Grupo antiabortista apunta a las mujeres en la frontera México-EEUU

Michelle Araiza, la actual directora del centro, afirma que cada mes reciben entre 17 y 20 clientas, todas ellas embarazadas. Además de las mujeres que se ponen en contacto con Vifac por su cuenta, normalmente a través de WhatsApp o su página de Facebook, el centro recibe a adolescentes consideradas vulnerables, mujeres inmigrantes y víctimas de violación.

Algunas permanecen en el centro hasta que dan a luz; otras «reciben orientaciones sobre prevención del embarazo y educación sexual», dijo.

Según Araiza, sus clientas reciben «asistencia integral», que incluye asesoramiento espiritual. Los médicos y psicólogos son voluntarios, formados por «un psicólogo licenciado de España», dijo.

Ofrecen servicios que en otras organizaciones sociales podrían considerarse inusuales (como la psicoterapia). Araiza cree que «un psicólogo verdaderamente humano» debe «prestar atención a los sentimientos de las personas en su día a día y tener en cuenta cómo repercuten esas emociones en sus interacciones».

Algunas clientas son derivadas a Vifac por instituciones públicas, según Araiza. La directora aseguró que la fiscalía del estado remite a mujeres que han sido agredidas sexualmente, mientras que las adolescentes embarazadas que se encuentran bajo amparo del sistema de bienestar infantil son enviadas a Vifac «cuando quieren continuar con su embarazo».

La Secretaría de Salud de Chihuahua firmó un acuerdo en 2020 para derivar a Vifac a cualquier «mujer embarazada vulnerable» identificada por el sistema público de salud, y le concedió una financiación de 150.000 pesos mexicanos (unos 8700 dólares).

Otras autoridades estatales han firmado acuerdos similares con Vifac, como la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León y el Instituto de Salud Pública de Aguascalientes (ambos en 2021). El Sistema de Desarrollo e Inclusión Social de Jalisco financió los centros locales de Vifac con 2,8 millones de pesos mexicanos (alrededor de 157 000 dólares) entre 2007 y 2011 y entre 2016 y 2019, según el medio mexicano Zona Docs.

Araiza dijo que cuando las clientas preguntan por «opciones de interrupción del embarazo», Vifac las deriva al Instituto Municipal de la Mujer (IMM), el organismo gubernamental responsable de proteger los derechos de las mujeres y las niñas.

El IMM de Juárez no respondió a nuestras preguntas sobre estas derivaciones, pero una empleada, que pidió no revelar su nombre, del IMM nos dijo que el instituto no tenía registros de mujeres derivadas por Vifac al menos desde 2017.

En México, las adopciones solo pueden ser tramitadas por el sistema federal de bienestar familiar e infantil DIF; no se permite que otras organizaciones desempeñen un papel en el proceso de adopción.

Sin embargo, hay múltiples testimonios de personal de Vifac que ofrece la adopción a mujeres con embarazos no deseados. La organización mantiene una lista de padres adoptivos preaprobados, y casados por la iglesia, según el personal con el que hablamos.

Las oficinas locales del DIF en Chihuahua, Nuevo León y Sonora no respondieron a nuestras solicitudes de entrevistas.

Acoso telefónico

Ana (nombre ficticio) necesitó un aborto en Ciudad Juárez en 2019, cuando tenía 24 años. Ya era madre, y ella y su esposo habían decidido que no querían más hijos. Mientras buscaba en línea, se encontró con un anuncio de Facebook que decía: «No estás sola. Podemos ayudarte». Escribió a la página y recibió una respuesta de Vifac en Juárez en el que le decían que ofrecían ayuda a mujeres embarazadas.

Ana les dio su número de teléfono y alguien de Vifac se puso en contacto con ella por WhatsApp. Pero esta persona no decía con claridad qué ayuda podían ofrecer a las mujeres con embarazos inesperados. «Me dijeron que nos iban a ayudar y que no tuviera miedo. Dijeron que entendían mi situación y que todo iba a salir bien, pero no me dijeron cómo abortar», cuenta Ana.

Un miembro de Vifac le pidió que se reunieran en un centro comercial de la ciudad, pero Ana desconfió y decidió no ir. En cambio, se puso en contacto con otra organización, un colectivo feminista de Mérida, en el sur de México, que la ayudó a abortar cuando estaba embarazada de 11 semanas.

Sin embargo, el personal de Vifac siguió llamándola durante cinco meses, expresando “su preocupación” por ella. A Ana le preocupaba haberles dado demasiada información personal.

«Ya era madre y tenía un bebé en brazos. Tomar la decisión fue difícil. Pasar por el procedimiento fue difícil, y luego tener que seguir recibiendo esas llamadas. Quería decirles: ‘¿Cómo quieres ayudarme? Ayúdame a cuidar de mi hijo mientras descanso, eso sí que es ayuda’», declaró.

Cuando le comentamos estas informaciones y le solicitamos una entrevista, Teresa Eguiluz, directora de comunicación de Vifac México, contestó: «Lamentamos informarle que no encontramos sustento, evidencia sólida y datos duros que respalden los hallazgos presentados por usted”.

«En Vifac estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en nuestras actividades y programas. Nuestro objetivo es restablecer los derechos humanos y sociales de las mujeres embarazadas en situación difícil o vulnerable y ofrecerles alternativas para su desarrollo y el de sus hijos”, agregó.

Cuando openDemocracy proporcionó más detalles de las acusaciones, Eguiluz no respondió.

La directora de Vifac en Chihuahua, Michelle Araiza, tampoco respondió a una nueva ronda de preguntas.

Tácticas antiabortistas y lucha feminista

Los centros de Vifac parecen operar de forma similar a los ‘centros de embarazos en crisis’ (CPC,  en inglés) de Estados Unidos y otros países, cuyo objetivo principal es disuadir a las mujeres con embarazos no deseados de abortar.

En 2020, una investigación de openDemocracy reveló cómo organizaciones religiosas de la derecha cristiana de Estados Unidos coordinan e inspiran a centros dedicados a desinformar a las mujeres en 18 países del mundo, incluido México.

Uno de los actores clave es la organización cristiana conservadora Heartbeat International, con sede en Ohio. Decenas de CPC en todo México figuran en el directorio de Heartbeat, al menos 20 de ellos en ciudades fronterizas, de los cuales cuatro pertenecen a Vifac y se encuentran bajo su dirección.

Al ser preguntado por sus conexiones con Vifac y las acusaciones presentadas en nuestra investigación, el presidente de Heartbeat, Jor-El Godsey, declaró: «Avalamos y apoyamos las iniciativas de apoyo al embarazo que dan prioridad a la afirmación de la vida, como los servicios que ofrece Vifac. Estos programas pretenden ofrecer a las mujeres alternativas viables al aborto».

Estas supuestas clínicas “provida” actúan “con el pretexto de promover los derechos reproductivos, pero utilizan tácticas poco éticas para disuadir a las mujeres de abortar», afirmó Cardona, del grupo Necesito Abortar de Monterrey, capital de Nuevo Léon.

Otras organizaciones despliegan diversas estrategias para impedir que las mujeres accedan a servicios de aborto, desde presionar para que se promulguen leyes restrictivas del aborto hasta protestar y hacer piquetes en las clínicas que practican abortos.