bomba social por grupos ilegales y tráfico de drogas y armas

Los estrechos pasadizos de viviendas de ladrillo de barrios, como Tercer Milenio y Pízamos I, II y III, en el extremo oriental de Cali, contrastan con cambuches de una invasión que sigue creciendo a punta de esterilla y madera a pocos metros de estos sectores y la cual está habitada por jóvenes armados.

Después de las 10 de la noche, la población prefiere está resguardada en las casas porque a esa hora, a las calles salen hasta niños con machete y otras armas, provenientes de este asentamiento llamado Villaluz.

Es la otra Cali, la del rincón donde grupos ilegales seducen a niños y a adolescentes para que se les unan, muchos de los cuales suelen en buena parte de su tiempo pegarle a un balón en chanchas, jugando en las zonas verdes de la vulnerable comuna 21, una de las más críticas en pobreza, ansiosa de oportunidades de empleo y desarrollo, y a la vez, la segunda con más asesinatos en la ciudad.

En un mes, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, se puede registrar un promedio de entre 80 y 106 homicidios en la comuna, donde en el día, sus habitantes, familias trabajadoras, buscan el sustento diario, ya sea con tiendas, graneros o ventas de comidas o cuando deben cruzar media ciudad para desempeñar oficios varios por unos cuantos pesos. La mayoría de la población son ciudadanos sin empleos fijos que provienen, sobre todo del litoral de Nariño, Cauca, Chocó y de Buenaventura, así como de algunas zonas del interior y del oriente colombiano. Viven en casas que son como cajitas de fósforos, pues en muchos de los casos no superan los 46 metros cuadrados.

Estos pobladores son conscientes de que es mejor evitar pasar cerca de la invasión Villaluz, donde las fronteras invisibles están más latentes que nunca, como lo están en otros sectores de la misma comuna y aquellas del distrito de Aguablanca, conformado también por las aledañas comunas 13, 14 y 15, que concentran toda la violencia de Cali y se refleja en las cifras de las autoridades, cada año. En estas comunas del oriente caleño está la mayoría de más de 120 bandas delincuenciales que aunque son manejadas por adultos han hecho que menores empuñen las armas como sus integrantes, pues como infractores la ley es más permisiva con adolescentes en la comisión de delitos. Entre enero y el pasado 21 de febrero hubo 64 menores en líos por homicidios, porte de armas y drogas, y en un año se registra alrededor de 1.000 que delinquen en la ciudad.

Según la Policía y las autoridades, el problema del oriente de Cali se debe, además, a que es una zona estratégica que se comunica con el norte del Cauca para traficar drogas y armas para todo grupo ilegal, incluyendo disidencias, paramilitarismo y otras fuerzas del narcotráfico.

Pese a que en la Policía Metropolitana sostienen que no hay grupos armados, como disidentes o ‘paras’ en esta zona, la Defensoría Nacional del Pueblo en informes ha señalado que el oriente es el escenario de riesgo en esas comunas de Cali que “se configura por la presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencia de las Farc, quienes se autodenominan ‘Guerrillas unidas del Pacífico (GUP)’, cuyo interés es el control del territorio urbano, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes de los barrios referenciados en este documento”. También habría presencia del paramilitarismo del ‘clan del Golfo’, antiguos ‘Urabeños’ o ‘clan Úsuga’, en Aguablanca y en la comuna 21, en el mismo oriente.

“Hay calentura que es mejor no ‘avisporear’”, manifiesta María Ángela, una moradora de Pízamos que vende productos cosméticos y hace manicure a domicilio en Aguablanca.

El sol en el oriente está pegando más fuerte que en otros lados de la capital vallecaucana y ahora más con un fenómeno del Niño que pone a sudar a este cordón que supera el medio millón de personas a temperaturas que pueden llegar a los 34 grados centígrados. La cotidianidad sigue avanzando hasta alcanzar la tarde, pero los moradores del distrito de Aguablanca saben qué calles transitar y cuáles no por las llamadas ‘fronteras invisibles’.

Muchos de estos ciudadanos van llegando a sus hogares tras sus actividades laborales antes de las 6 de la tarde, bajándose de buses del MIO y haciendo conexión entre una que otra terminal o desplazándose en motorratones por ser más rápidos aunque inseguros. Saben que es mejor estar en sus viviendas antes de que caiga la noche porque en medio de las sombras, el panorama se vuelve un poco denso.

Los menores que salen armados en barrios del distrito de Aguablanca no solo vienen citándose para enfrentarse con otras bandas en un fenómeno que ha tomado fuerza en el último año con el nombre de ‘güireo’ o ‘wireo’. También lo hacen para probar a las bandas criminales y a otros ilegales que pueden jalar del gatillo o atentar contra otro ser humano, no importa si también son otros niños y menores.

Matilde Quiñónez vende productos de la canasta familiar en un granero y cierra temprano. “Acá en el distrito de Aguablanca uno no se mete con los demás ni con los pelados. Entre uno menos se meta con ellos sale mejor librado”, comenta la señora.

Ramiro Roldán, otro de los habitantes, dice que “la gente ya sabe que tiene que estar temprano en las casas para no marcar calavera”.

De desplazado a líder contra el ‘güireo’

Es que zonas del distrito de Aguablanca, como Tercer Milenio, en la comuna 21, así como Potrero Grande u otras, entre ellas, Llano Verde, en la convulsionada comuna 15, la de más asesinatos en la capital del departamento, se han conformado por migraciones de quienes han llegado de otras regiones del país por culpa de la misma violencia. Son barrios creados por personas en situación de desplazamiento.

