¿Qué impactos genera la decisión del Consejo de Estado de suspender diálogos con ‘Segunda Marquetalia’? Reacciones sobre proceso en Nariño y Putumayo
📅 🕐 hace 2 min🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 9 min de lectura
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La decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional los efectos de la resolución 064 del 28 de febrero de 2024, mediante la cual el Gobierno Nacional autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz con la ‘Segunda Marquetalia’, generó preguntas y reacciones de diferentes sectores sociales de Nariño sobre qué pasará con el proceso de negociación en esta región que se adelanta con la facción de este grupo armado llamado ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ (CNEB)’.
Excombatiente de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto:Gina Parra
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Además, la oficina del Alto Comisionado de Paz indicó: “Como lo ha informado oportunamente nuestra delegación de paz a la opinión pública, desde el mes de noviembre de 2024, con la agrupación ilegal ‘Segunda Marquetalia’ no existe ningún contacto o comunicación y, menos aún, negociación con el señor ‘Iván Márquez’”. Se señaló que los diálogos son con la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ (CNEB)’.
La medida del Consejo de Estado no es una sentencia definitiva, sino una suspensión provisional mientras se resuelve de fondo la solicitud de medida cautelar presentada en el marco de la demanda de nulidad simple que contra ese acto administrativo presentó la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) el 19 de marzo de 2024. Esta demanda fue admitida el 9 de mayo del mismo año.
Integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano al Gobierno. Foto:Cortesía
Para la FEDe, «la resolución 064 del 28 de febrero de 2024 autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz con la organización entonces denominada Segunda Marquetalia, hoy ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ (CNEB)».
Decisión del Consejo de Estado. Foto:Consejo de Estado
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‘El Gobierno Nacional expidió resolución sobre referencias a la ‘Segunda Marquetalia’ como ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’
La FEDe también dice: «El Gobierno Nacional expidió posteriormente la resolución 202 del 9 de julio de 2025, mediante la cual dispuso que todas las referencias a la ‘Segunda Marquetalia’ contenidas en los actos administrativos, acuerdos y protocolos expedidos desde la resolución 064 de 2024 se entenderían, en adelante, en referencia a la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ (CNEB). En consecuencia, el Gobierno Nacional ‘autorizó’ el cambio de nombre de la organización, manteniendo como fundamento de la negociación la resolución 64 de 2024, decisión suspendida provisionalmente por el Conejo de Estado».
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“Mientras permanezca vigente esta medida cautelar del Consejo de Estado, la resolución que autorizó la instalación de la mesa de diálogos queda suspendida, lo que significa que el fundamento jurídico sobre el que se inició ese proceso de paz no podrá producir efectos hasta que el Consejo de Estado adopte una decisión definitiva”, aseguró Andrés Caro, director de FEDe. Colombia.
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Para Caro, la decisión marca un precedente sobre el alcance de la Ley 2272 de 2022, pues en ella «se concluye, de manera preliminar, que el Gobierno Nacional no puede adelantar diálogos políticos con las disidencias de las Farc que sean integradas por excombatientes que regresaron a las armas después de suscribir el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera del 2016. Según el Consejo de Estado, esa prohibición constitucional y legal comprende a la CNEB».
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’. Foto:Consejería de Paz.
El jefe negociador el jefe negociador del Gobierno con el CNEB, el exmagistrado Armando Novoa, dijo que los diálogos con la ‘Coordinadora’ han permitido «sacar a 100 personas de la violencia y eso es un logro fundamental». Has sostenido: «Esperamos pueda ser irreversible, por eso seguimos insistiendo en este esfuerzo”.
Aseguró, a su vez, una reducción de homicidios de hasta el 50 % entre 2024 y 2025 en Putumayo y Nariño, donde la disidencia ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ tiene presencia.
No obstante, de acuerdo con analistas, el proceso de negociación con la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ ha venido enfrentando tumbos. Uno de ellos, por ejemplo, fue la suspensión del séptimo ciclo de diálogos realizado el 12 y 13 de abril en Llorente, Nariño.
Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en ese momento «confluyeron dos tensiones de fondo que no han logrado resolverse: por un lado, la insuficiencia de recursos para implementar lo pactado y, por otro, el desacuerdo entre las partes frente a la erradicación y sustitución de cultivos de coca, un tema que, lejos de ser técnico, se ha convertido en el principal nudo político de la negociación».
Un informe de Pares reporta, además, que «desde su inicio, la mesa ha operado con una contraparte insurgente débilmente cohesionada, ya que la CNEB, como resultado de una fragmentación de la ‘Segunda Marquetalia’, no ha logrado consolidar una estructura con control efectivo sobre sus unidades en territorio, lo que limita su capacidad tanto para responder por los compromisos adquiridos como para traducir las decisiones tomadas en la mesa en comportamientos consistentes en el terreno, de modo que lo que inicialmente se manifestaba como un problema de representatividad ha evolucionado hacia una dificultad más profunda relacionada con la sostenibilidad misma del proceso, especialmente en contextos donde la economía de la coca continúa siendo un eje organizador de la vida social y económica».
