España aprieta los plazos de las reglas fiscales y apremia a la negociación política en octubre

Los Veintisiete países de la UE tratar de apretar los tiempos para llegar a un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales a finales de año. El encuentro informal de ministros de Economía y Finanzas ha servido de punto de encuentro para establecer una senda hacia este objetivo. Lo llaman el Camino de Santiago, una suerte de referencia a la trayectoria asentada en la reunión de este sábado en la capital gallega y que aprieta los tiempos para que España presente una propuesta de texto sobre la reforma y abrir un primer debate político en octubre.

Lo ha concretado así la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que destacó ante la prensa, a cierre del encuentro: «ha habido unanimidad en la necesidad de intensificar los trabajos en las próximas semanas». Se ha referido también a un «calendario ambicioso» de cara a trabajar «de manera constructiva para lograr un consenso de aquí a final de año».

España, en calidad de presidencia española de la UE en este segundo semestre de 2023, aprieta el paso para cumplir con los plazos planteados. Su objetivo, como ha reiterado, es tener un acuerdo sobre este tema a finales de año. Y, para ello, debe ponerse las pilas para que, en las tres reuniones restantes, se perfile un consenso sobre un tema tan polémico como sensible. Una reforma que segrega de nuevo entre norte y sur de la UE. Y todo ello con la cuenta atrás de la desactivación de la cláusula de escape, que durante y tras la pandemia suspendió la aplicación de las reglas fiscales hasta el arranque de 2024.

En su llegada al Ecofin en Santiago, la vicepresidenta primera aseguró que se había acordado «el 70% del texto y a los ministros vamos a plantearles pasar a la negociación política del 30%». Una negociación política que tratará de equilibrar la reducción sostenida de los ratios de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto (PIB), acomodando la inversión necesaria y los incentivos para reformas estructurales.

Lo ha bautizado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, como «Santiago’s way» o el «fiscal camino» (el camino de Santiago o el camino fiscal en inglés). Una metáfora con la que intenta reflejar la senda que se abre en este encuentro tras los diálogos iniciados por los titulares de Economía de los Veintisiete, que sentará las bases de la que será la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Unas conversaciones que, según explicó Calviño, se asientan en dos elementos: por un lado «encontrar el adecuado equilibrio entre unas sendas de reducción sostenida de deuda sobre el PIB que garanticen la sostenibilidad a largo plazo, pero protegiendo las inversiones europeas y los incentivos para las reformas necesarias».

El otro elemento al que se refirió la vicepresidenta es a la elaboración de planes y respuestas que se adapten a las especificidades de los países «garantizando reglas comunes» que protegen «la igualdad de trato». Dos principios ante los que, ha explicado Calviño, los países se han mostrado abiertos a pasar a la fase de negociación política y tratar de buscar el consenso.

El debate entre los titulares de Economía de la UE ha versado sobre las condiciones para alcanzar un acuerdo político. Los trabajos a nivel técnico tomaron velocidad a lo largo de los meses de verano para dar con una serie de puntos en común que sirvieran de acercamiento de posturas entre países a partir de octubre.

Lo cierto es que a España también le aprietan los plazos para cumplir con el calendario de cerrar la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento antes de final de año. Es así como para intentar acercar las posturas divergentes entre una Alemania que pelea por una cifra como senda de reducción numérica de la deuda, y una Francia reacia a tal corsé, el apoyo de los países se configura como crucial en esta negociación. Según fuentes diplomáticas, Dinamarca y Países Bajos estarían operando como punto de apoyo para ayudar a España como parte mediadora de la negociación.

Por lo pronto, la cita de ministros de Economía y Finanzas de la UE del próximo mes en Luxemburgo está llamada a intentar un acuerdo político. Para ello, la presidencia española de la UE prevé una reunión intermedia en Madrid a principios del próximo mes que se articule como engranaje para un aterrizaje político sobre la gobernanza económica.

En todo caso, las negociaciones entre los titulares de Economía tienen todos los números para continuar en el encuentro de noviembre, si bien fuentes diplomáticas apuntan que el Parlamento Europeo está preparado para empezar las negociaciones con la Comisión Europea y los países. Un paso del proceso legislativo que se conoce como trílogos.

En este sentido, el vicepresidente económico de la Comisión Europea ha instado a finalizar el proceso de la reforma de la gobernanza económica en la Eurocámara antes de las elecciones europeas en mayo del próximo año. Es cierto que el 2024 se articula como una suerte de periodo de transición hasta la aplicación de las reglas fiscales de forma completa, sin embargo, este otoño los países tendrán que presentar sus plantes presupuestarios a Bruselas y será el próximo año que se empiecen a abrir ya procedimientos de déficit excesivo, para aquellos que superen niveles del 3% sobre el PIB.

Fue en julio que España, en calidad de árbitro como presidencia rotatoria del Consejo de la UE, planteó un documento de trabajo para avanzar en la reforma de las reglas fiscales. Basado en cuatro puntos, el texto aborda la inclusión de salvaguardias comunes para garantizar una reducción suficiente de la deuda y evitar esfuerzos fiscales. Un guiño a Alemania, que ha demandado en los últimos meses que se establezca un objetivo de reducción común del 1% anual de la deuda.

El documento de trabajo plantea otros tres puntos adicionales: pide espacio fiscal para las inversiones necesarias, margen de maniobra para las instituciones europeas y fijar mecanismos de cumplimiento de los compromisos.