El Gobierno británico deberá entregar los mensajes de Boris Johnson a la comisión que investiga la pandemia | elperiodico.com

Los jueces del Tribunal Superior de Londres han dado la razón este jueves a la comisión que investiga la gestión de la pandemia en el Reino Unido y han permitido que esta acceda a los mensajes que Boris Johnson interacambió con sus ministros y asesores entre 2020 y 2022. La decisión va en contra de lo que defendía el Gobierno de Rishi Sunak, que aseguró que el contenido de estos mensajes es «irrelevante» y que su entrega afecta a la privacidad de las personas implicadas, entre ellas el propio Sunak.

La presidenta de la comisión, Heather Hallett, inició un duro pulso contra el Ejecutivo para acceder a estos mensajes, que según sostiene podrián contener información importante para comprobar si los máximos responsables de la gestión de la pandemia cometieron errores que llevaron a la muerte de 228.000 personas en el Reino Unido. Este es el principal objetivo de la comisión, creada por el propio Johnson cuando todavía era primer ministro, y que tiene previsto concluir la extensa investigación a finales de 2026.

La batalla entre la comisión y el Gobierno de Sunak ha ahondado en las diferencias entre el actual primer ministro y su predecesor, que se ofreció personalmente a entregar esa información a pesar de la negativa del Ejecutivo. Este ofrecimiento provocó una serie de especulaciones sobre la posibilidad de que los mensajes puedan contener información comprometedora para miembros del actual Gobierno, incluído el propio Sunak, que entonces ejercía de ministro de Economía de Johnson. En las audiencias llevadas a cabo por el Tribunal Superior, el abogado del ex ‘premier’ alertó de que existía un «peligro real» de socavar la confianza pública en la investigación si el Ejecutivo ganaba la batalla legal.

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Los jueces consideran que es competencia de la comisión decidir qué documentos son importantes para la investigación, al contrario de lo que defendía el Gobierno, que apuntaba a que tiene la capacidad para tomar estas decisiones en el caso de que supongan una «intrusión injustificada» en su trabajo. A pesar de las protestas iniciales del Ejecutivo, que emprendió una batalla legal poco habitual, uno de sus portavoces ha asegurado que colaborarán con la comisión tras la decisión judicial. «Cumpliremos plenamente esta sentencia y ahora trabajaremos con el equipo de investigación en las disposiciones prácticas», ha asegurado el portavoz. El Gobierno ha insistido, sin embargo, en su voluntad de llegar a un acuerdo con la comisión para que respete la intimidad de las personas y garantice que la información totalmente irrelevante sea devuelta«.

La negativa inicial del Ejecutivo provocó las críticas de las asociaciones de víctimas del covid, que lo acusan de jugar con el tiempo y con el dinero de los contribuyentes. «La investigación tiene que llegar al fondo de los hechos para que el país aprenda lecciones que salven vidas en el futuro», ha asegurado la portavoz de la asociación Covid-19 Familas en Duelo para la Justicia en el Reino Unido, Deborah Doyle. «Eso significa que tiene que poder acceder a todas las pruebas, no sólo a las que el Gobierno quiere que vea».