EE.UU. rebaja los controles antiblanqueo para facilitar que el dinero fluya a Venezuela

La medida estará vigente desde el 27 de julio de 2026 hasta el 29 de enero de 2027 y se enmarca en los esfuerzos de Washington para facilitar la recuperación económica, estabilizar el sistema financiero venezolano y acelerar la llegada de ayuda tras los recientes terremotos, en los que, según cifras oficiales han muerto más de 5.000 personas.

La decisión responde a un problema práctico: aunque el Tesoro ha aprobado nuevas licencias para permitir determinadas operaciones con Venezuela, muchos bancos siguen evitando procesarlas por temor a cometer errores en la identificación de clientes, beneficiarios finales o procedencia de los fondos. El riesgo de una sanción por incumplir las estrictas normas estadounidenses puede llevar a las entidades a bloquear incluso transacciones legales.

Estas normas se endurecieron para impedir que regímenes acusados de corruptos como el de Nicolás Maduro, narcotraficantes o terroristas utilicen el sistema financiero estadounidense para mover dinero ilícito. Las normas antiblanqueo buscan evitar que dinero procedente de la corrupción, como la atribuida al régimen de Maduro, entre en el sistema financiero de EE.UU. Los controles antiblanqueo se aplican con especial rigor a países sancionados como Venezuela para impedir que fondos de origen ilícito circulen por el sistema financiero estadounidense.

FinCEN reconoce expresamente que las instituciones financieras pueden encontrar dificultades para cumplir todas sus obligaciones mientras participan en la reconstrucción y canalizan pagos humanitarios. Por ello, promete no iniciar actuaciones supervisoras ni sancionadoras por infracciones relacionadas con los servicios autorizados bajo las licencias generales recientemente aprobadas.

Según el documento, «FinCEN reconoce que las instituciones financieras pueden encontrar dificultades para cumplir con sus obligaciones» al participar en la recuperación económica de Venezuela y, por ello, «se compromete a no emprender acciones supervisoras ni de ejecución» contra los bancos que presten servicios autorizados. El objetivo, añade, es que las entidades que actúen «con una diligencia razonable… no sean penalizadas» por errores involuntarios.

La medida no elimina los controles contra el blanqueo ni concede una amnistía general. Para beneficiarse de esta protección, los bancos deberán mantener programas de cumplimiento, realizar esfuerzos razonables para verificar las operaciones, respetar las sanciones y no haber recibido durante los últimos dos años una sanción firme por infracciones similares.

La principal implicación será una mayor disposición de los bancos estadounidenses a mover dinero relacionado con Venezuela. La protección puede facilitar pagos a proveedores, importaciones, proyectos de reconstrucción, operaciones petroleras autorizadas y transferencias a instituciones financieras venezolanas.

También puede ayudar al sistema diseñado por Washington para administrar los ingresos procedentes de las ventas de petróleo venezolano. Al reducir la exposición regulatoria de los bancos, el Tesoro pretende evitar que las cuentas de custodia y los desembolsos autorizados queden paralizados por controles internos excesivamente conservadores.

Sin embargo, la decisión plantea interrogantes. La flexibilización llega en un momento en que el Gobierno estadounidense todavía no ha publicado auditorías completas, saldos actualizados ni una relación detallada de los beneficiarios del dinero venezolano administrado bajo su supervisión. Acelerar el movimiento de fondos sin elevar simultáneamente la transparencia podría aumentar el riesgo de operaciones difíciles de reconstruir posteriormente.

La Administración considera, no obstante, que el peligro inmediato es el contrario, que los bancos bloqueen por precaución recursos necesarios para estabilizar Venezuela, de ahí este paso crucial en relajación regulatoria.