Pares también dice: «Durante marzo de 2026, la mesa ya había entrado en un momento de alta tensión tras la muerte de alias Machaco, uno de los negociadores de la ‘Coordinadora’, hecho que llevó a la organización a declarar el proceso en “estado crítico” y a cuestionar las garantías de seguridad para su participación, a lo que se sumó una suspensión temporal de los diálogos bajo la figura de consultas internas que, más allá de su carácter formal, evidenció la existencia de desacuerdos sustantivos no resueltos, de manera que la coyuntura de abril no constituye una ruptura aislada sino la profundización de una tendencia en la que la mesa no logra estabilizarse y opera en ciclos interrumpidos, sin continuidad efectiva».
La reacción en la Gobernación de Nariño
El secretario de Gobierno del departamento, Fredy Gámez, dijo que la medida del Consejo de Estado se trata de una decisión tardía que impacta de manera negativa los diálogos. Señaló que se han mostrado avances con el grupo armado ilegal, entre los cuales mencionó el desescalamiento del conflicto armado, la protección de la vida, la disminución del desplazamiento y el confinamiento de la población civil y la destrucción controlada de 14.000 toneladas de explosivos.
“La decisión no podría convenir, cuando ya algunas personas fueron instaladas en una zona de ubicación temporal y además han entregado las armas, entonces sería una decisión tardía”, dijo.
El funcionario luego afirmó: “Hacemos un llamado a que se tenga claridad en los territorios, que el Consejo de Estado no nos mire únicamente desde el punto de vista jurídico, sino a que ponga sus ojos en el departamento de Nariño donde se sigue protegiendo a las vidas”.
Sobre los pasos que se van a dar en Nariño aclaró: “Se van a interponer los argumentos jurídicos que sean necesarios ante el concepto emitido por el Consejo de Estado”.
Sostuvo que desde la Gobernación de Nariño se ha entregado la información necesaria a los jefes negociadores de los diálogos sobre los niveles de violencia en contraste con el año 2024.
‘Es la oportunidad de construir una ruta clara’
La exalcaldesa de Policarpa y líder social Claudia Cabrera Tarazona opinó sobre el mismo tema y dijo que este momento también puede representar una oportunidad, para que las estructuras armadas adopten una ruta diferente.
“El nuevo escenario político plantea la posibilidad de avanzar hacia mecanismos de sometimiento a la justicia, dentro del marco de la Constitución y la ley, que ofrezcan mayor seguridad jurídica tanto para el Estado como para quienes decidan abandonar definitivamente las armas”, declaró.
Puso de presente que uno de los grandes cuestionamientos que tuvo el proceso anterior fue precisamente la incertidumbre sobre los alcances jurídicos de los acuerdos y las garantías reales que podían ofrecerse a los integrantes de las organizaciones al margen de la ley.
“Hoy, el reto debe ser construir una ruta clara, transparente y con pleno respaldo institucional. Quienes realmente tengan voluntad deberían asumir ese camino, resolver su situación judicial en Colombia, y cuando corresponda, atender también los compromisos y requerimientos de la justicia internacional”, señaló la lideresa.
Expresó que la paz solo será sostenible si está acompañada de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Dijo, además, que Nariño necesita mucho más que el silenciamiento de los fusiles y añadió: “Necesita recuperar la confianza en las instituciones, fortalecer la legalidad y cerrar definitivamente el paso a las organizaciones criminales que se han enriquecido a costa del sufrimiento de las comunidades”.
Insistió en que el verdadero propósito de cualquier proceso debe ser consolidar la paz, combatir la corrupción y garantizar que nunca más las economías ilícitas sean las que definan el futuro del territorio.
La posición de la Iglesia Católica
Frente a la incertidumbre que se ha tejido alrededor del proceso, el obispo de la Diócesis de Pasto, monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, dijo que la Iglesia siempre ha estado dispuesta a los espacios que permitan una salida civilizada, negociada y respetuosa de los conflictos.
Agregó que es necesaria la seguridad en los territorios, pero apoyada de inversión social, especialmente con los más vulnerables y abandonados.
Sobre los procesos que avanzan con los grupos Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, consideró que están a la espera de lo que determine a partir del 7 de agosto próximo el nuevo presidente Abelardo de la Espriella.
Sin embargo, precisó que la Iglesia Católica ha manifestado que se hace necesario continuar con esta iniciativa de pacificación en la región.
MAURICIO DE LA ROSA Y CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsales de EL TIEMPO
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