Proyecto Esther: el controvertido plan para desmantelar el movimiento propalestino en EE.UU. (y en qué coincide con lo que hace el gobierno de Trump)

Los tres coautores del Proyecto Esther están vinculados a The Heritage Foundation.

En sus propias palabras, el proyecto se propone «asegurar que los movimientos antisemitas sean incapaces de amenazar con violencia a los ciudadanos estadounidenses» y «desmantelar la infraestructura de la red de apoyo a Hamás en todo Estados Unidos» en un plazo de 12 a 24 meses.

Daniel Flesch, uno de los coautores, le dijo a BBC Mundo que este plan se creó justo para responder a este momento en el que, según él, «quienes llevan veinte años pidiendo «globalizar la intifada» están llevando a cabo su amenaza».

Para Flesch, esto se ha visto reflejado en los recientes ataques en Washington, donde dos funcionarios de la embajada israelí fueron asesinados, y en Boulder, Colorado, donde 12 personas resultaron heridas mientras participaban en un evento en apoyo a la liberación de los rehenes israelíes que permanecen secuestrados por Hamás en Gaza.

Flesch fue asesor de la misión permanente de Israel en las Naciones Unidas entre 2018 y 2021.

Victoria Coates y Robert Greenway, los otros dos coautores del proyecto fueron funcionarios del primer gobierno de Trump. Ambos trabajaron en el Consejo de Seguridad Nacional en asuntos del Medio Oriente y el Norte de África.

Según el Proyecto Esther, el movimiento pro-palestino en Estados Unidos no solo amenaza a la comunidad judía, sino que amenaza con destruir el capitalismo, la democracia y los valores estadounidenses.

«Los antisionistas y antisemitas intentan asaltar nuestro sistema educativo, nuestros procesos políticos y nuestro gobierno», se lee en el mismo.

El plan se opone a lo que llama una «red de apoyo a Hamás» (HSN, por sus siglas en inglés) que, según dice, está conformada por organizaciones que disfrazan bajo la etiqueta de activismo pro-palestino su verdadera intención de avanzar la causa de Hamás e ir en detrimento de los intereses y los valores de Estados Unidos.

El Proyecto Esther fue publicado al cumplirse un año del ataque del 7 de octubre, cuando aún era presidente Joe Biden.

En este, se acusa al gobierno de Biden de «ir en camino» a hacer aceptable el antisemitismo, erosionar las relaciones entre Israel y Estados Unidos y reconocer «una entidad palestina para incluir a Hamás».

Y dice que la «intención» del Proyecto Esther es que «cuando una administración favorable ocupe la Casa Blanca» se coordinen esfuerzos públicos y privados para combatir el antisemitismo.

El documento fue publicado en la parte más álgida de la campaña presidencial de 2024.

Ningún funcionario del gobierno de Trump se ha referido directamente al Proyecto Esther.

BBC Mundo contactó al Departamento de Estado para preguntar por el nivel de influencia del Proyecto Esther en las políticas del actual gobierno, pero no recibió una respuesta.

En todo caso, varios de los planes definidos en el documento son similares a las acciones que ha tomado el gobierno de Trump, como lo celebró el coautor Daniel Flesch.

«Nos complace que algunas de nuestras recomendaciones, como la deportación de aquellas personas que incumplan los requisitos de su visa de estudiante, estén siendo impulsadas por la administración», expresó en un comunicado a BBC Mundo.

Las organizaciones propalestinas que menciona con nombre propio el Proyecto Esther, y a las que acusa de hacer parte de la red de apoyo a Hamás, son National Students for Justice in Palestine (también conocida como Palestine Solidarity Committee), American Muslims for Palestine, Jewish Voice for Peace y Samidoun.

Alguna de estas organizaciones han sido objeto de sanciones y suspensiones recientes por parte de algunas universidades en las que operan.

Harvard, por ejemplo, ordenó al Harvard Undergraduate Palestine Solidarity Committee «cesar todas sus actividades» en abril de 2024.

La Universidad de Columbia, por su parte, suspendió a Students for Justice in Palestine (SPJ) y Jewish Voice for Peace por violar las políticas de la universidad al organizar protestas dentro del campus sin autorización.

En mayo de 2024, la Liga Antidifamación, una organización dedicada a combatir el antisemitismo, denunció que la rama de la SPJ de Columbia estaba publicando en su canal de Telegram una «guía aduladora de Resistance News Network sobre ‘la resistencia’, que presenta organizaciones terroristas extranjeras designadas como Hamás y la Yihad Islámica Palestina».

En ese mismo canal se publicó en septiembre de 2024 un perfil del jeque Yassin, fundador de Hamás. «Incluso en su muerte, su legado de incesante resistencia frente a la opresión sigue vivo. Él vive en sus estudiantes, entre los cuales se incluye el actual jefe de Hamás, Yahya Sinwar [considerado el artífice del ataque del 7 de octubre contra Israel], el hombre que engañó a la entidad sionista, y en todos los luchadores palestinos que encarnan la resolución que Yassin enseñó».

Allí también se han publicado homenajes a Sinwar, así como al fallecido líder de la milicia libanesa Hezbolá, Hassan Nasrrallah, entre muchos otros miembros de grupos armados palestinos, incluyendo varios que intentaron o ejecutaron acciones contra población civil en Israel, incluyendo secuestros de autobuses con pasajeros y un intento fallido de detonar una bomba en una sala de cine.

Tanto Sinwar como Nassrrallah murieron en ataques de las fuerzas israelíes.

También se publicó al menos un mensaje conmemorando el ataque del 7 de octubre al que se califica como una acción «estratégica» y «anti-imperialista».

