«No viaje a Haití», dice EE. UU., a no ser que le deportemos

«No viaje a Haití«, advierte actualmente el Departamento de Estado de EE. UU. a sus ciudadanos, con una alerta roja de nivel 4 (el máximo), justificada por «los secuestros, la delincuencia, las actividades terroristas, los disturbios civiles y la limitada atención médica» en el país caribeño.

No obstante, la Corte Suprema estadounidense falló en junio a favor del Gobierno de Donald Trump, permitiendo la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de 350.000 ciudadanos haitianos que residían legalmente en el país y hoy corren riesgo directo de expulsión.

Estos se suman a los más de 200.000 haitianos afectados por la cancelación del parole humanitario en 2025. Ambos programas migratorios fueron aplicados y prorrogados tras un potente terremoto, huracanes, recurrentes brotes de cólera y continuas crisis humanitarias, políticas, económicas y de seguridad en Haití. 

¿Cómo viven los haitianos en Estados Unidos?

«Las comunidades haitianas en EE. UU. están en pánico», dice a DW Jocelyn McCalla, director ejecutivo de la Fundación Haitiano-Estadounidense para la Democracia. «Temen por el futuro bajo las políticas del Gobierno de Trump para librar a la nación de los inmigrantes negros y mestizos«. 

Cualquier familia haitiana en EE. UU. incluye ciudadanos, residentes permanentes legales, refugiados que buscan asilo y personas a quienes se les ha otorgado refugio temporal hasta la resolución judicial de sus casos, explica. «Casi todos son vulnerables a las políticas arbitrarias del actual Gobierno, que prioriza la detención masiva de personas para su deportación inmediata, independientemente de su estatus legal y los derechos que este les pueda conferir», asegura.

Son trabajadores esenciales en los sectores de salud, hostelería, servicios y agroindustria, especialmente en Florida, donde aportan 2.600 millones de dólares anuales, según un reciente informe de Human Rights Watch (HRW). Sin embargo, hoy intentan pasar desapercibidos, dejando incluso de generar ingresos, pues «los empleadores están confundidos» sobre la aplicación del fallo de la Corte Suprema a los permisos de trabajo, advierte McCalla.

¿Puede Haití absorber a miles de retornados?

«Haití no está en condiciones de recibir a los haitianos repatriados del extranjero, sean de Estados Unidos, República Dominicana, Bahamas o Islas Turcas y Caicos», insiste el veterano activista haitiano-estadounidense. Y las cifras de agencias humanitarias internacionales lo confirman: 1,5 millones de desplazados internos, más de la mitad de la población en «inseguridad alimentaria aguda», más de 8.200 asesinatos entre enero de 2025 y marzo de 2026, y grupos criminales en control del 90 por ciento de la capital, Puerto Príncipe.

«La consecuencia inmediata, como ha ocurrido con las deportaciones de más de 250.000 haitianos desde República Dominicana en los últimos dos años, es aumentar la carga económica y de la fuerza laboral del país», explica a DW Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo, del think tank Diálogo Interamericano. 

Para 2025, ilustra el experto, Haití contaba ya con una fuerza laboral de 5,3 millones de personas, engrosada por más de 100.000 deportados ese año. De ellos, el 47 por ciento eran mujeres y casi la totalidad sobrevivía gracias a la economía informal, con ingresos menores a 2.500 dólares anuales y una dependencia de remesas de alrededor de 5.000 millones de dólares, de los cuales más del 62 por ciento provino de EE. UU., según el Banco de la República de Haití (BRH).

En un país cuya economía decrece sistemáticamente, los deportados engrosan la cifra de quienes necesitan empleos que no existen, la presión sobre familias que ya tienen recursos limitados y la dependencia del envío de remesas por quienes aún viven en el exterior; así como la demanda de vivienda, alimentación, transporte, salud y otros servicios básicos ya colapsados. 

¿Puede la economía de Haití prescindir de las remesas?

«La deportación supone la pérdida de un importante sustento económico para las familias haitianas, que dependen parcialmente de las remesas para complementar sus ingresos», alerta McCalla. «La diáspora es crucial para sostener a las familias haitianas y evitar que se hundan aún más en la pobreza. Las remesas no son, lamentablemente, el motor del desarrollo económico», reconoce. Pero sí «mantienen viva la esperanza».

«En general, las remesas a Haití sostienen el día a día de lo básico de la economía, alimentación, salud, vivienda y, para los que pueden, educación. Hay que tener presente que, en Haití, el sistema educativo público es prácticamente inexistente, y el privado es bastante disfuncional y depende de donaciones o contribuciones limitadas», describe el experto en migración, remesas y desarrollo de Diálogo Interamericano.

El tema de las remesas, que deben ascender a un 17 por ciento del PIB de Haití en 2026, «no es solo una cuestión de volumen agregado, sino del número de hogares que reciben, que al 2025 son al menos 40 por ciento del total», precisa Orozco. Y resalta que «los haitianos en Estados Unidos sienten la presión de apoyar a sus familias en medio de la carestía económica del país y del temor a ser deportados, por lo que tratan de hacer un mayor esfuerzo».

¿Cuán alto es el riesgo de deportación? ¿Hay alternativas?

No obstante, aunque el temor a las expulsiones es real, la deportación inminente de haitianos depende de varios factores, entre ellos, la prioridad de sacar del país a personas que ya tienen orden de deportación. En el caso de Haití, teniendo en cuenta esas cifras, «el riesgo es menor que para otras nacionalidades», asegura el politólogo nicaragüense-estadounidense. Los migrantes con más órdenes de deportación emitidas provienen de países como Guatemala, Honduras, El Salvador o México, explica Orozco, aunque el TPS sigue en pie para los salvadoreños.

Como sea, el miedo y el riesgo de deportación para los haitianos beneficiarios del TPS son reales; y sus opciones, tan claras como limitadas: organizarse y sumar apoyos en la sociedad civil y el ámbito político para presionar a la administración Trump a revertir su decisión, negociar una moratoria de un año en la suspensión del TPS o un plan de visas laborales H2B y H2A, conseguir la mayoría suficiente en el Congreso para votar una nueva política, y promover inversiones y programas de desarrollo en Haití, enumeran los expertos.

Para promover nuevas políticas, Jocelyn McCalla invita a los inmigrantes de diversas nacionalidades a unirse, ya que también «muchos otros se enfrentan a la ira de la administración Trump». De lo contrario, prevé el director ejecutivo de la Fundación Haitiano-Estadounidense para la Democracia, quedaría la opción de vivir en la clandestinidad, o marcharse a países como Canadá o México, «donde aún puede haber cierta compasión por los inmigrantes haitianos».

(ms)