el 2025 marcó un repunte alarmante en la violencia contra personas Lgbtiq+ en Antioquia
📅 🕐 08 Ene 2026🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 6 min de lectura
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El pasado 2 de enero, dos mujeres trans se encontraban durmiendo en una celda de la subestación de Policía de Altavista, cuando una de ellas se despertó al sentir que sus pies se quemaban y, al hacerlo observó fuego en la colchoneta.
Ambas mujeres rogaron que las dejaran salir, sin embargo, otros dos hombres que estaban allí recluidos las habrían amenazado de muerte por ser integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
No solo eso, según la Fiscalía, «les lanzaron aceite caliente y les prendieron fuego causándoles heridas en varias partes del cuerpo».
Los hechos ocurrieron en la subestación de Policía de Altavista. Foto:Archivo particular.
Ambos hombres fueron procesados por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa
Este es tan solo uno de los casos por los que organizaciones sociales afirman que Antioquia se ha consolidado como uno de los epicentros más persistentes y preocupantes de violencia homicida contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Colombia.
Durante el último quinquenio, esta región ha concentrado una proporción significativa de los asesinatos motivados por el prejuicio, evidenciando patrones sistemáticos que afectan de manera desproporcionada a hombres gais y mujeres trans.
Según los datos registrados por el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, entre los años 2020 y 2024, el departamento concentró 159 casos, lo que representa aproximadamente el 17% de los asesinatos registrados en todo el país durante ese periodo (902 casos).
1 de cada 6 homicidios cometidos contra personas LGBTIQ+ en Colombia tuvo lugar en Antioquia. Foto:Caribe Afirmativo.
“En otras palabras, 1 de cada 6 homicidios cometidos contra personas LGBTIQ+ en Colombia tuvo lugar en Antioquia, lo que evidencia no solo la gravedad del fenómeno en esta región, sino también la necesidad urgente de intervenciones estructurales y políticas públicas diferenciales que aborden las causas profundas de estas violencias”, dice el reporte de Caribe Alternativo.
Sin embargo, el panorama del año 2025 prendió todas las alarmas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues se ha documentado un preocupante aumento de los casos de violencia extrema. Ese año se registraron 26 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Antioquia, una cifra que ya supera el total de casos documentados en el año 2024, cuando se reportaron 24 muertes violentas.
Este repunte rompe con la tendencia descendente que se venía observando desde 2020, cuando el departamento alcanzó un pico de 47 casos.
Marcha Lgbtiq+ Foto:AFP
La distribución de las víctimas en 2025 muestra una realidad cruda: 12 hombres gais, 7 mujeres trans, una mujer lesbiana, un hombre trans y cuatro personas cuya orientación sexual aún no ha sido determinada perdieron la vida en hechos violentos.
La violencia en Antioquia no se distribuye de manera uniforme, sino que responde a dinámicas territoriales específicas. Medellín, debido a su densidad poblacional y posición estratégica, sigue siendo el foco principal de estas agresiones, pero municipios como San Roque, Bello, Hispania, Segovia, Caucasia, Andes, Dabeiba y Chigorodó también han sido escenario de crímenes atroces este año.
Las víctimas
El primer caso del 2025 fue el de Margarita Enith Gonzales Gil, una docente de 38 años y reconocida líder comunitaria en San Roque, cuyo cuerpo fue hallado el 5 de enero con signos de asfixia mecánica.
Mateo Jaramillo fue asesinado en su apartamento en Medellín. Foto:Google maps y redes sociales
Semanas después, el 18 de enero, la capital antioqueña vivió una jornada trágica con el asesinato de tres hombres gais en hechos aislados: el docente Mateo Jaramillo en el barrio Laureles, Jonatan Rodríguez en Bello y Juan Carlos en el centro de Medellín.
Los patrones de criminalidad identificados en el departamento revelan una sevicia particular según la identidad de la víctima. En el caso de los hombres gais y bisexuales, se ha detectado un modus operandi recurrente donde los homicidios ocurren en espacios privados como viviendas o habitaciones de hotel. Muchas de estas víctimas son amordazadas y sometidas mediante restricción de movimiento tras haber establecido contacto con sus agresores a través de redes sociales o aplicaciones de citas, lo que sugiere una premeditación en la selección de las víctimas.
Casos recientes como el de Leonardo Duque el 10 de noviembre y Marco Guillermo el 30 de noviembre en Medellín refuerzan esta preocupante tendencia de vulnerabilidad en espacios de supuesta intimidad.
Familia de Sara Millerey reveló quienes fueron las personas que la rescataron Foto:X: @psbrookes1 / @BastillaJenner
Por otro lado, la violencia contra las personas trans en Antioquia durante 2025 alcanzó niveles de brutalidad extrema. Carolina Muñoz, una mujer trans recolectora de café, fue hallada sin vida en Hispania el 23 de enero con las manos y pies atados. En marzo, la comunidad de Caucasia lamentó el asesinato de Sheik Quintana, atacada dentro de su propia casa, mientras que en Andes se reportó el hallazgo de una mujer trans decapitada en un cafetal.
Quizás uno de los casos más impactantes fue el de Sara Millerey en Bello, quien tras ser brutalmente golpeada fue lanzada a una quebrada; su agonía fue grabada y viralizada en redes sociales, lo que subraya el carácter simbólico y de odio de estos crímenes. Otros nombres como Tailyn Valencia, Fernanda Dominico en Dabeiba y Ángelo Posso en Medellín se suman a esta lista de vidas segadas por el prejuicio.
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Esta crisis humanitaria en Antioquia no es un fenómeno aislado, sino que está alimentada por factores estructurales como la presencia de actores armados ilegales que ejercen control social y territorial, imponiendo normas de comportamiento basadas en imaginarios excluyentes.
A esto se suma la persistencia de discursos de odio en entornos digitales y físicos, y una alarmante falta de esclarecimiento judicial que perpetúa la impunidad.
Las organizaciones sociales insisten en la urgencia de implementar políticas públicas efectivas, rutas de protección con enfoque diferencial y una respuesta institucional que no solo castigue a los culpables, sino que aborde las causas profundas de la discriminación que en 2025 bañó de sangre al departamento.
