Anif advierte que el impuesto a transferencias digitales frenará la inclusión financiera | Impuestos | Economía

El debate sobre el futuro de los pagos digitales en Colombia se mantiene encendido tras el anuncio del Ministerio de Hacienda, que planea ponerles impuestos. En esta ocasión el turno es para el Centro de Estudios Económicos Anif, que advirtió si se implementa una medida como está, llevará a que el futuro de Bre-B se queme como el pan, en la puerta del horno.

En un reciente análisis, estos expertos señalaron que el nuevo decreto que prepara el Ministerio de Hacienda, orientado a unificar la retención en la fuente del 1,5% sobre transferencias y pagos electrónicos, podría convertirse en un freno para la inclusión financiera y la digitalización del país.

Consulte aquí: Bioeconomía: el nuevo frente de crecimiento del que Colombia aún no despega

Concretamente aseguran que la medida, lejos de equilibrar las cargas entre los distintos medios de pago, introduce un sesgo que desincentiva el uso de canales digitales, justo cuando el país empezaba a consolidar avances en materia de formalización y trazabilidad.

“Los incentivos terminan puestos en el lugar equivocado”, señala el análisis, al advertir que un mayor gravamen a las transacciones electrónicas hará más atractivo el uso del efectivo, un medio menos seguro y más difícil de rastrear.

Cabe recordar que el decreto en cuestión busca igualar la tarifa de retención entre los pagos con tarjeta y los pagos electrónicos de bajo valor, como transferencias entre cuentas, operaciones vía código QR y movimientos desde billeteras digitales. Sin embargo, Anif considera que la propuesta afecta directamente al sistema de pagos Bre-B.

“Esta red, llamada a impulsar la eficiencia y la inclusión, podría ver debilitada su adopción si los costos fiscales terminan desincentivando su uso entre comercios y consumidores. Colombia aún depende en gran medida del efectivo. Más del 60% de los trabajadores del país se desempeñan en la informalidad y millones de transacciones diarias siguen ocurriendo fuera del sistema financiero formal”, acotaron.

Lea también: Los efectos para Petro, sus familiares y Benedetti de entrar a la Lista Clinton

Con base en esto, desde Anif indicaron que, en ese contexto, cualquier política que eleve los costos de los pagos digitales, no solo frenaría la innovación, sino que ampliaría las brechas de exclusión financiera. Además, insisten en que la política fiscal no puede ir en contravía de la transformación tecnológica, pues esto termina debilitando la competitividad del país y reduciendo la eficiencia del sistema financiero.

“Eliminar la retención del 1,5%, en lugar de ampliarla, tendría efectos positivos a mediano plazo. En un primer momento, el costo fiscal sería limitado y en 2026 el Estado dejaría de percibir aproximadamente $5.621 millones, principalmente por transacciones de pequeños negocios no declarantes”, destacaron.

Hacienda dejó claro que por ahora este proyecto solo se encuentra en consulta pública.

Imagen de ChatGPT

No obstante, reseñaron que esto cambiaría con el paso del tiempo y “hacia 2028, el balance se tornaría favorable, gracias al mayor dinamismo comercial y la formalización progresiva del sector. Para 2034 el efecto acumulado sería positivo en $223.469 millones a precios de 2025, una cifra que demuestra que la inclusión y la eficiencia generan más recaudo sostenible que los gravámenes de corto plazo”.

De esta forma, el análisis sostiene que insistir en una política que castigue las transferencias digitales equivale a poner un obstáculo en el camino del Banco de la República, que lleva años preparando la arquitectura tecnológica del sistema Bre-B para modernizar el ecosistema financiero.

Más información: ‘Le están quitando la promesa de valor a Bre-B’

“El objetivo del Emisor ha sido permitir pagos inmediatos, interoperables y seguros, replicando modelos exitosos de otros países de la región, como el Pix de Brasil. Sin embargo, las decisiones fiscales del Ejecutivo podrían socavar la confianza en el sistema antes incluso de que alcance su plena implementación”, dice el reporte.

Anif concluye que Colombia necesita una política tributaria que incentive la innovación y la formalidad, no que las penalice y que el impulso a la economía digital debe entenderse como una inversión y no como una pérdida fiscal.

Hacienda dejó claro que por ahora este proyecto solo se encuentra en consulta pública.

Imagen de ChatGPT

“Cada transacción digital formalizada es una puerta abierta a la inclusión y a la transparencia”, reitera el análisis; en el que queda claro que en un país donde el efectivo aún domina, mantener incentivos para digitalizar pagos y ampliar el acceso financiero es una apuesta más efectiva que cualquier impuesto temporal.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio