La feria de las inconsecuencias

El nuevo momento político creado por la intervención militar de Estados Unidos ha puesto de bulto una serie de inconsecuencias protagonizadas por algunos actores de la política nacional. Actos y actitudes que disminuyen -aún más- la reputación y el prestigio de los mismos en el seno de la sociedad. 

El primero y principal inconsecuente es el régimen, que llegó al poder ofreciéndole a los venezolanos una revolución cuyos objetivos eran: libertad y democracia participativa, acabar con la corrupción administrativa, justicia social, combate a la pobreza, prosperidad económica, la recuperación y defensa de la soberanía nacional. En definitiva, una vida digna y mejor –sobre todo para los más débiles y preteridos–. Ya sabemos que ocurrió todo lo contrario: el país está bajo una dictadura y experimenta una crisis humanitaria compleja, y en consecuencia la emigración de casi 25% de la población. No conforme con ello, abortaron con el fraude de julio de 2024 las posibilidades de una solución nacional, pacífica e institucional a la crisis sistémica que padece el país. Con lo cual crearon las condiciones objetivas y subjetivas para lo ocurrido a comienzos de enero.

Sucesos que han devenido en la conversión de Venezuela en un protectorado de Estados Unidos y que suponen la remisión de los últimos vestigios de soberanía nacional que no estaban comprometidos por la indebida injerencia en los asuntos internos –competencia exclusiva del Estado venezolano– por parte de otros Estados y de actores no estatales (algunos de ellos vinculados a la delincuencia internacional) patrocinados y estimulados por el régimen chavista para que fungieran como escudo protector contra las potenciales acciones de quien, precisamente, ha resultado ser el actor político dominante en el nuevo statu quo.

Los dragoneantes antiyanquis hasta el 2 de enero han devenido en obsecuentes servidores del imperialismo y tratan de instalar en el disminuido chavismo (hoy desmoralizado y confundido) la narrativa de que todo esto es un movimiento estratégico para preservar el proyecto cuando en realidad es la clausura del mismo, que ha arriado todas sus banderas y cuya cúpula solo pretende conservar el poder para su usufructo particular.

El segundo, es la FAN, la cual todavía le debe al país una explicación completa y creíble de su desempeño antes, durante y después del 3 de enero. De antes, sin ir muy atrás, sobre por qué su Alto Mando convalidó la insensata provocación a Estados Unidos, por qué no pudo intuir lo que realmente terminó pasando, o quizás, como especulan algunos: lo sabían y lo permitieron porque estaban en el acuerdo promovido por lobistas del mundo petrolero para defenestrar a Maduro –exclusivamente– y de este modo preservar sus privilegios corporativos. Sobre el durante: por qué resultó fallida su aseveración de que disponían de la voluntad, medios y preparación para repeler cualquier acción militar contraria –que vista la situación solo podría provenir de Estados Unidos–. El resultado de estos dislates e inconsecuencias es que su rol como institución del Estado está seriamente cuestionado. La FAN ha devenido en una suerte de Gendarmería. Siendo justos hay que reconocer que desde que se alineó políticamente con el proyecto chavista y se asumió como antiimperialista ha oficiado como garante interno del continuismo haciendo dejación de las competencias que le asigna la Constitución. Algunas malas lenguas –no me incluyo en ellas– aseveran que funcionó como una suerte de fuerza de ocupación.

En todo caso, no basta con los cambios de nombres en el Alto Mando o en las demás posiciones jerárquicas para que la FAN vuelva a desempeñar el rol que le asigna la Constitución y recupere la estima en la sociedad.

Por último, y desconcierta registrarlo, actores del mundo democrático –aunque con baja audiencia en la ciudadanía– parecen sentirse cómodos con el interinato, no cuestionan sus objetivos –nada velados– de que su vigencia sea sine die, y tampoco favorecen adelantar el proceso de apertura política y reinstauración efectiva y plena de los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía; condiciones indispensables de materializar para que se inicie una verdadera transición hacía la gobernanza democrática del Estado.