Narcotráfico y crisis institucional, barreras a la paz en Montes de María – Otras Ciudades – Colombia

La región de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, ha sido históricamente corredor estratégico para los grupos armados ilegales.

Lo fue para el frente 37 de las Farc ‘Benkos Bihó’, al mando del desaparecido y temible comandante guerrillero ‘Martín Caballero’, a finales del siglo pasado. También lo fue para las Autodefensas Unidas de Colombia al mando del clan Castaño a inicios de este siglo.

A su paso por esta despensa agrícola del Caribe colombiano, los violentos han dejado dolor y muerte con más de un centenar de masacres, miles de familias desplazadas y miles de hectáreas de tierra usurpadas a campesinos. Rios de sangre bajaron por el Canal del Dique.

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En una zona clave para los diálogos 
regionales en busca de la paz total

“El orden social y territorial de Montes de María ha sido paupérrimo. Lo que uno encuentra es un gamonalismo y una aristocracia rurales basados en el poder de la tierra, donde el gran hacendado dispone de vidas y de recursos: En los últimos años pasamos del gamonalismo rural al clientelismo político. Luego vino el clientelismo armado y pasamos después a la parapolítica”, señala el profesor Amaranto Daniels, director del Instituto de Estudios Internacionales y del Caribe, de la Universidad de Cartagena.

Esta región está en la mira del Gobierno Nacional para ser una de las zonas clave de los diálogos regionales en busca de la paz total que impulsa el actual gobierno.

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“Históricamente ha habido inoperancia del estado de derecho en esta zona del caribe colombiano, y agreguemos una presencia diferenciada del estado: no es lo mismo la presencia del estado en la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar, que la presencia que hace en Colosó o en los corregimientos, porque allá no llega sino el inspector de policía. Allá no llegan ni salud ni educación”, agrega el profesor Daniels.

El Clan del Golfo impone el terror en la región

Hoy, la violencia en este corredor estratégico lo impone el Clan del Golfo, la banda criminal que mueve drogas, insumos para el procesamiento de coca y armas desde el Magdalena Medio hacia el puerto de Cartagena y el Golfo de Morrosquillo; pero que también acosa a las comunidades con extorsión y reclutamiento de jóvenes, como lo señala en cinco alertas tempranas sobre esta región, en los últimos cuatro años, la Defensoría del Pueblo.

Pese a la respuesta del Clan del Golfo de acogerse a la Paz Total propuesta por el Gobierno, en esta región del Caribe imponen el terror.

De hecho, esta semana hizo presencia en al menos cinco, de los 15 municipios que la conforman, con grafitis y pancartas, con las iniciales AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se hacen llamar; haciendo alusión al líder popular Jorge Eliecer Gaitán, de quien se celebró su natalicio número 100 el pasado 23 de enero.

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La banda criminal se ha expandido por los
Montes de María en los últimos 7 años

La presencia del Clan del Golfo en los Montes de María fue denunciada a finales del 2017 por las comunidades. Durante el 2019 fue noticia un enfrentamiento de la Infantería de Marina con este grupo armado en la alta montaña del municipio de El Carmen de Bolívar. Pero desde el 2020 a la fecha se volvieron comunes las denuncias por parte de la población y defensores de derechos humanos sobre la presencia de estructuras del clan en toda la región, con más vehemencia en la zona rural.

Pero fue en agosto del 2020, con una masacre en el barrio Villa María de El Carmen de Bolívar- un asentamiento irregular de migrantes venezolanos, donde fueron asesinadas tres personas- cuando el grupo mostró su poder criminal en la región.

El múltiple crimen suscitó un consejo de seguridad y de allí salió una lista larga de medidas al Ministerio de la Defensa que nunca fueron cumplidas.

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Con la llegada de la pandemia, el grupo armado se fortaleció y hoy impone el poder territorial tanto en zona rural como urbana de los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano y Marialabaja, en Bolívar. En Sucre lo hace en los municipios de Ovejas, San Onofre, Colosó, Chalán y Morroa, recuerda Erich Saumeth, consultor e investigador en temas de seguridad, defensa, convivencia y orden público.

“La presencia del clan del golfo en Montes de María constituye, además del resquebrajamiento de la seguridad ciudadana y el orden público, una amenaza a la salud pública, porque tenemos una creciente población con problemas de consumo de drogas alucinógenas en un rango de edad que va desde los 13 a los 35 y 40 años, y no se han implementado políticas públicas para prevenir y desestimular el consumo”, señala Saumeth.

Campesinos pagan extorsiones
mensuales de 250 mil pesos

La presencia de este grupo armado en la región está relacionada con actividades de expendio y control de sustancias alucinógenas; así como transporte de grades cantidades de cocaína; lo que afecta la seguridad ciudadana debido al aumento de homicidios en los 15 municipios que hacen parte de esta región.

“El año pasado en el Carmen de Bolívar hubo 33 homicidios: seis fueron actos de intolerancia, el resto fueron crímenes por sicariato, que fueron atribuidos directamente al Clan del Golfo, muchas de las víctimas tenían antecedentes judiciales y estaban asociadas a esta banda. Algunas tenían medidas de casa por cárcel, pero continuaban delinquiendo”, explica Saumeth.

Según este experto consultado por EL TIEMPO, la extorsión es creciente en zonas rurales, con mayor fuerza en el Carmen de Bolívar.

