Oficina del Alto Comisionado de Paz anunció la reanudación de la mesa de paz urbana en la cárcel de Itagüí tras la parranda vallenata
📅 🕐 22 May 2026🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 7 min de lectura
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El 8 de abril de 2026, la cárcel de máxima y mediana seguridad de La Paz, en el municipio de Itagüí, se convirtió en el epicentro de una de las polémicas más grandes que se han desatado a nivel nacional en los últimos años: la parranda de Nelson Velásquez al interior del penal.
La celebración que tuvo lugar al interior del pabellón de alta seguridad, que habría costado 500 millones de pesos pagados por varios internos y que contó con la presencia de más de un centenar de visitantes no autorizados, se realizó en el marco de dos ocasiones: la celebración del cumpleaños de alias Pocho, cabecilla de ‘La Agonía’ condenado a 36 años de prisión, y la posible libertad condicional de alias ‘Lindolfo’, cabecilla de ‘La Oficina’, condenado a 18 años.
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El cantante Nelson Velásquez se presentó en la parranda vallenata de la cárcel de Itagüí. Foto:Redes sociales.
‘Lindolfo’ y ‘Pocho’ tienen varias cosas en común, una de ellas es que ambos son voceros de la mesa de paz urbana de la cárcel, un espacio de diálogo sociojurídico entre el Gobierno Nacional y las estructuras criminales del Valle de Aburrá, que son representadas, precisamente, por algunos de sus cabecillas históricos, hoy condenados en esta prisión.
Estas conversaciones de paz se instauraron en junio de 2023 y desde entonces, la senadora Isabel Cristina Zuleta ha representado al Gobierno Nacional en estas conversaciones que tienen como fin último la paz urbana en el Valle del Aburrá y la transición de las estructuras de alto impacto a la legalidad.
Sin embargo, luego de que se revelara que varios de los voceros de la mesa de paz habían tenido parte orquestando la parranda vallenata, y en medio de una polémica que apenas nacía por la suspensión de las órdenes de captura a los cabecillas que componen la mesa, el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender los diálogos en tanto se esclarecía lo ocurrido ese 8 de abril en ‘La Paz’.
En un comunicado al día siguiente, la propia delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional anunció la decisión: «El espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ) tiene como propósito la construcción de Paz Urbana: el desescalamiento de violencias, la territorialización de la paz y el tránsito de los integrantes de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto – EAOCAI al Estado Social de Derecho. Dicho esto, ponemos de manifiesto: los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en la cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Instituto Nacional Penitenciario – Inpec no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ».
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Mesa de paz de Itagüí suspendida por fiesta con Nelson Velázquez. Foto:Redes sociales
Desde entonces, diferentes entidades del Gobierno Nacional, encabezadas por la Procuraduría General de la Nación, han estado adelantando procesos de investigación para determinar las responsabilidades de lo ocurrido el 8 de abril.
Por lo pronto, pasados casi dos meses, 12 funcionarios del Inpec, incluidos el director y el subdirector del penal están siendo investigados por su presunta complicidad y una serie de omisiones que posibilitaron la realización de la fiesta. En cuanto a los internos, dos han sido trasladados a otras prisiones del país, uno fue precisamente el celebrado ‘Pocho’, quien fue enviado a la cárcel de Girón, Santander.
Ahora, este viernes 22 de mayo, la delegación de paz urbana del Gobierno Nacional emitió un nuevo contundente comunicado en el que anuncia que se reanudan los diálogos entre el Estado y las estructuras del Valle de Aburrá: «La paz urbana no se suspende: firmeza y compromiso ante la adversidad», se lee en el documento.
Tras citar logros que desde la delegación le adjudican como resultados al espacio sociojurídico de conversaciones, tal como la reducción de homicidios en la capital de Antioquia en los últimos dos años, señalaron que el espacio ha sido víctima de saboteos políticos, judiciales y penitenciarios por parte de «un sector político de la derecha de Medellín y Antioquia«.
Aseguraron que estos saboteos tienen como propósito que haya violencia en las ciudades y que el Gobierno Nacional no avance en los diálogos de paz.
Además, aseguraron que la Fiscalía General de la Nación también se sumó a lo que llaman una ‘obstrucción de paz‘.
También, señalaron al Congreso de la República de ser renuentes a «darle curso a un proyecto de ley que genere herramientas jurídicas y justicia restaurativa para el tránsito al Estado Social de Derecho».
A pesar de las presuntas obstrucciones señaladas por la delegación de paz urbana del Gobierno Nacional, en el comunicado informan que las partes continúan comprometidas para avanzar con hechos de paz concretos y medibles hacia un Acuerdo de Paz Urbana para el Valle de Aburrá que incluya verdad, reparación a las víctimas, sustitución y transformación de economías ilícitas, y el tránsito al Estado Social de Derecho por parte de las estructuras delincuenciales de la región.
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Anuncio de reanudación de la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí. Foto:@PazUrbana.
La Oficina del Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, hizo eco del comunicado y agregó: «La Paz Urbana no se suspende. A pesar de los intentos de sabotaje y las barreras institucionales, el compromiso con la vida, diálogo y transformación de los territorios sigue firme».
El presidente Gustavo Petro hizo lo propio a través de su cuenta de X y aseguró: «Es el proceso de paz de bandas de Medellín lo que ha permitido bajar la tasa de homicidios de la ciudad a un nivel mejor que el de Bogotá y la mayoría de capitales de Colombia. Algo que sería impensable hace unos años. El intento de quitarle la competencia del presidente como rector constitucional del orden público para sabotear procesos de paz en curso solo traería como consecuencia elevar la violencia en Medellín«.
El Jefe de Estado ratificó la postura expresada por la delegación de paz urbana y por la Oficina del Alto Comisionado de Paz al advertir: «La violencia solo hace crecer el narcotráfico y la sociedad pierde. El sabotaje a los procesos de paz solo es un suicidio«.
Así, el espacio sociojurídico retomará su curso persiguiendo la agenda anunciada unos meses atrás, cuando en rueda de prensa, las partes anunciaron la firma de un acuerdo para alcanzar un Acuerdo Condicionado de Paz antes del final del gobierno del presidente Gustavo Petro.
A pesar de ello, existe incertidumbre acerca del devenir de los diálogos, luego de los traslados de voceros, la cancelación de las suspensiones de las órdenes de captura y las polémicas que han rodeado al espacio sociojurídico de la cárcel de Itagüí.
