La justicia italiana impone penas de hasta 12 años de cárcel por el derrumbe del puente Morandi, que en 2018 mató a 43 personas | elperiodico.com
El derrumbe del puente Morandi, que el 14 de agosto de 2018 mató a 43 personas, ha tenido por fin su primera consecuencia judicial. Tras cuatro años de juicio y casi 300 vistas, el tribunal de Génova ha condenado este jueves a 12 años de cárcel a Giovanni Castellucci, exconsejero delegado de la gestora Autostrade per l’Italia (ASPI) y principal acusado en este proceso, en el que se lo juzgaba, junto a otros 56 acusados, por el desplome de uno de los tres pilares del puente y 200 metros de carretera. La fiscalía había pedido 18 años y medio.
Castellucci ni siquiera estaba en la sala: el acusado se encuentra ya cumpliendo otra condena, de seis años, por el accidente de autobús de 2013 en Monteforte Irpino, en el sur de Italia, donde un vehículo cayó 30 metros por un viaducto debido a un fallo de frenos y al mal estado del guardarraíl, un caso que también le persiguió por dejadez en el mantenimiento de infraestructuras.
El resto de la lista de condenas dibuja una cadena de mando de una empresa que, según la acusación, prefirió ahorrar en mantenimiento antes que admitir el deterioro de un puente considerado insignia. Michele Donferri, exjefe de mantenimiento de ASPI, ha recibido 11 años; Paolo Berti, exdirector de operaciones, y Antonino Galatà, exconsejero delegado de la ingeniería Spea, 5 años y medio cada uno. Del resto de acusados, solo un alto cargo público ha sido condenado: Mauro Coletta, exdirector de vigilancia de concesiones del Ministerio de Transportes, con 5 años.
Lo sabían y no hicieron nada
La tesis de la fiscalía ha sido simple y demoledora: los responsables sabían que el puente se degradaba y no hicieron nada, para ahorrarle a la empresa el coste de las reparaciones y engordar el beneficio. La defensa, en cambio, había apostado por el «vicio oculto»: un defecto de construcción de los años sesenta, cuando el ingeniero Riccardo Morandi decidió meter los cables de acero dentro de vainas de hormigón, invisibles para cualquier inspección visual. El argumento no convenció al tribunal.
El derrumbe ocurrió un 14 de agosto a las 11:36 de la mañana, con el pilar número 9 cediendo por la corrosión de sus cables, según determinaron los peritajes de la fiscalía. Sobre el tramo caído había una treintena de coches y camiones. El puente, la principal vía de entrada y salida de Génova, cayó sobre el río Polcevera, las vías del tren y varias naves industriales.
El juicio, que arrancó en julio de 2022 y ha durado cuatro años, dejó fuera del banquillo a las dos empresas implicadas. La razón: ASPI y Spea Engineering pactaron con la fiscalía el pago de unos 30 millones de euros y quedaron excluidas de la causa penal. Casi todas las familias de las víctimas aceptaron una indemnización de ASPI, lo que por ley les impidió personarse como acusación particular; solo el comité Ricordo Vittime Ponte Morandi consiguió ese estatus.
Un perdón tardío
Dos días antes de la sentencia, el actual consejero delegado de ASPI, Arrigo Giana, publicó una carta de disculpa en el Corriere della Sera y en Il Secolo XIX. «Quiero pedir perdón a los familiares de las víctimas, a los genoveses y a todos los italianos«, escribió. La respuesta de Egle Possetti, presidenta de uno de los principales comités de víctimas, fue seca: las disculpas «había que darlas a su debido tiempo».
De aquel puente hoy ya no queda nada. En su lugar se levanta desde 2020 el viaducto Génova San Giorgio, diseñado por el arquitecto y senador vitalicio Renzo Piano. Autostrade, entre tanto, cambió de dueño: en 2021 la familia Benetton, a través de Atlantia, vendió su participación por 8.200 millones de euros a Cassa Depositi e Prestiti, controlada en un 83% por el Estado italiano.
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