Gobierno rechaza concesión de Odinsa para Autopistas del Café: los peajes, las obras y los millonarios recursos que quedan en vilo en el Eje Cafetero
En ocho meses termina el contrato de concesión que durante los últimos 30 años administró la denominada Autopistas del Café. Esta empresa tiene a cargo, hasta febrero de 2027, la vía que une a las tres capitales del Eje Cafetero y los siete peajes que allí se ubican.
La región, desde hace más de dos años, se preparaba para “negociar” las obras y los términos de una nueva concesión, que sería firmada por otros 30 años. Sin embargo, el Gobierno Nacional rechazó ayer la propuesta del grupo Odinsa Vías y que, según expresaron sus directivos a este medio, ya estaba en fase de factibilidad tras hacer ajustes pedidos por algunos sectores sociales.
Este anuncio, hecho por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, deja a la región en un panorama incierto, pues se desconoce qué sucederá con la vía: si quedará en manos del Estado, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), o si se buscará otro modelo de administración del corredor vial, que tiene algunas conexiones con el Valle del Cauca.
La propuesta de Odinsa se conoce como Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro y tiene voces a favor y en contra. Estas últimas sobre todo en Caldas y Risaralda, donde rechazan la cantidad de peajes ubicados allí y han señalado reiteradamente que las obras que se proponían no solucionaban las necesidades de estos departamentos. La mayor inconformidad proviene de Caldas, donde se ubican cinco de los siete peajes. Allí se originaron las protestas que llevaron al reciente anuncio.
Ante este panorama, Odinsa señaló días atrás que había reestructurado la propuesta que presentó inicialmente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hace poco más de dos años y que se preparaban para iniciar un nuevo proceso de socialización. En la nueva propuesta estaría contemplada la reducción del precio de peajes o la eliminación de algunos.
Aunque la región no se había puesto de acuerdo sobre las obras y los peajes, autoridades y gremios coinciden en que la iniciativa privada beneficia a la región.
El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, cuestionó especialmente cómo se financiarán las obras que requiere su departamento, pues se desconoce cómo y para qué será el recaudo.
Añadió que la inversión privada es necesaria para el desarrollo, pero precisó que desconoce los detalles de la nueva propuesta y los motivos del rechazo. “Si no hay inversión privada, el recurso tendrá que estar a cargo del Gobierno Nacional. La pregunta es para ellos ahora: ¿están los recursos disponibles para poder generar las inversiones que requieren los territorios para el desarrollo de la malla vial? (…) Si no hay una inversión privada seria, con una propuesta técnica que cumpla los requisitos, tampoco vamos a tener desarrollo vial en los próximos 30 años en los territorios”, apuntó.
A su vez, en una carta enviada al presidente de la ANI, el Comité Intergremial de Risaralda consideró que la IP Conexión Centro no debe ser rechazada de manera anticipada. “Una iniciativa de esta naturaleza debe ser revisada, socializada y evaluada en sus componentes técnicos, financieros, jurídicos, ambientales y sociales. Solicitamos respetuosamente que se abra el espacio para conocer la última versión del proyecto y sus alternativas”, indicaron.
La directora de la Sociedad de Mejoras de Pereira, Ana María Cuartas, dijo que durante más de dos años han participado en el proceso de ajustes de la propuesta, solicitaron nuevas obras y propusieron soluciones. “Hemos insistido en la necesidad de fortalecer la conectividad Armenia-Pereira-Manizales, resolver cuellos de botella históricos, garantizar mayor equilibrio en las inversiones y responder a los desafíos de movilidad y competitividad que enfrentará nuestra región durante las próximas décadas. Precisamente por eso, consideramos inconveniente que una iniciativa de esta magnitud pueda ser desestimada sin culminar adecuadamente las evaluaciones institucionales”, sostuvo.
Entre tanto, el Comité Intergremial del Quindío se sumó al debate por medio de una carta. “Nuestra mayor preocupación radica en que, al descartar el modelo de Asociación Público-Privada (APP), obras trascendentales para la competitividad regional, específicamente la doble calzada Calarcá-La Paila, priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno, podrían alejarse de ser una realidad para el territorio”, se lee.
La Cámara de Comercio de Armenia y la Sociedad de Ingenieros del departamento también rechazaron el anuncio del Gobierno. “Resulta altamente preocupante que el futuro de la infraestructura estratégica de la región se definiera sin la presentación de una alternativa técnico-financiera que garantice no solo la adecuada operación del corredor vial, sino también la disponibilidad de recursos para su mantenimiento, mejora y culminación de obras”, dijeron.
Desde Caldas, el gobernador Henry Gutiérrez llamó a lograr un acuerdo que garantice el mantenimiento y la inversión vial. “Necesitamos una solución justa. No se trata simplemente de acabar con todo sin pensar en el mantenimiento de las vías, pero tampoco podemos aceptar que Caldas siga soportando la mayor carga de peajes de la región”, sostuvo.
La Procuraduría general de la Nación solicitó al Mintransporte y a la ANI informar sobre las mesas técnicas y reuniones interinstitucionales, espacios de articulación o escenarios de concertación adelantados con gobernaciones, alcaldías, organizaciones sociales y demás sectores para definir el futuro de la concesión del Eje Cafetero.
Además pide informar qué mecanismos de participación ciudadana, coordinación institucional y articulación territorial se tienen previstos para definir el esquema. Y solicitó información sobre el estado del contrato de concesión suscrito con Autopistas del Café.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
En la sección: EL TIEMPO.COM -Colombia
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