testigo, operador de máquinas, seguridad para los testigos opositores y recolector de actas. Y todo esto lo hice en la parroquia Sucre del Municipio Libertador: Catia, el lugar donde nació el chavismo.

Durante más de treinta años me tocó ver de primera mano cómo, de forma sistemática y descarada, el PSUV ejecutó fraudes electorales. Sin embargo, el problema nunca radicó en una alteración algorítmica o un hackeo al software de las máquinas de votación. Las trampas que siempre habrían invalidado cualquier elección —incluidas todas las de Hugo Chávez— eran de tipo operativo. No se trataba de un virus informático modificando los datos en la red de transmisión, sino de una vulneración física del proceso en la mesa electoral, ejecutada con precisión por la militancia oficialista ante la ausencia de un control efectivo.

Las trampas de la falsa identidad

El oficialismo siempre realizó un control minucioso de quiénes votaban y quiénes no. Esta información les permitía, especialmente en las horas de baja afluencia o al final de la jornada, movilizar a personas de otros centros para que votaran en el lugar de los ausentes. Daba igual si se trataba de un votante fallecido, de alguien que había emigrado, de un abstencionista crónico o de un elector reubicado forzosamente; para todos ellos, el PSUV siempre contó con programas de cedulación exprés o, sencillamente, con la complicidad de los miembros de mesa. Así simulaban la identidad del elector, validaban la máquina con una acreditación falsa y procedían a firmar y estampar la huella en el cuaderno de votación en lugar de la persona real. La máquina registraba el voto de manera electrónica, sí, pero porque el sistema técnico fue alimentado con una identidad usurpada en el mundo real.

El problema de los testigos

Este abuso no ha sido responsabilidad exclusiva del PSUV. La deficiente preparación de la estructura de testigos opositores, condicionados históricamente a permanecer simplemente sentados todo el día, facilitó estos fraudes masivos en los centros de votación. Debido a la permanente escasez de personal y a la urgencia del momento, a los testigos se les suele instruir únicamente sobre los aspectos básicos: cómo instalar la mesa, cómo fluye el proceso y cómo evitar el voto asistido masivo. Pero la gran mayoría de los partidos políticos y las innumerables ONG que se presentan como la vanguardia de la veeduría electoral venezolana han fallado en diseñar talleres metodológicos que expliquen cómo se perpetra, en la dinámica real y bajo presión del aula de votación, la usurpación de identidad.

Un centro destruye el trabajo de muchos

La usurpación de identidad no es un delito menor. Pongamos un ejemplo matemático: imaginemos una elección distribuida en 11 centros de votación. En 10 de ellos, tras una gran campaña, la oposición logra ganar con una ventaja de 10 votos en cada uno; es decir, acumula una ventaja total de 100 votos. Sin embargo, en el centro número 11 no hay testigos opositores —ya sea porque no se cubrió la vacante o porque el oficialismo los expulsó—. En ese único centro abandonado, el PSUV aprovecha la ausencia total de fiscalización para adjudicarse 300 votos mediante la suplantación masiva en los cuadernos. El resultado final de la muestra es que el oficialismo gana la elección por 200 votos de ventaja. Esta metodología fue el estándar de oro en los grandes centros urbanos y populares del país, donde el régimen necesitaba simular una normalidad democrática que no existía en las actas físicas.

El desfase de la veeduría y los partidos

Es necesario ser francos con respecto a las organizaciones especializadas en seguridad electoral: a lo largo de mi trayectoria electoral en los sectores más complejos, la gran mayoría de estas ONG han operado desde un enfoque eminentemente teórico, desconociendo la verdadera dinámica del campo de votación. Incluso organizaciones de larga trayectoria, a las que se suele citar como referentes técnicos de la oposición, han enfocado sus esfuerzos en la superficie del problema.

Para superar este desfase en la percepción de la realidad que arrastramos desde los tiempos de Chávez, es fundamental señalar que limitarse a dictar cursos sobre la “herradura electoral” o diseñar plataformas para que jóvenes voluntarios reporten incidencias menores por mensajería de texto resulta insuficiente. Muchas de estas organizaciones, al recibir financiamiento internacional y de partidos bajo dinámicas burocráticas, prefirieron abrazar la narrativa simplista de que el fraude era puramente electrónico. Al disociarse de la verdadera causa operativa del problema, obstruyeron durante años el diseño de soluciones reales.

La solución estuvo siempre a la mano

El fraude operativo siempre se pudo contener con testigos altamente entrenados, pero la realidad es que nunca ha habido suficientes para cubrir la totalidad del territorio. No basta con postular a un principal por mesa; se requiere un despliegue logístico que incluya suplentes capaces de cubrir los relevos de comida o baño para evitar que la mesa quede desatendida un solo minuto. Se necesitan coordinadores de centro formados con el carácter necesario para enfrentar las arbitrariedades de los funcionarios del CNE o del PSUV que pretenden actuar como directores del proceso, cuando legalmente su rol debería ser estrictamente institucional. En condiciones de profunda injusticia y desequilibrio, la defensa del voto requiere una estructura masiva y audaz, algo que sin una asignación transparente y eficiente de recursos se vuelve una tarea titánica.

Por desgracia, en la dinámica de las coaliciones unitarias, la asignación de la responsabilidad de coordinar ciertos centros electorales a veces se ha manejado bajo lógicas clientelares, donde el control de los fondos para alimentación y logística adquiere más peso que la rigurosidad técnica. Cuando se prioriza el beneficio logístico interno de los partidos por encima de la eficiencia de la veeduría en la mesa, la defensa real del voto pasa inevitablemente a un segundo plano.

El veredicto de los cuadernos

En resumen: el fraude electoral en Venezuela ha existido de manera masiva y sistemática. Desde los procesos impulsados por Hugo Chávez hasta las jornadas más recientes —donde la recolección y digitalización heroica de actas físicas por parte de la ciudadanía ha sido la clave para demostrar la verdad—, la voluntad popular ha estado sometida a un ventajismo institucionalizado que abarca el voto asistido, la coacción económica y la violencia.

Si algún día se pudiesen auditar de forma científica y forense los cuadernos de votación, las firmas y las huellas dactilares de los procesos históricos —como la aprobación de la Constitución de 1999 o aquella elección que le arrebató la victoria a Henrique Capriles frente a Chávez—, el mito de la legitimidad chavista se caería por completo. Se verificaría que decenas de miles de huellas corresponden a personas distintas o que las firmas fueron burdamente inventadas para rellenar los espacios de los ausentes.

Una auditoría de esa magnitud implicaría una responsabilidad penal directa para los miembros de mesa que se prestaron al juego, los coordinadores del CNE que facilitaron el delito y los rectores que han validado el sistema. Si la justicia operara con retroactividad, figuras históricas del arbitraje electoral venezolano tendrían que enfrentar condenas equivalentes a siglos de cárcel por haber sepultado la soberanía popular en los cuadernos de votación.