Entidades empresarias elogiaron los cambios laborales del DNU de Milei, pero algunos expertos advierten posibles efectos negativos para la industria

Las entidades industriales, en su mayoría, recibieron con beneplácito el mega-DNU firmado por el presidente Javier Milei el miércoles pasado principalmente por las reformas laborales que incluye. Sin embargo, la derogación de algunas leyes que conciernen al sector podría tener efectos muy negativos.

Algunos de los cambios más importantes en materia laboral que establece el DNU son la extensión del período de prueba de 3 a 8 meses, la eliminación de multas por irregularidades en la registración del empleado o la inexistencia de esta, la eliminación de la presunción de existencia de una relación laboral para los monotributistas que prestan servicios y facturan de manera periódica, la habilitación para contratar hasta 5 trabajadores como colaboradores sin que esto implique un vínculo de dependencia, la introducción de causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimiento, entre otras.

En este marco, la Unión Industrial Argentina (UIA) destacó en un comunicado: “Las modificaciones implementadas muestran un camino para entender las nuevas realidades laborales y sientan las bases para que cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles”.

La UlA cree que las modificaciones incluidas propiciarán la creación de empleo formal, y garantizarán la provisión de servicios esenciales y de importancia trascendental. En este sentido, la entidad considera que la nueva normativa “brinda previsibilidad y sustentabilidad a los procesos productivos y mejora las condiciones de empleabilidad y respeto a la iniciativa privada”.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó: “En lo que refiere a las modificaciones establecidas para aliviar y agilizar la lógica laboral, la entidad entiende que van en la línea correcta, procurando desandar un largo camino de regulaciones que terminaron por asfixiar a las pymes, sumiéndolas en una industria del juicio que dificulta su crecimiento”.

El titular de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba), Martín Rappallini, señaló a Infobae: “Vemos positivas las medidas que se tomaron para la anulación de multas, que era una legislación del año ‘98, y que realmente impactaba mucho en lo que es la industria del juicio, ya que se aplicaban multas muy altas cuando se tenía mal registrado a un empleado, fuera de término o con algún error, generando así una multiplicación de juicios, y con un costo enorme, sobre todo para las pymes”.

También, celebró la eliminación del anatocismo, que refiere al pago de intereses de intereses o en otras palabras, la capitalización de intereses. Esto multiplicaba las indemnizaciones. “Tenemos sentencias de 300 y 400 millones de pesos”, dijo Rapallini.

“Todas esas modificaciones son parte de un régimen laboral que nosotros entendíamos que no daba para más y que desincentivaba el empleo”, agregó.

En este contexto, Daniel Schteingart, Director de Planificación Productiva de Fundar sostuvo que si bien las modificaciones laborales son bien percibidas por las empresas ya que reducen costos para contratar y despedir, van en contra de los trabajadores ya que producen un cambio en la relación de fuerzas a favor de las empresas industriales en desmedro de los trabajadores.

Cabe destacar que la industria manufacturera genera 1.200.000 puestos de trabajo directos, según señaló Daniel Rosato, Presidente de Industriales Pymes Argentinos.

“Los cambios en las regulaciones laborales tienden a generar un menor poder de negociación de los trabajadores, que implicaría menores ingresos. Para empresas que venden al mercado interno; eso puede significar una caída de las ventas”, explicó Schteingart.

Por otro lado, el decreto deroga la Ley de Promoción Industrial, la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores y la Ley de Góndolas. Además, elimina las limitaciones a las importaciones.

-Ley de Compre Nacional y Desarrollo de Proveedores

La normativa N° 27.437 priorizaba la producción local en las licitaciones gubernamentales. El objetivo era usar el poder de compra del Estado para apuntalar desarrollos tecnológicos locales, dar escala a las empresas y generar empleos calificados.

Leandro Mora Alfonsín, economista especializado en desarrollo productivo y ex Director Nacional de Política Industrial, señaló que la derogación de dicha ley afecta negativamente a la industria. ”Deja de existir el Programa de Desarrollo de Proveedores, que era una herramienta clave para fortalecer el entramado productivo de empresas nacionales en sectores estratégicos como minería, naval, hidrocarburos, satelital, entre otros. Este programa fortalecía capacidades endógenas y tecnologías para competir con jugadores internacionales”, detalló.

Rapallini, por su parte, dijo: “Tenemos algunas dudas y nos parece que no es conveniente la derogación de la Ley de Compre Nacional que estaba funcionando bien”.

En la misma línea, Schteingart consideró un retroceso eliminar una herramienta que usan muchos países, como Estados Unidos. “Este último tiene una normativa de compre nacional desde 1933, la Buy American Act. Ha sido uno de sus principales pilares de política industrial a lo largo de la historia, y muy importante en el crecimiento de empresas como Boeing, IBM, Caterpillar o Motorola”, precisó.

“En Argentina, la ley vigente es de 2018. Fue una buena ley armada durante el gobierno de Mauricio Macri. Creaba además el Programa de Desarrollo de Proveedores, que apuntaba a generar proveedores industriales y de servicios de relativa complejidad en cadenas como energía, minería y otras”, indicó.

-Ley de Promoción Industrial

La ley N° 21.608 tenía por objetivo fomentar el desarrollo de la industria nacional y promover su eficiencia, modernización, especialización e integración. Con este fin, otorgaba beneficios fiscales y financieros.

Al respecto, Mora Alfonsín aseguró que si bien esta ley es marco de elementos de política industrial, las normas y disposiciones derivadas no van más allá de 2005 y los regímenes claves (Tierra del Fuego, Automotriz, otros regímenes provinciales) no están alcanzados. “Esta derogación afecta aspectos tributarios, por lo que debe pasar por el Congreso y como a la mayor parte del decreto propuesto por el gobierno, falta mucha reglamentación complementaria para entender el efectivo alcance”, dijo el especialista.

-Liberación de importaciones

El DNU también modifica el artículo 609 del Código Aduanero y establece que “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos”.

Schteingart aseguró que en muchas pymes industriales “esto puede ser muy complicado, más aún en un contexto de caída del mercado interno como el que se prevé para los próximos meses, producto del ajuste en curso”.

En tanto, Rosato dijo, en primer lugar, que los cambios que conciernen a la industria no fueron consensuados con las pymes y desconocen la letra chica.

Respecto a la reforma en particular, aseguró: “Sabemos que esta apertura va a significar la entrada a menor costo de productos que se producen en el país , cuando en Argentina las pymes industriales tenemos costos de insumos nacionales que valen hasta un 400% más caros que en el exterior. Entonces, hay una falta de competitividad real y concreta”.

Otra cuestión que afecta al sector es que las pymes importan materia prima para darle valor agregado a un tipo de cambio de $940 pero la exportan a un dólar de $735 en lugar de a $800 como resultado de la retención del 15% en concepto de derechos de exportación. “Hoy tenemos pymes que están paralizadas porque no pueden competir y le estamos pidiendo al gobierno que esto se modifique porque sino hay empresas que van a dejar de producir directamente”, concluyó.