En los últimos días se han conocido varios anuncios de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que alertan sobre posibles situaciones de riesgo en contrataciones hechas por la Alcaldía de Manizales. El proceso más reciente es el relacionado con el inicio de una vigilancia preventiva a la ejecución de $1,5 billones de pesos; recursos que se habrían destinado para la ejecución de 17.208 contratos.
“La Procuraduría, en ejercicio de su función preventiva, analizó la contratación de Manizales entre enero del 2020 y septiembre del 2022, la cual asciende a 1,5 billones de pesos, encontrando varias circunstancias que pueden implicar riesgos en la gestión contractual del municipio”, indicó el órgano de control.
El detalle de la situación es que, de acuerdo con el análisis adelantado por el Ministerio Público, la administración municipal otorgó de manera directa el 39 por ciento de dicha contratación. “Del total de 17.208 contratos, 6.012 fueron otorgados de forma directa, Estos fueron superiores a los 602 mil millones de pesos”, mencionó la entidad.
La PNG señaló, además, que identificó un posible riesgo de gestión pública relacionado con la contratación de obras por 173.000 millones de pesos suscritas en 25 contratos. A esto se suman otros 9.716 contratos realizados por la modalidad de regímenes especiales por valor superior a los 550 mil millones de pesos.
En las actuaciones preventivas, adelantadas por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, se hallaron además cuantiosas contrataciones con el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales- Infimanizales y el Instituto de Cultura y Turismo, ambas entidades de la administración municipal.
“En total Infimanizales recibió la suma de 161.265 millones en tres diferentes contratos. En la misma línea, la delegada encontró que el Instituto de Cultura y Turismo fue adjudicatario de 58 contratos cercanos a los 32 mil millones de pesos”, menciona el informe de la PGN.
Así las cosas, el órgano de control exhortó a la administración a “evitar la celebración de contratos o convenios interadministrativos cuando existan proveedores privados y públicos”.
Además, anunció que iniciará vigilancia preventiva a los proyectos de PTAR los Cámbulos, la Línea 3 Cable Aéreo y las obras en el Bulevar de la 48 y que adelantará acciones específicas sobre la gestión contractual del Instituto de Cultura y Turismo.
Al respecto, la Alcaldía señaló que esta vigilancia no significa una contratación indebida, sino que es una acción preventiva que se desarrolla en 19 alcaldías y gobernaciones más.
“Esta contratación se traduce en la ejecución de obras de infraestructura, programas y gestiones que impulsan el desarrollo de Manizales. Una cifra que, lejos de ser negativa, es muestra del progreso de la ciudad (…) Además, esta modalidad es legal y necesaria en cualquier entidad territorial del Estado a la hora de adquirir bienes y servicios especializados”, manifestaron.
Así mismo, resaltó que según lo indica el Portal de Datos Abiertos -SECOP Integrado- la capital caldense es la de menos contratos directos en la región durante los últimos tres años. Por encima están Pereira con 9.666 y Armenia con 6.634.
“La administración ha luchado contra la corrupción desde diferentes frentes y procesos, creó la Oficina de la Transparencia; implementó el Laboratorio de Innovación Pública, una herramienta en línea para hacer seguimiento en tiempo real de la gestión de la Alcaldía. Hemos actuado bajo estricto cumplimiento de la ley colombiana, en especial las directrices de Colombia Compra Eficiente; estamos abiertos a cooperar con cualquier auditoría que requiera algún organismo de control”, agregaron.
La Procuraduría también alertó en otro documento sobre empresas que estarían siendo usadas como ‘contrataderos’, la lista la conforman 19 entidades de todo el país, entre ellas Promueve +, de Caldas. La PGN busca establecer si -por medio de la celebración de estos convenios- se obvió la obligatoriedad de los documentos tipo, expedidos por Colombia Compra Eficiente.
En total, los contratos de todas las entidades suman alrededor de $3,3 billones de pesos. En el caso de Promueve +, habían sido seis por el orden de los 30 mil millones de pesos.
Al respecto, David Arias, gerente de Promueve +, resaltó que en ninguno de los apartes de esta alerta se habla de ilegalidad. “Los convenios y contratos interadministrativos son figuras jurídicas legales. La empresa no tiene abierta ninguna investigación ni ha sido notificada de un proceso similar, al contrario, la Contraloría seccional ha verificado el cumplimiento de estos contratos y ha encontrado una ejecución de recursos transparente y con impactos importantes en las comunidades”, dijo.
Finalmente, ante ambas situaciones la Corporación Cívica de Caldas, mencionó que ya había alertado respecto a estos casos y hace un llamado a disminuir este tipo de contratación.
“Como ONG que vigila la contratación pública, consideramos pertinentes las medidas de ente de control, pues hemos alertado varias veces sobre la contratación directa en el Instituto de Cultura y las dudas sobre Promueve +, que es una entidad mixta. Es de anotar que, a pesar de que esta forma de contratación es permitida, debe ser la excepción y no la regla porque mantenerla favorece arbitrariedades de los gobernantes y genera ambientes propicios para la corrupción”, agregó la gerente, María Úrsula Botero.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2023-02-24 20:54:36
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