Una de ellas es Ricardo Salazar, un líder que heredó esa vocación de ayudar a jóvenes en riesgo de su tío, cuando toda la familia vivía en Buenaventura, la ciudad puerto que desde hace más de 30 años ha venido siendo aquejada por alzados en armas y el paramilitarismo. Fueron grupos de autodefensa los que presionaron al tío de Salazar para que abandonara el trabajo de entrenar a chicos en fútbol.

Por ello, la familia de este bonaverense se radicó en Cali cuando era un niño de 5 años. Sus padres, hermanos y él llegaron al barrio Mariano Ramos, en la comuna 16. El padre de Ricardo era un promotor de chance y la madre le ayudaba en la labor.

Ricardo Salazar cuenta que después de terminar sus estudios de bachillerato conoció al sacerdote y excandidato a la alcaldía de Cali Édilson Huérfano. “Yo comencé a conocer la labor social con jóvenes en el barrio Antonio Nariño”, dice Ricardo, de 39 años. Luego trabajó en el también vulnerable barrio Petecuy, de la comuna 6.

“Fui haciendo parte de muchos procesos sociales en resocialización de dos pandillas en el barrio Carlos Alberto Guzmán, de Puerto Tejada, en Cauca”, sigue contando.

Tras todo este trabajo llegó a vivir a Tercer Milenio, en la comuna 21. Allí fundó una escuela de fútbol que funciona en una zona verde que era un botadero de escombros y aunque lo amenazaron el año pasado, jóvenes de los grupos armados en el oriente, Ricardo Salazar entrena sin costo a más de 30 niños y adolescentes con edades entre los 7 y los 17 años para evitar que caigan en grupos ilegales, en especial, los de la invasión a unos metros de su vivienda y de la cancha de la zona verde donde se reúne con sus pupilos en las tardes. Inició con 55 menores.

Ricardo asegura que como uno de los fundadores de Tercer Milenio ha aprendido a enamorarse del barrio, de su gente y de estos procesos sociales, pese a que la casa vecina de la suya, estuvo un tiempo desmantelada porque allí llegaban jóvenes en riesgo a reunirse.

El líder también dice que algunos de los menores se han retirado de las prácticas por temor a la banda de la invasión. Sobre el ‘güireo’, explica que empezó como un juego de baile y cultura, pero luego del estallido social, en 2021, se convirtió en un juego violento donde usan piedras y otras armas, como cuchillos y machetes, incluso armas de fuego, generando en una ola de inseguridad, que pone en peligro de quienes participan y del entorno social”.

Sin embargo, reitera que en la comuna 21 y en el oriente de Cali “hay gente buena y trabajadora que lucha por sus vecinos, que realiza ollas comunitarias y que después de la pandemia fue ejemplo de superación”.

“Pero falta más inversión en la comunidad de esta zona”, dice al recalcar que es necesario que la alcaldía de Cali no olvide a estos habitantes que para gran parte de la ciudad quedan bajo la mirada indiferente por estar en ese rincón en el extremo oriental.

¿Qué dicen las autoridades?

Ante la situación que deja a los menores del oriente caleño en una condición de vulnerabilidad para ser manipulados por otros menores y adultos de grupos ilegales, en el Concejo surgió la propuesta de un toque de queda para niños y adolescentes en esta zona de la ciudad.

“Dado el riesgo del ‘güireo’, urge que la Policía y el gobierno distrital tomen cartas en el asunto y eviten nuevos encuentros», dijo el presidente del cabildo, Carlos Andrés Arias, quien pidió evaluar la posibilidad de ese toque de queda. «Hay que articular la política del gobierno, porque queda claro que hoy con todo lo que tiene Bienestar Social no logra atender a la población infantil y juvenil», dice la concejal Daniella Plaza.

La cabildante advierte que esta problemática se informó a la alcaldía de Alejandro Éder y a la Policía desde comienzos del año.

Plaza aseveró que la deserción escolar es un factor que viene en aumento en la zona oriente que para 2022 registró 1.886 casos y para 2023, 2.332, en su mayoría niños, niñas y adolescentes de las comunas 14, 15 y 21.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo, dice que tras hechos detectados en la ciudad se desplazan patrullas dentro del modelo de cuadrantes de la institución. «Ya con la alcaldía de Cali, a través de la secretaría de Seguridad y Justicia, estamos haciendo un acompañamiento», señale el coronel Oviedo.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, expresa: “Lo más importante de cualquier medida que tome la Administración es tener la capacidad para actuar y este debe ser un ejercicio de protección de los derechos de niños y niñas. Para tomar esa medida estamos trabajando con el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF)”.

Menos homicidios de menores

Por ahora, según la Policía Metropolitana de Cali, no se han reportado víctimas fatales del ‘güireo’. Sin embargo, podría haber un subregistro por heridos que llegan a hospitales.

No obstante, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, en enero de 2024, el grupo de 18 a 24 años fue el más afectado en la ciudad con 25 homicidios (33 por ciento), alcanzando también el mayor incremento. “El análisis de las tasas por grupos de edad permite observar que al igual que en el análisis por número de casos, es también el grupo de 18 a 24 años el que presenta mayor riesgo de ocurrencia con una tasa de 9,8 por 100.000 habitantes”.

Los homicidios de menores son superados también por casos cuyas víctimas eran mayores de 24 años.