Presupuesto General de la Nación 2026: aumentan los gastos de funcionamiento y la presión fiscal | Crecimiento | Economía

Colombia se prepara para enfrentar un 2026 fiscalmente intenso luego de la radicación del proyecto de Presupuesto General de la Nación por $556,9 billones, equivalente al 28,9 % del PIB, según las cuentas del Ministerio de Hacienda, que dejó claro una vez más que los principales retos financieros recaerán sobre el gasto operativo del Estado.

Aunque la cifra representa una leve reducción respecto al 29% del PIB en 2025, los expertos señalan que en términos nominales implica una expansión del 5,9% frente al presupuesto original del año anterior y del 9% si se compara con el monto finalmente ejecutado tras los recortes aplicados en el transcurso del año.

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Uno de los primeros elementos que llama la atención es que el proyecto incorpora $26,3 billones que dependen de la aprobación de una reforma tributaria, es decir, recursos contingentes que representan el 1,4% del PIB. Sin esa aprobación, el diseño fiscal se vería severamente afectado.

Presiones al gasto y la inversión

Durante la presentación del Presupuesto, el Gobierno resaltó que estos ingresos adicionales son clave para garantizar los niveles de inversión pública y sostenibilidad macroeconómica en medio de un contexto desafiante, ya que de no lograrse, la inversión podría caer más de un 14% y retroceder hasta los $62,4 billones, apenas el 3,2% del PIB.

Entre tanto, uno de los elementos que más presión ejercerá sobre las finanzas públicas en 2026 es el gasto de funcionamiento, que alcanzará los $365,7 billones, es decir, el 19,9% del PIB. Según Itaú, esto supone un incremento del 11% frente a 2025; mientras que el Ministerio de Hacienda advierte que este rubro es altamente inflexible.

La mayor parte de su crecimiento se explica por el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales en áreas como salud, educación, pensiones y funcionamiento del aparato judicial, policial y administrativo del Estado, que son cargas estructurales difíciles de reducir sin reformas profundas.

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Así mismo, el servicio de la deuda también representa una carga considerable, dado que si bien muestra un ligero retroceso a $102,4 billones, desde los $112,6 billones de la vigencia en marcha, su peso sobre las cuentas fiscales sigue siendo elevado, en un entorno de tasas aún altas y mercados financieros con menor apetito por riesgo.

En medio de esa presión por el gasto corriente, el gobierno insiste en priorizar la inversión pública y la propuesta presentada al Congreso asigna $88,8 billones para este propósito, lo que equivale al 4,6% del PIB y es una cifra que representa una leve mejora frente al 4,3% del PIB destinado en 2025.

Apenas comienza el debate para el Presupuesto Nacional del próximo año.

Imagen de ChatGPT

“El objetivo es mantener programas estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, como la educación superior gratuita, la salud preventiva, la transición energética con enfoque solar, la movilidad férrea, el acceso al agua potable y la implementación del Acuerdo de Paz”, dijeron desde el Gobierno Nacional.

El Ministerio de Hacienda ha sido enfático en que este presupuesto refleja una estrategia de consolidación fiscal con visión de desarrollo y sostiene que un ajuste abrupto que recorte la inversión pública sería contraproducente, pues afectaría el crecimiento, reduciría el recaudo tributario y pondría en riesgo la sostenibilidad de la deuda.

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En ese sentido, el proyecto de ley hace uso de la cláusula de escape de la regla fiscal, activada para preservar la estabilidad macroeconómica en un escenario de ingresos insuficientes, figura, prevista por la Ley 1473 de 2011 y reformada por la Ley 2155 de 2021, permite mayor flexibilidad a corto plazo sin renunciar a las metas fiscales de mediano plazo.

El documento también plantea un cambio de enfoque en la inversión pública, alejándose de los modelos centrados en concesiones viales o subsidios a combustibles fósiles, que han mostrado bajo impacto en la reducción de la desigualdad regional. En su lugar, propone fortalecer el papel del Estado en la transformación productiva y social, con una apuesta por sectores que amplíen el potencial de recaudo tributario a futuro.

Apenas comienza el debate para el Presupuesto Nacional del próximo año.

Imagen de ChatGPT

Con todo lo anterior, basta con decir que el plazo para aprobar el PGN en el Congreso vence el 20 de octubre y que antes de esa fecha deberá definirse no solo el monto total del presupuesto, sino también si el país contará o no con los ingresos adicionales de la reforma tributaria, ya que de ello dependerá el alcance de la inversión pública en un año que se perfila como fiscalmente complejo.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio