Administración de Maduro acusa a la CPI de colonialismo jurídico

Oficialismo acusó a la Fiscalía internacional de desatender sus funciones y politizar la justicia, luego de que el organismo clausurara su sede técnica por falta de cooperación.

El equipo de Nicolás Maduro emitió este martes una dura respuesta contra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). La Cancillería venezolana calificó de «colonialismo jurídico» las actuaciones del organismo de La Haya. Esta reacción ocurre inmediatamente después de que la instancia internacional anunciara el cierre de su oficina técnica en Caracas, argumentando una falta de «progreso real» en la cooperación con el Estado.

A través de un comunicado difundido en Telegram, el oficialismo aseguró que Venezuela interactuó de «buena fe» con la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades nacionales consideran que el proceso actual no encaja en los supuestos del Estatuto de Roma. Según el texto oficial, la investigación busca satisfacer una «agenda antiVenezuela» promovida desde lo que denominan «centros hegemónicos» de poder global.

Inexistencia de crímenes según el oficialismo

La administración de Nicolás Maduro mantiene su postura firme sobre la situación de los Derechos Humanos en el país. El comunicado subraya que en la nación suramericana no ocurren crímenes de lesa humanidad. El Estado afirma haber demostrado esta realidad «en todas las instancias» pertinentes. Para el chavismo, el caso conocido como “Venezuela I” representa un mecanismo instrumentalizado con fines estrictamente geopolíticos para atacar la soberanía nacional.

A pesar de estas discrepancias, el documento resalta la disposición del país hacia la legalidad. Venezuela asegura mantener su compromiso con los mecanismos de complementariedad positiva. El objetivo declarado es fortalecer las capacidades nacionales para garantizar una administración de justicia efectiva, bajo la premisa de que la jurisdicción primaria venezolana resulta insustituible.

Polémica por la oficina técnica

El punto álgido del conflicto radica en la operatividad de la oficina de la CPI en Caracas. El régimen denunció que, tras siete meses de la inauguración formal, la Fiscalía nunca envió personal para ocupar los espacios. El texto detalla que el organismo tampoco formuló aportes ni recomendaciones a las iniciativas judiciales locales.

Las autoridades acusan a la Corte de desentenderse irresponsablemente de los compromisos asumidos previamente. Según la versión oficial, la estrategia de la CPI consistió en «no hacer nada» durante este tiempo para luego utilizar la justicia con fines políticos. Esta ruptura marca un nuevo hito en la tensa relación entre Miraflores y la justicia internacional.

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