Cómo fue la guerra contra las drogas en Filipinas que causó el arresto de Rodrigo Duterte por la CPI (y qué tan efectiva fue)

Duterte fue arrestado este martes en Manila, tras la emisión de una orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad cometidos durante su presidencia.

Horas después de su detención fue enviado por avión a La Haya, Países Bajos, sede de la CPI.

Su presidencia, que se extendió entre 2016 y 2022, estuvo marcada por la polémica.

Aunque fue un líder muy popular – terminó su mandato con un 50% de aprobación-, fue a la vez muy criticado por comentarios sexistas, acusaciones de abuso sexual y múltiples violaciones a los derechos humanos.

En particular, su campaña antidrogas lo colocó en el foco de la crítica internacional.

El exmandatario, nacido en 1945 en el sur de Filipinas, construyó gran parte de su capital político en l a alcaldía de la sureña Dávao, una de las más grandes y pobladas ciudades filipinas, la que ocupó durante 22 años.

Allí fue donde hizo los primeros experimentos de lo que luego llevaría a cabo a nivel nacional, combatir el crimen bajo la premisa de «conmoción y miedo» que aplicó a los sospechosos de cometer crimenes relacionados con las drogas.

Él mismo le dijo a la BBC que había ejecutado a tres personas cuando era alcalde.

Y alentó abiertamente a ciudadanos y policías a disparar a matar a presuntos traficantes y consumidores de drogas. Las ejecucione a menudo ocurrieron en callejones de las ciudades a manos de personas no identificadas.

Y muchos familiares de las víctimas aseguran que no tenían nada que ver con el mundo de las drogas, sino que simplemente estaban «en el lugar equivocado, en el momento equivocado».

Además, expertos señalaron que la estrategia no había sido tan efectiva como declaraba el gobierno.

«Los duros esfuerzos de represión, caracterizados por ejecuciones extrajudiciales y arrestos callejeros, no iban a frenar la demanda», le dijo a la agencia de noticias Reuters Jeremy Douglas, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Bangkok.

Su polémica guerra contra las drogas había sido criticada incluso antes de llegar a la presidencia

Cuando era alcalde fue apodado «Duterte Harry», una referencia a «Harry el sucio», el detective estadounidense de ficción interpretado por Clint Eastwood que toma la ley por sus propias manos.

Y se demostró que muchas de las cifras de tráfico y consumo de drogas que usó para justificar su política habían sido infladas.

Pero la campaña de Duterte tuvo el apoyo de muchos filipinos, que elogiaban su postura «dura» contra el crimen callejero.

Por ejemplo, en una noche particularmente brutal en 2016, la policía declaró que había dado muerte a 32 personas en redadas antidrogas en la provincia de Bulacan, al norte de Manila.

La policía insistió en que solo habían disparado en defensa propia durante los operativos.

Pero grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas denunciaron que las muertes eran similares a ejecuciones. Entre los muertos se contaron adolescentes e incluso un alcalde y su esposa.

En 2017, toda la fuerza policial del distrito de Manila – unos 1.200 agentes- fue relevada de funciones después de que tres jóvenes – de 19, 17 y 14 años- murieran en supuestos enfrentamientos.

Las estimaciones de cuántas personas han muerto en la guerra de Duterte contra las drogas varían según quién haga el recuento.

Las cifras oficiales, a noviembre de 2021, contabilizaron más de 6.200.

Pero la Comisión de Derechos Humanos del país (CHR) dijo en 2018 que los números podrían llegar a 27.000.

Pese a ello, Duterte se ha mantenido firme en defensa de su brutal campaña: «Nunca, nunca me disculparé por las muertes», dijo en un discurso nacional en enero de 2022.

Además de su cuestionado enfoque en la guerra contra el narcotráfico, el exmandatario también ha sido criticado por abuso sexual y, sobre todo, por intentar silenciar a sus contradictores.

Por ejemplo, dos de sus más férreos críticos, los senadores Antonio Trillandes y Leila de Lima, fueron enviados a la cárcel bajo falsas acusaciones.

Y la ganadora del premio Nobel de Paz en 2021, la periodista Maria Ressa, quien ha denunciado los abusos cometidos por Duterte durante su mandato, fue acusada de varios delitos, entre ellos evasión de impuestos.

Una vez Duterte salió del poder, las políticas antidrogas en el país tomaron un rumbo distinto.

El nuevo presidente, Ferdinand «BongBong» Marcos, afirmó que se iba a enfocar en una estrategia de prevención y rehabilitación de adictos, más que en combatirlos de la forma en que lo había hecho su antecesor.

Incluso antes de que Duterte dejara la presidencia, personal de su propio gobierno señalaba que la estrategia de «conmoción y miedo» no había funcionado.

«Esta aproximación ultraviolenta no ha sido efectiva. El suministro de drogas sigue por las nubes», reconoció el coronel Romeo Caramat, quien en 2020 era el jefe antinarcóticos de la Policía Nacional de Filipinas.

«Aunque se ha reducido el crimen, la gente puede comprar drogas en cualquier momento, en cualquier lugar», señaló Caramat a la agencia de noticias Reuters.

De hecho, varios informes del propio gobierno señalaban que, a pesar de la cantidad de muertos y el dinero invertido en la guerra contra las drogas, las incautaciones eran insuficientes.

«Está muy claro que, según los datos oficiales, a pesar de los asesinatos de filipinos y de todo el dinero gastado, la cantidad de dinero procedente del shabu (especie de metanfetamina) y de la droga que hemos incautado no ha superado el 1% de lo que estaba en circulación», dijo en una ocasión la propia vicepresidenta de Duterte, Leni Robredo.

Robredo, quien se identificó como fuerte opositora a la política de Duterte, añadió que «si realmente queremos acabar con el flagelo de las drogas ilegales, tenemos que perseguir a los grandes proveedores y no sólo a los pequeños traficantes».

La ONUDD señaló en un informe de 2020 que los precios de las drogas como el crack dentro de Filipinas, a pesar de las cifras que entregaba el gobierno sobre incautaciones, se habían reducido, por lo que se podía deducir que había más droga en el mercado.

Pero sobre todo, que la política a implementar no era la violencia.

«Es necesario centrarse en la prevención y la salud pública, junto con una actuación policial inteligente que combata el crimen transnacional», señaló Jeremy Douglas.

Tanto la oficina de la ONUDD como otras ONG que trabajaron en Filipinas durante el mandato de Duterte indicaron que además de la política de ejecuciones extrajudiciales, se redujo la inversión en la atención social a las personas adictas a las drogas, de las cuales se estiman hay 1,3 millones en el país.

A pesar de esto, Duterte siguió siendo muy popular. Sus índices de aprobación, que en su mayoría se mantuvieron por encima del 50%, solo se vieron afectados en 2021 en el pico de Covid.

Cuando decidió alejarse de la política en 2022, dijo que fue porque «el sentimiento abrumador… es que no estoy calificado», posiblemente en referencia a las repetidas encuestas de opinión que colocaban a su hija Sara por delante de él.

Sara Duterte se convirtió ese año en vicepresidente de Ferdinand «Bongbong» Marcos, sucesor de su padre. Sin embargo, la alianza se deshizo poco después de que ganaran las elecciones por una abrumadora mayoría.

Ahora, su padre contempla un juicio en La Haya.