Mientras Europa se presenta como antagonista frente al Estados Unidos de Donald Trump en cuestiones comerciales, sociales y con su defensa del derecho internacional ante las guerras de Gaza y Ucrania, hay al menos una gran excepción en la que ambos bloques comparten prioridades. La Comisión Europea ha impulsado una lista y ha flexibilizado las normas relativas a lo que considera terceros países «seguros», lo que le podría permitir en un futuro enviar allí a los migrantes a los que se les hayan rechazado la solicitud de asilo, a cambio de dinero destinado a estos países en cuestión. La Administración Trump va muchos pasos por delante, como ha demostrado con el traslado de ciudadanos venezolanos a la megacárcel de El Salvador.
«Con la externalización de la migración, se traslada la responsabilidad del control de fronteras a los países de origen o de tránsito de estos migrantes, algo que se ha convertido en una práctica totalmente normalizada y homogénea en toda la Unión Europea», explica a EL PERIÓDICO Laura Planas, autora del ‘Informe sobre externalización de fronteras de la Unión Europea’ encargado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. «Esto no es nuevo, pero se ha vuelto mucho más evidente y agresivo con el cambio de tendencia política en Europa hacia la derecha y la ultraderecha de los últimos tres o cuatro años», señala. Así, se producen situaciones tan contradictorias como que mientras la construcción de centros de detención de migrantes en Albania por parte de Italia ha levantado ampollas en algunos Estados miembros, la propia UE lidera el acuerdo con Turquía para tratar de contener ahí a las personas en tránsito hacia Europa.
«La política migratoria de la Unión Europea ha incorporado la agenda de la extrema derecha, que prioriza el control de la inmigración irregular y la limitación del número de solicitantes de asilo antes que el respeto de los derechos humanos y la asistencia humanitaria. Eso es lo grave«, afirma Iván Martín, investigador de políticas migratorias en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en Barcelona, y en la Universidad Mohammed VI de Marruecos.
Archivo – Un grupo de inmigrantes a su llegada al Muelle de Gran Tarajal, Fuerteventura, Canarias, (España), a 25 de enero de 2021. / Europa Press – Archivo
Las bases para este giro político, según los expertos, se establecieron en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, que se presentó durante la pasada legislatura europea, ahora con el mandato renovado, como uno de los grandes logros por la capacidad que tuvieron los diferentes grupos políticos de ponerse de acuerdo. Sin embargo, en Bruselas no todos están de acuerdo. «La UE no necesita inventar nuevas fórmulas de externalización«, explica a este diario el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, ponente del informe sobre el reglamento de gestión de crisis, una de las patas del paquete legislativo migratorio europeo. En cambio, López Aguilar señala otras prioridades a la hora de aplicar el pacto migratorio: «Urge que se instaure la figura del coordinador europeo de solidaridad lo antes posible, el cual permita una redistribución ordenada, justa y equitativa de aquellas personas en situación vulnerable», incluidas mujeres víctimas de trata y menores no acompañados.
¿Cuánto cuesta?
La externalización del control migratorio se traduce en financiación y contrapartidas diplomáticas para esos países terceros. Si Turquía impide el paso de migrantes hacia Europa, la UE facilita visados a ciudadanos turcos. «Es una política de dinero por migrantes o por refugiados. Desde el lado europeo, si no quieres refugiados, tienes que pagar. Y desde los países vecinos, se convierte en fuente de ingresos a cambio de mantenerlos dentro de sus fronteras», destaca Martín, residente entre España y Marruecos.
En el caso de Marruecos, el acuerdo lo lidera España, de la mano de la UE. Rabat recibe unos 200 millones de euros al año, que proceden de fondos europeos, y de los cuales solo el 30% está destinado formalmente a migración. El resto se emplea en proyectos de desarrollo. El problema es doble: los fondos son insuficientes para reforzar los sistemas de acogida y no hay garantías de a qué se destinan ya que no hay establecido un mecanismo de transparencia.
«La hipocresía consiste en tratar de mantener a los solicitantes de asilo en países con menos protección de los derechos humanos, y no compartir ni siquiera la carga completa de esos refugiados solicitantes de asilo», corrobora el investigador de la UPF. Y eso no es un daño colateral, sino la razón por la que existe este traspaso de responsabilidades, según este experto: «La externalización se produce justamente porque estos países respetan menos los derechos humanos y facilitan mucho más el control de los migrantes».
Venezolanos deportados por EEUU bajan del avión en el Aeropuerto Simón Bolívar de Caracas, este lunes. / MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE
¿Por qué es problemático?
La tendencia se repite a ambos lados del Atlántico. «Lo preocupante es que los países latinoamericanos con menos recursos e infraestructuras para acoger a refugiados e inmigrantes se ven obligados a firmar estos acuerdos con Estados Unidos a cambio de dinero que necesitan para otras cosas», cuenta a EL PERIÓDICO Mary Kapron, investigadora de Amnistía Internacional para Norteamérica.
Tampoco hay un mecanismo de transparencia para monitorizar el uso del dinero, ni los acuerdos se hacen públicos para ver a qué se destina el presupuesto teóricamente. «Uno de los mayores problemas es que no hay un documento público del acuerdo para poder estudiarlo en detalle e iniciar un litigio legal«, señalan desde Amnistía, que trata de luchar las causas humanitarias por la vía legal.
A la pregunta de si es efectivo este sistema de externalización, la respuesta de Planas tiene dos partes: «No reduce las migraciones e incluso las personas que son retornadas vuelven a tratar de migrar múltiples ocasiones», apunta. Sin embargo, la experta cuestiona cuál es el propósito original de estas políticas: «No es una cuestión de eficiencia, sino de traslado de responsabilidad respecto a los derechos humanos de los migrantes». Y, en ese sentido, sí cumpliría las expectativas. Además, Planas alerta de que los países de origen y tránsito «han aprendido a utilizar la migración como arma de presión» para ganar poder político en las negociaciones con la Unión Europea.
Si bien la práctica está extendida en todo el mundo occidental, los críticos señalan que menoscaba los principios de la Unión Europea. El eurodiputado López Aguilar arguye que «son necesarias más vías legales de llegada a la UE» en lugar de impedir su llegada, tanto por razones humanitarias como por el interés de los países europeos, que precisan de migrantes para sostener su mercado laboral y su sistema de bienestar, en contra de lo que sostiene el discurso de la ultraderecha que muchos partidos han normalizado.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-05-30 00:00:00
En la sección: El Periódico – internacional