Amnistía en Venezuela: Foro Penal advierte exclusiones
El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, analizó el alcance de la reciente Ley de Amnistía aprobada en el país. Aunque el abogado reconoce que la medida permitirá la libertad de algunos perseguidos, advirtió que el instrumento legal posee limitaciones severas. Según sus estimaciones, la normativa excluye a más de la mitad de los 700 presos políticos que actualmente permanecen en los centros de reclusión.
Romero calificó la medida como un “paño caliente” que no resuelve el problema estructural de la persecución política. La ley beneficia a ciertos sectores, pero deja fuera a figuras clave, especialmente dentro del estamento militar. El jurista explicó que el texto legal establece excepciones para delitos como homicidio intencional o corrupción, los cuales se han utilizado frecuentemente para fabricar expedientes contra la disidencia.
Una exclusión marcada para los presos militares
Uno de los puntos más críticos de esta normativa es la situación de los efectivos de la Fuerza Armada. Romero señaló que el chavismo reciclado mantiene una postura restrictiva frente a los 185 militares tras las rejas. Hasta el momento, no se ha registrado ninguna liberación dentro de este grupo, lo que evidencia la discrecionalidad en la aplicación de la medida.
Casos emblemáticos como el del teniente coronel Igbert Marín Chaparro quedan fuera del beneficio. Lo mismo ocurre con los acusados por la “Operación Gedeón” o los señalados en el incidente de los drones de 2018 que involucró a Nicolás Maduro. Al imputarles cargos de intento de homicidio, el sistema judicial bloquea automáticamente su acceso a la amnistía, perpetuando su permanencia en prisión.
El sistema de justicia como herramienta de persecución
El presidente del Foro Penal enfatizó que el aparato represivo permanece intacto en Venezuela. El sistema de justicia no funciona para impartir equidad, sino como un brazo ejecutor contra quienes opinan distinto. Mientras las instituciones y las autoridades que han actuado como victimarios sigan en sus cargos, el riesgo de nuevas detenciones es inminente.
La ley establece que las liberaciones deben ocurrir en un plazo máximo de 15 días. No obstante, el proceso requiere que los mismos tribunales que acusaron injustamente a los detenidos sean los encargados de interpretar la norma. Esta dualidad convierte a la amnistía en un proceso similar a los indultos judiciales, restándole la esencia de una amnistía clásica y total.
Incertidumbre tras los eventos del 28 de julio
Romero también se refirió a las detenciones ocurridas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Aseguró que todas las personas arrestadas en ese contexto deberían recibir la libertad inmediata. Sin embargo, el uso de delitos fabricados por parte de los cuerpos de seguridad nacional representa una barrera para que la justicia se materialice de forma efectiva.
Para el Foro Penal, una verdadera solución política requiere la derogación de leyes represivas y la renovación de los poderes públicos. Sin estos cambios, la amnistía solo sirve para liberar algunos espacios en las cárceles, mientras el mecanismo de la “puerta giratoria” sigue vigente. La organización continuará vigilante ante cada caso para denunciar las arbitrariedades que persisten en los tribunales venezolanos.
Fuentes consultadas: El Mundo (España), .
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