La administración de Donald Trump solicitó una investigación formal sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Noelia Castillo, joven española que accedió al derecho a morir bajo la legislación vigente en su país.
Según reveló el diario New York Post, funcionarios estadounidenses manifestaron preocupación por lo que calificaron como «numerosos fallos en materia de derechos humanos».
El Departamento de Estado instruyó a la Embajada de Estados Unidos en Madrid para obtener detalles técnicos y legales sobre las decisiones que permitieron ejecutar el procedimiento la semana pasada en Barcelona.
La indagatoria de Washington se centró en la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal.
Fuentes bajo anonimato citadas por la prensa neoyorquina indicaron que Castillo mostró señales de duda durante el proceso, las cuales habrían sido ignoradas por las autoridades sanitarias.
Esta premisa generó inquietud en el gobierno estadounidense respecto a la eficacia del sistema de protección para personas vulnerables, especialmente en pacientes con movilidad limitada y antecedentes de trauma por agresiones sexuales.
Noelia Castillo falleció a los 25 años en Sant Pere de Ribes tras un periplo judicial de 18 meses. Afectada por una paraplejia y dolores crónicos constantes, su solicitud recibió el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña en julio de 2024.
Los tribunales españoles, incluido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, concluyeron que la joven mantuvo su capacidad cognitiva y una decisión firme desde abril del año pasado, desestimando los recursos que intentaron paralizar la muerte asistida.
Muerte de Noelia Castillo: reacciones y posturas enfrentadas
El caso trascendió la esfera médica para instalarse en el debate político y legal. José María Fernández, presidente de la Fundación Abogados Cristianos, calificó el desenlace como un «fracaso del sistema sanitario» y lamentó que no se produjera un cambio de opinión de último momento.
La organización mantuvo una batalla legal intensa para frenar la eutanasia, bajo el argumento de que existían alternativas terapéuticas no exploradas.
Según lo recogido por EFE, la intervención del Departamento de Estado representó un hito en la supervisión de políticas internas europeas por parte de la administración Trump.
Mientras las autoridades catalanas defendieron el cumplimiento estricto de todos los preceptos de la ley de eutanasia, el cuestionamiento desde Washington sugirió una nueva fase de presión diplomática sobre las legislaciones de derechos civiles en España
La recolección de pruebas por parte de la embajada estadounidense buscó determinar si el Estado español garantizó los derechos fundamentales de Castillo o si el proceso incurrió en negligencias sistémicas.
