Alcaldía de Cali respondió a la Contraloría por procesos fiscales – Cali – Colombia

Tras el anuncio de la Contraloría de abrir seis procesos fiscales a la Alcaldía de Cali por irregularidades en contratos, la administración de Jorge Ospina se pronunció. En un comunicado, aseguraron que aportarán las pruebas necesarias para demostrar el buen manejo de recursos.

La entidad aseguró que son 10 contratos los que están bajo la lupa y ascienden a 52.072 millones de pesos. Sin embargo, la directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, María del Pilar Cano Sterling, señaló que la investigación apenas está comenzando.

“Cuándo suceden este tipo de situaciones son producto de un ejercicio auditor que cada año tienen que hacer los órganos de control y nosotros damos un parte de tranquilidad, porque aquí lo que anuncia la Contraloría es la apertura de unos procesos, lo cual significa que apenas inicia y nosotros ejerceremos el derecho de contradicción y defensa, aportamos las pruebas de todo lo que ha acaecido con estos contratos y tenemos la tranquilidad de decir que son contratos que incluso aún están en ejecución, tenemos todas las respuestas para darle al órgano de control”, indicó Cano.

Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que no están preocupados por los procesos fiscales que está manejando la Contraloría y que solo se trata de un ejercicio de veeduría pública,

“A nosotros no nos parece nada dramático que nos llamen a rendir cuentas, es una tarea esencial que desarrollar, como también entendemos la función que desde el Congreso adelantan Senadores de la República presionando el auditaje a la ciudad, debemos decirles a los senadores que no hay problema, que entendemos esa función de ustedes de control y que nosotros siempre estaremos dando respuestas de forma oportuna, milimétrica y responsable del ejercicio público desarrollado”, expresó el mandatario.

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La Alcaldía también señaló que el 3 de octubre, la Contraloría les anunció el cierre de procesos de indagación preliminar que estaban realizando sobre otros contratos. En la siguiente etapa, los funcionarios aportarán las pruebas y evidencias que requieran para demostrar su inocencia.

“De los 6 contratos a los cuales se les da apertura de proceso ordinario de responsabilidad fiscal, la Administración Distrital está dispuesta a entregar información tal como ha sido siempre, prestos a colaborar de manera oportuna con el ente de control, desde cada organismo respondiente”, infomaron en  la Alcaldía.

¿Qué respondieron en Emcali?

Frente a la apertura de proceso por parte de la Contraloría General de la República, Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que fueron reintegrados los recursos al Distrito y a su secretaría de Infraestructura.

«El convenio interadministrativo derivado No. 2, del convenio marco No. 4151.010.27.1.0668 de 2021, suscrito para la reposición de redes de acueducto, alcantarillado y posterior mantenimiento o rehabilitación vial en los barrios Terrón Colorado, Belén y Lleras Camargo, fue terminado anticipadamente de mutuo acuerdo. Las cifras trasladadas corresponden a dos rubros», explicaron en la empresa de servicios públicos.

Anotaron que el primero, por concepto capital del contrato, con un valor de $1.420’319.229,00 y el segundo, por los rendimientos financieros generados, que asciende a $52’821.785,00.La totalidad de los recursos fueron consignados al Distrito el pasado 12 de mayo de 2023.

«Las consignaciones, con cheque de gerencia, se realizaron en la cuenta de ahorros No. 001928738 del Banco de Occidente, a nombre del Distrito de Santiago de Cali, NIT 890.399.011-3», señalaron.

«Emcali respeta las decisiones de la Contraloría General de la República y está abierto a entregar información o documentos que requiera el organismo de control», concluyeron en la entidad.

Los contratos bajo la lupa

En la investigación descubrieron que hay 10 contratos que fueron ejecutados y que no pasan los filtros de la entidad. El primero son los recursos por valor de 1.420.319.229 que no han sido reintegrados al distrito por parte de Emcali tras la terminación anticipada de un contrato que buscaba el mantenimiento de las redes de alcantarillado de las comunas 1 y 20.

El segundo proceso se abrió por el mantenimiento de escenarios deportivos. Según el ente de control fiscal, los estadios y canchas no cumplieron las expectativas y no tienen las condiciones requeridas para su función.

“Obras contratadas y ejecutadas a través del Contrato de obra pública No. 4162.010.26.1.2645-2021, cuyo objeto fue realizar las adecuaciones y mantenimientos de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito Especial de Santiago de Cali, que no cumplen a la fecha con la funcionalidad para la cual fueron diseñadas ni con las condiciones técnicas exigidas para satisfacer la necesidad del contrato, aunado al pago de ítems que no se encuentran ejecutados en campo y deficiencias en la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto, en cuantía de $ 260.245.219,00”, expresó la Contraloría.

La tercera investigación se debe a los recursos del contrato No. 4162.010.26.1.3298-2020 que buscaba la adecuación del estadio Pascual Guerrero. Los veedores encontraron que el contratista CONSORCIO EPG 2020 tuvo una utilidad excesiva debido a que algunos elementos fueron marcados con un precio mayor a su valor real. Este contrato ascendió a $ 238’671.464,45 millones.

El mismo caso se presentó en el cuarto proceso fiscal, en el que algunos ítems estaban por encima de su valor de mercado. El contrato para el Centro de Promoción de Bienestar Animal llegó a los $14.084’277.956,00

“La obra contratada y ejecutada a través del Contrato de obra pública No. 4133.010.26.1.191-2021, cuyo objeto fue la construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal, presenta de una parte deficiencias técnicas, deterioros y falta de dotación para su funcionamiento, que conllevan a que no se cumpla con la funcionalidad para la cual fue diseñada”, explicó la Contraloría.

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Según la entidad, otro proceso fue abierto por los recursos girados a la Empresa de Renovación Urbana EMRU por el proyecto de intervención sobre el eje del canal Cauquita.

“No cumple con la finalidad plasmada en el alcance contractual, en tanto, pese a haberse certificado el desarrollo a cabalidad y satisfacción del mismo, el estudio técnico del Inventario Forestal se encuentra incompleto; aunado a que se adiciona el alcance del objeto del convenio para incluir entre otras actividades una coordinación interinstitucional y el componente social que ya estaban contempladas, en cuantía de $1.550 millones”, señaló la investigación.

El sexto proceso fiscal tiene que ver con las obras para el mantenimiento de la malla vial. De acuerdo con la Contraloría, aún no se cumple la función para la que fue diseñada, a lo que se suman irregularidades en la ejecución. El proyecto tuvo un costo de $ 34.519 millones.

Silvia Contreras Rodelo
Redactora de NACIÓN
EL TIEMPO