El Proyecto Esther coincide con el abordaje del gobierno de Trump especialmente en cuanto al papel que considera que juegan los estudiantes universitarios (especialmente extranjeros) y los académicos en la proliferación del antisemitismo en EE.UU.

Altos funcionarios del gobierno han señalado que universidades como Harvard y Columbia se han convertido en escenarios fértiles para el antisemitismo y que las instituciones educativas no han hecho lo suficiente para combatirlo.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, por ejemplo, señaló que Columbia «actuó con indiferencia deliberada ante el acoso a los estudiantes judíos».

Y la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, acusó a Harvard de «fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino».

Esas acusaciones, de hecho, hacen parte de la justificación con la que el gobierno anunció que le impediría a esa universidad inscribir estudiantes extranjeros. Unas semanas antes, había congelado millones de dólares en fondos de financiación federal que iban dirigidos a esa institución.

Los planes que plantea el Proyecto Esther, publicado varios meses antes, ya iban en una línea similar.

Este señala que un grupo de ciudadanos extranjeros que hacen parte de la red de apoyo de Hamás se han infiltrado en Estados Unidos como estudiantes y se han aprovechado de los derechos y beneficios que ofrece el país.

«Organizaciones de apoyo a Hamás han infiltrado su ideología en el sistema de educación de Estados Unidos. Es omnipresente», dice el documento, que también acusa a decenas de universidades de emplear profesores que defienden a organizaciones de apoyo a Hamás.

A partir de este diagnóstico, el Proyecto Esther propone una serie de «efectos deseados», entre estos «que la propaganda de las organizaciones de apoyo a Hamás sea eliminada de los planes de estudio», «que el personal docente que apoya a esas organizaciones sea despedido» y «que a los extranjeros miembros de esas organizaciones se les niegue el acceso a los campus».

A la hora de describir la forma de llegar a estos efectos, el plan incluye explícitamente revocar visas y deportar a los supuestos miembros de las organizaciones de apoyo a Hamás.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el Departamento de Estado ha revocado cientos de visas de estudiantes internacionales y al menos una decena han sido detenidos, algunos sin advertencia ni posibilidad de apelar.

Muchos de los afectados por esas medidas tenían en común que habían participado en algún tipo de manifestación a favor de los palestinos.

Quizás el caso más emblemático hasta el momento es el de Mahmoud Khalil, quien fue una de las figuras claves de las protestas estudiantiles en Nueva York contra la guerra en Gaza en 2024.

Khalil, residente permanente en EE.UU. de nacionalidad siria, fue arrestado en marzo y permaneció durante tres meses en un centro de detención de migrantes.

Trump ha dicho que activistas como él, a quien acusa de apoyar a Hamás, deben ser deportados y lo llamó «el primero de muchos».

Khalil fue liberado el viernes 20 de junio por orden de un juez.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que las visas de estudiante son para estudiar y que se revocarán si se considera que los extranjeros han participado en actos «desestabilizadores».

BBC Mundo preguntó tanto a The Heritage Foundation como al Departamento de Estado cómo trazan la línea entre el activismo pro-palestino y el apoyo al terrorismo, pero no recibió respuesta.

Numerosos abogados y organizaciones han expresado que las detenciones y las amenazas de deportación de activistas representan un grave riesgo para la libertad de expresión, consignada en la Primera Enmienda a la Constitución.

Antes del Proyecto Esther, el centro de estudios conservador The Heritage Foundation estuvo detrás del Proyecto 2025.

Este se convirtió un blanco de ataques a la campaña de Donald Trump, porque delineaba una serie de políticas que, entre otras cosas, apuntaban a expandir el poder presidencial e imponer fuertes restricciones a los anticonceptivos.

Trump, entonces candidato republicano, se distanció diciendo que no sabía «nada sobre el Proyecto 2025».

Sin embargo, este ya anticipaba las que serían algunas de sus primeras decisiones como presidente, como congelar la ayuda externa (USAID) y terminar los programas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno.

Algunas de las mentes detrás del Proyecto 2025 hacen hasta hoy parte del gobierno, como Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, John Ratcliffe, director de la CIA.

Las personas detrás del Proyecto 2025 no son exactamente las mismas del Proyecto Esther.

Pero varias personas que lideran organizaciones que firman el Proyecto Esther han ocupado posiciones próximas a Trump.

Entre estas están su exvicepresidente Mike Pence y el pastor cristiano Mario Bramnick, una de las figuras claves en las campañas del candidato republicano en 2016 y 2020 para atraer el voto latino.

Varias de las organizaciones que conforman la coalición que respalda el proyecto Esther son cristianas, no judías.

«El proyecto Esther fue creado por nacionalistas cristianos que fingen preocuparse por la seguridad de los judíos para promover una agenda autoritaria», le dijo a BBC Mundo Beth Miller, líder de la organización judía Jewish Voice for Peace, que aparece mencionada en el documento como parte de la red de apoyo a Hamás.

Miller calificó las acusaciones que hace el proyecto Esther como «extravagantes y sin fundamento» y como una «pura ficción, fabricada (…) para difamar y aplastar el movimiento pacífico en favor de los derechos de los palestinos».

Además de las medidas que apuntan a revocar visas y deportar activistas, el plan contempla, por ejemplo, lograr que las plataformas de redes sociales no estén dispuestas a albergar las «organizaciones que apoyan a Hamás» y se propone «marginalizar» a ciertos congresistas demócratas a los que acusa de ser un «caucus de Hamás» y de tener sesgo anti-israelí.

Por ahora no hay evidencia de que esas propuestas se estén siendo implementadas por el gobierno u otros actores. La pregunta que queda es si lo serán en el futuro.

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