Quedan nueve meses para las elecciones presidenciales de Estados Unidos pero este jueves va a vivirse en el Tribunal Supremo de Washington un momento que puede resultar definitorio no solo para el proceso electoral, sino para el futuro político de Donald Trump y, más importante aún, del país.
A las 10 de la mañana (16.00 horas en la España peninsular) los nueve magistrados del Alto Tribunal (seis conservadores nombrados por republicanos, incluyendo tres por el propio Trump, y tres progresistas) escucharán los argumentos de las partes en la apelación que el expresidente y favorito republicano ha hecho al veto que en diciembre le impuso el Supremo de Colorado para aparecer en las papeletas de las primarias de ese estado.
En aquella decisión se consideró a Trump un insurreccionista y por tanto descalificado para ser presidente de nuevo en virtud de la sección 3 de la Enmienda 14, una “cláusula de descalificación” que hasta ahora el Supremo nunca había abordado. Y el Alto Tribunal tiene ahora en sus manos la decisión política más trascendental del último cuarto de siglo, desde que en 2000, por una votación 5-4, entregó la presidencia a George W. Bush sobre Al Gore, una sentencia que dio un golpe a su reputación, que solo ha seguido deteriorándose desde entonces bajo sombras de extrema politización y escándalos éticos.
Estas son los elementos y claves de un caso, de una vista y de posibles decisiones donde colisionan ley y política, que ha roto las líneas tradicionales entre conservadores y progresistas en el espectro legal (con algunos conservadores apoyando la descalificación de Trump). Las consecuencias son impredecibles pero tendrán en cualquier caso una trascendencia monumental, especialmente en un país polarizado y radicalizado, que ya vivió el 6 de enero de 2021 el asalto al Capitolio y donde el espectro de posible violencia está aún más disparado ahora.
La sección 3 de la Enmienda 14
Aprobada en 1868, tres años después de que acabara la guerra civil, la Enmienda 14, que aborda principalmente derechos de ciudadanía, incluye esa sección que estipula que no podrá ocupar un cargo público civil o militar ninguna persona que, habiendo tenido un cargo antes en el que prestara juramento de apoyar la Constitución de EEUU, “haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”.
El texto, que da también margen al Congreso para evitar la descalificación si lo aprueban mayorías de dos tercios en las dos cámaras, estaba pensado entonces para evitar que los confederados volvieran al poder pero se escribió también con margen para cubrir futuras insurrecciones.
Su lenguaje no incluye expresamente la palabra “presidente” sino “officer” (cargo público), y ese es uno de los elementos centrales ahora del debate jurídico.
El caso
El verano pasado, William Baude y Michael Stokes Paulsen, dos académicos legales conservadores publicaron un extenso artículo de 126 páginas en el que, analizando la sección tercera de la Enmienda 14, consideraron que Trump estaba descalificado para volver a ser presidente por las acciones que tomó para intentar revertir los resultados legítimos de las elecciones de 2020, que confluyeron el 6 de enero de 2021 con el asalto al Capitolio.
Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, un grupo progresista de la capital, planteó en Colorado en nombre de cuatro votantes republicanos y dos independientes del estado una demanda en el estado pidiendo que se le vetara de las papeletas.
En noviembre una jueza coincidió con la idea de que Trump había estado tras una insurrección, pero no consideró que la sección aplicara al presidente al no consideralo un “officer”.
Los votantes apelaron entonces al Supremo estatal que, en una votación 4-3 (con todos los magistrados nombrados por demócratas), les dio la razón y sí consideró que Trump estaba vetado por la Constitución para ser presidente de nuevo, por lo que no puede aparecer en las papeletas de las primarias.
Dejaron en suspenso la decisión mientras procedían la apelación que ha llegado al Supremo, al que también espera Maine, donde la secretaria de Estado también ha impuesto un veto a Trump).
Los argumentos de Trump
La defensa de Trump baraja varios argumentos. Niegan, por ejemplo, que lo que ocurrió el 6 de enero fuera una insurrección. Aunque hay más de 1.200 imputados por el asalto al Capitolio y más de 850 condenados, ninguno ha sido imputado con cargos de insurrección. El propio Trump, que enfrenta dos de sus cuatro casos penales por acciones contra los resultados legítimos de 2020, tampoco ha sido imputado con ese cargo y en su segundo juicio político, un ‘impeachment’ donde sí enfrentó uno por incitarla, fue exonerado gracias a los votos de los republicanos.
Su defensa también arguye que el presidente no es un “officer” de los EEUU y que no hace un juramento para “apoyar” la Constitución. Además, dicen que el Congreso tendría que aprobar legislación para implementar la Enmienda 14, aseguran que el veto que recoge es a ocupar un cargo y no a ser candidato o elegido y dicen que el Supremo de Estatal no puede interferir con el método que Colorado ha elegido para seleccionar a sus candidatos.
Los argumentos contra Trump
Frente a los argumentos de Trump los votantes aseguran que sí animó el asalto al Capitolio con sus acciones y palabras, explícitas e implícitas, y que arengó a las masas que creyeron sus falsas denuncias de fraude. Citan por ejemplo sus llamadas aquel día a “pelear como el demonio” o los tuits que colgó cuando ya había empezado el asalto criticando a su vicepresidente, Mike Pence, que se negó a participar en la trama para no certificar los resultados.
Respecto al lenguaje de la enmienda, ellos defienden que la palabra “officer” sí incluye al presidente, subrayando que unas 20 veces la Constitución cita la presidencia como una “office”. Y aunque su juramento en la toma de posesión no incluye la palabra “apoyar” respecto a la Constitución, sí le compromete a “proteger, preservar y defender”.
Defendiendo la descalificación de Trump también se han presentado varios informes al Supremo, incluyendo uno de expertos en democracia. “Sacar a un candidato popular de las consideraciones (de los electores) puede alimentar la desconfianza en el sistema pero esa preocupación es igualmente válida si el tribunal no actúa: la desconfianza en el sistema es precisamente lo que ha sido alimentado por la insurrección y alegaciones de fraude perpetuadas por el expresidente”, han escrito.
Las opciones del Supremo
El Tribunal Supremo puede tomar muchas vías en este complicado caso. Podría, por ejemplo, tomar una decisión que solo afecte a Colorado, sin resolver la cuestión general o hacerlo de forma definitiva. Eso podría suceder por ejemplo, si decidiera que el Partido Republicano en el estado es el que tiene derecho según la primera enmienda a elegir a sus nominados.
El Supremo también podría aceptar los argumentos de Trump de que la presidencia no está cubierta por la cláusula de descalificación, o el de que nunca hizo un juramento que le someta a esa parte de la Constitución, o el de que el Congreso es quien debe decidir quién está vetado para el cargo.
Cuándo se puede esperar una decisión
El Supremo ha asignado para este jueves 40 minutos para el abogado de Trump, 30 para el de los votantes de Colorado y 10 para la de la secretaria de estado de Colorado, aunque se espera que la vista se alargue hasta dos o tres horas.
Se escudriñarán las preguntas de los magistrados para intentar anticipar su posicionamiento en el caso.
No se sabe cuándo podrían anunciar una decisión, pero en el caso de Bush v Gore la emitieron al día siguiente de escuchar a las partes.
El 12 de febrero se empiezan a enviar las papeletas de primarias en Colorado, que celebra sus primarias el 5 de marzo, el Supermartes.
La defensa de Trump y el propio expresidente han pedido una decisión rápida, avisando de que los esfuerzos por mantenerle fuera de las papeletas “amenazan con dejar sin derecho a voto a decenas de millones de estadounidenses” (73 le votaron en 2020) y asegurando que si otros estados siguen los pasos de Colorado “se desataran el caos y desorden absoluto”.
La otra parte replica asegurando que “ya vimos el desorden absoluto que Trump desató cuando estaba en las papeletas y perdió”. Y expertos legales que han presentado un documento a favor de los demandantes han avisado: “desde la guerra civil EEUU no ha confrontado tanto riesgo de desestabilizadora inestabilidad política y quizá nunca ha estado este tribunal en una posición tan clara para evitarlo”.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2024-02-07 15:11:14
En la sección: El Periódico – internacional