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Delincuentes emiten carnet a
las juntas de acción comunal

“Hombres del Clan del Golfo reúnen a los dueños de fincas y campesinos para imponer una cuota mensual, que en este momento está tasada en 250 mil pesos mensuales. Este dinero es entregado a la organización para garantizar ‘la seguridad’ de las comunidades en zona rural. Pero estas son cifras que se duplican cada año con la llegada de la cosecha de aguacate”, sostiene Saumeth, y va más allá:

“Ellos reúnen a la gente y emiten carnet a las juntas de acción comunal con el fin de identificar a las personas que se ven obligadas a pagar la extorsión, incluso les expiden paz y salvos”, asegura.

En los últimos tres años las autoridades han realizado innumerables reuniones y consejos de seguridad con la participación, incluso, de los ministros de la defensa y las cúpulas de la fuerza pública de los Gobiernos Duque y Petro. Solo en el Carmen de Bolívar han hecho 66 encuentros de esta naturaleza donde se han puesto en evidencia estos hechos.

“En lo últimos meses el nivel delincuencial se ha elevado a la gobernanza criminal. Es decir, imponen horarios en barrios y veredas para el tránsito y toque de queda de las comunidades. Y lo hacen con el único fin de consolidar el control territorial, como sucedió esta semana con el retén entre el Carmen de Bolívar y San Jacinto en el cual marcaron vehículos con las iniciales de las AGC, para mostrar poderío de cara a los diálogos regionales que tendrán como epicentro el Carmen de Bolívar”, agrega el experto en seguridad.

Cese al fuego y respeto por los derechos 
humanos piden comunidades

La Armada Nacional reporta que para el año 2022 en esta región fueron incautadas 2.5 toneladas de cocaína que iban rumbo al Puerto de Cartagena y a las playas del Golfo de Morrosquillo, y de allí los mercados de México, Estados Unidos y Europa.

También para el año 2022 fueron capturados por la Armada Nacional 102 hombres de esta organización criminal, ocho de ellos cabecillas de estructuras urbanas.

“El cese al fuego del Gobierno Nacional con los grupos armados ilegales no puede descuidar el diálogo con las comunidades, porque hoy la realidad es que estos grupos siguen violando derechos humanos a comunidades que han sido resilientes. Así que el Gobierno no está haciendo nada. Primero tiene que haber exigencias: dejen de violar los derechos humanos, dejen de reclutar niños y niñas, dejen la extorsión y a la intimidación”, dice Blanca Victoria Sabagh, líder sociales de organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos ODDC.

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Van cinco alertas tempranas en los últimos cinco años

Entre el 2019 y el 2022 la Defensoría del Pueblo emitió cinco alertas tempranas sobre esta región donde advierte el reclutamiento forzado y el abuso sexual de menores, así como el desplazamiento de cientos de familias y líderes sociales que han denunciado el accionar del Clan del Golfo en sus comunidades.

Las primeras alertas tempranas advertían crisis en seguridad y violaciones a los derechos humanos en las poblaciones de El Carmen de Bolívar y Marialabaja, en Bolívar, y San Onofre (Sucre). Luego, en el 2020 una nueva alerta para El Carmen de Bolívar fue ampliada a los municipios de Zambrano y San Jacinto. Y ante el clamor de las comunidades, en el 2022, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para todo el territorio montemariano.

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“La Procuraduría General de la Nación ha atendido el clamor de los Montes de María donde mas de 30 veredas se han dirigido a esta entidad, sobre todo sus concejos de paz que son sus representantes, para denunciar las graves afectaciones que vienen sufriendo a manos del clan del golfo, han denunciado homicidios, desplazamiento forzado, confinamiento rural por mas de 12 horas, intimidación a través de panfletos, extorsión incluido el sector comercial es una situación que han puesto en conocimiento del alto comisionado de paz para que atienda esta situación de seguridad”, señaló el pasado 12 de enero Zenaida de Jesús López, procuradora delegada para asuntos y seguimiento al proceso de paz, de la Procuraduría General de la Nación.

Los planes de desarrollo están lejos del objetivo de la paz

El Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Cartagena publicará en los próximos días los resultados de un estudio a esta región donde se revela que paz no hace parte del proyecto político local.

“Uno supondría que los gobernadores de Bolívar y sucre y los 15 alcaldes que hacen parte de los Montes de María, en sus planes de desarrollo, debieron incorporar los cinco puntos de los acuerdos de paz de la Habana, pero desafortunadamente cuando vemos los planes de desarrollo de estas regiones no existe la incorporación ni articulación entre la nación y el territorio”, señala el profesor Daniels.

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Se estarían reviviendo viejos conflictos
no resueltos por la tierra

“Del despojo de mas de 100 mil hectáreas de tierra que hubo en los Montes de María, solo se han devuelto 18 mil hectáreas, y eso demuestra la fragilidad institucional del estado en Colombia. Ahora se suma el conflicto por el uso de los recursos, en Montes de María los protocolos de atención de desastres no funcionan, y entre muchas cosas hay un mal manejo de las basuras, por ejemplo”, añade Daniels.

En múltiples consejos de seguridad, las comunidades han solicitado el despliegue de fuerzas de tarea conjunta para la zona y el desarrollo de planes integrales de seguridad y convivencia y protección ciudadana regionales, además de la construcción de una cárcel en el Carmen de Bolívar. Pero ninguna de estas solicitudes se ve ni en el corto ni mediano plazo.

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La salida que ven a corto plazo las comunidades es la realización de los diálogos regionales con el fin de que esta banda criminal se desmovilice; pero piden que entreguen el control que tienen sobre el negocio del narcotráfico, origen de toda la violencia.

John Montaño
Corresponsal de EL TIEMPO
Cartagena 
En Twitter: @PilotodeCometas