Andreína Baduel enfrenta asedio policial en su hogar

La activista venezolana Andreína Baduel denunció un cerco policial intensificado frente a su residencia en Caracas. La persecución, liderada por el CICPC, incluye patrullas, encapuchados y vehículos sin placas, sin orden judicial. Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, afirmó que este hostigamiento busca silenciar su lucha por los derechos humanos. La vigilancia comenzó el 18 de junio, tras recibir medidas cautelares de la CIDH, que reconoció el riesgo a su integridad. La activista, hija del fallecido exministro Raúl Baduel y hermana de Josnars Baduel, preso político, exige el cese de estas acciones intimidatorias.
Persecución contra defensores de derechos
Baduel reportó que funcionarios graban su hogar y limitan su movilidad, configurando una persecución sistemática. La ONG Un Mundo Sin Mordaza respaldó su denuncia, demandando respeto a su libertad. La activista vincula este asedio a su labor en la Ruta Global por la Justicia, donde busca apoyo internacional contra violaciones de derechos humanos. Su familia enfrenta represión desde hace 17 años, tras la muerte de su padre en prisión y el encarcelamiento de su hermano.
Lucha por la justicia y libertad
La activista convocó a una jornada el 18 de julio frente a la Nunciatura Apostólica, exigiendo la liberación de presos políticos. Baduel afirmó que no cederá ante el miedo, manteniendo su compromiso con las víctimas de la represión. Según Foro Penal, Venezuela tiene 948 presos políticos, incluyendo menores, en condiciones precarias. La CIDH señaló que el Estado no responde a las denuncias, intensificando la criminalización de defensores. Baduel insiste en que su lucha busca justicia y reparación para miles de familias.
Resistencia frente al régimen
El hostigamiento a Baduel refleja un patrón de represión contra activistas en Venezuela. A pesar de las medidas cautelares, el régimen ignora las demandas internacionales. La activista llamó a los ciudadanos a alzar la voz, subrayando que “la dignidad no se arrodilla”. Su caso evidencia la urgencia de solidaridad global para proteger a quienes denuncian abusos y defienden la democracia.
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