Cuál es la diferencia entre demanda, denuncia y querella | Finanzas | Economía

Cuando una persona necesita acudir al sistema judicial, saber si debe presentar una demanda, una denuncia o una querella no es una cuestión menor. De esta decisión depende el éxito del proceso, la validez de la reclamación y el respeto del debido proceso.

Así lo explican Juan Diego Melo, penalista of counsel de Scola Abogados, y Carlos Carvajal, abogado de Lloreda & Co., quienes coinciden en que la distinción entre estos mecanismos es esencial para acceder eficazmente a la justicia, evitar demoras y proteger los derechos de las víctimas.

(Lea más: Las empresas no pueden negarse: paso a paso de cómo devolver compras en Colombia)

La demanda es el instrumento mediante el cual un ciudadano acude a un juez para reclamar un derecho en las jurisdicciones civil, laboral, de familia o administrativa. Es decir, aplica a conflictos relacionados con obligaciones contractuales, indemnizaciones, régimen de visitas, alimentos o nulidad de actos administrativos, entre otros. Como aclara Carvajal, “la demanda no se usa para el inicio de la investigación de una conducta delictiva”, lo que diferencia este recurso de las figuras propias del derecho penal: la denuncia y la querella.

Tanto la denuncia como la querella son herramientas para poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una “noticia criminal”, es decir, hechos que podrían ser constitutivos de un delito. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: la denuncia puede ser presentada por cualquier persona, incluso de manera anónima, para que la Fiscalía inicie una investigación de oficio.

La querella, en cambio, sólo puede ser presentada por el querellante legítimo —es decir, la víctima o su representante legal— y aplica únicamente para delitos querellables, como injuria, calumnia, lesiones personales leves o violencia intrafamiliar sin incapacidad.  

(Lea más: Litigar o prevenir, enfoques del derecho que se articulan)

Presentación oportuna

Melo explica que “si una víctima no presenta oportunamente una querella, podría perder por completo la posibilidad de que se investigue el hecho, porque opera la caducidad de seis meses establecida por ley”. Además, recuerda que la Fiscalía no está facultada para resolver conflictos patrimoniales. Por eso, intentar resolver un desacuerdo civil mediante una denuncia penal puede retrasar o entorpecer el acceso a la justicia.

Ambos expertos coinciden en que uno de los errores más frecuentes es presentar el recurso incorrecto ante la autoridad equivocada. Por ejemplo, interponer una demanda civil en un juzgado penal o denunciar penalmente un incumplimiento de contrato. Estos errores no solo implican demoras y costos procesales, sino que pueden llevar al rechazo inmediato de la reclamación.

La denuncia y la querella pueden presentarse de manera verbal o escrita, incluso por medios técnicos como teléfono o correo electrónico, siempre que se identifique al denunciante o querellante y se relate detalladamente el hecho. Según el artículo 69 del Código de Procedimiento Penal, quien recibe la denuncia o querella debe advertir sobre las consecuencias de presentar una falsa información, que pueden acarrear responsabilidad penal.  

(Lea más: La ética profesional, clave de confianza en la justicia)

Demanda

iStock

Sobre la legitimación, Carvajal aclara que, en el caso de la demanda, basta con ostentar un derecho subjetivo o interés legítimo; para la querella, se requiere ser directamente la parte afectada por el hecho penal; mientras que la denuncia puede ser presentada por cualquier ciudadano, incluso un testigo sin interés directo. Esto tiene implicaciones prácticas y éticas, ya que una denuncia falsa o una querella sin legitimidad puede ser sancionada penalmente.

Existen, además, situaciones en las que es posible interponer simultáneamente más de un recurso. Por ejemplo, una persona que es víctima de lesiones personales puede presentar una querella penal y, al mismo tiempo, una demanda civil para exigir la correspondiente indemnización. O una víctima de hurto puede denunciar el hecho penalmente y luego iniciar un proceso judicial para la reparación económica del daño.

En todo caso, tanto Melo como Carvajal coinciden en que el desconocimiento ciudadano sobre estas diferencias no debe ser considerado un asunto menor. Comprender cuál es el mecanismo legal es adecuado para cada situación, permite garantizar el debido proceso, evitar la caducidad de acciones y optimizar la administración de justicia. Además, en un país donde el acceso efectivo a la justicia sigue siendo un reto, tener claridad sobre estos mecanismos no sólo es responsabilidad de los abogados, sino un derecho y una necesidad para todos los ciudadanos.  

(Lea más: Qué es la mediación penal y por qué es clave para aliviar el sistema judicial)

NELSON DORIA ARCILA
[email protected]