Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ afirma que el Estado mintió en la ONU sobre el caso de Los 33

El caso de los 33 detenidos en Valencia «es un ejemplo de discriminación contra la población LGBTIQ+. El local de entretenimiento LGBTIQ+ fue allanado irregularmente ya que los funcionarios de la Policía Nacional no contaban con orden judicial; difundieron los rostros, nombres, las cédulas de identidad y la orientación sexual de los detenidos, violando así el principio de presunción de inocencia, el derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual y el derecho a la privacidad durante todo el proceso»

El Estado venezolano mintió en Naciones Unidas al abordar el caso de Los 33, aseguró el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.

«Desde el OVV LGBTIQ+ se realizó un seguimiento al caso desde el momento en que ocurrió la detención y se emitieron cinco alertas que denunciaban una escalada de la criminalización de la homosexualidad a partir del caso de los 33 detenidos en Carabobo. Además, se expuso un listado de irregularidades que incluyen la inacción de organismos del Estado para atender la situación a tiempo, incluyendo el Ministerio Público. A la fecha, tres personas continúan siendo investigadas porque presuntamente el local donde ocurrieron los hechos en Valencia operaba irregularmente», señaló el observatorio en un pronunciamiento.

En la intervención ante el comité de derechos humanos de la ONU, «las autoridades venezolanas confundieron la orientación sexual, el término internacionalmente reconocido, con “condición sexual”, término peyorativo que suele ser usado para hacer referencia a las personas LGBTIQ+. La postura del Estado trató de prescindir de que ese fue un caso que exponía la homofobia de Estado, para llevarlo a un caso común».

El caso de los 33 detenidos en Valencia «es un ejemplo de discriminación contra la población LGBTIQ+. El local de entretenimiento LGBTIQ+ fue allanado irregularmente ya que los funcionarios de la Policía Nacional no contaban con orden judicial; difundieron los rostros, nombres, las cédulas de identidad y la orientación sexual de los detenidos, violando así el principio de presunción de inocencia, el derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual y el derecho a la privacidad durante todo el proceso. Desde la detención arbitraria hasta su liberación fueron víctimas de insultos homofóbicos por parte de los funcionarios policiales, quienes se burlaban al informarles que su caso ya era de conocimiento público», enfatizó.

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