El doble estándar en el derribo de narcoavionetas por FANB
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció la detección e inutilización de una aeronave hostil (narcoavioneta) en el estado Apure, calificándola como una plataforma logística del Terrorismo Armado Narcotraficante Colombiano (TANCOL). El comandante Domingo Hernández Lárez informó que el aparato fue hallado oculto y camuflado en un bosque de galería adyacente a una pista ilegal improvisada en el municipio Pedro Camejo. La FANB celebra esta acción, que suma 25 aeronaves destruidas en 2025, como un triunfo en la defensa territorial y soberanía.
La Opacidad de la “Inutilización” y el Juicio Sumario
El éxito militar plantea serias preguntas sobre el cumplimiento del debido proceso y los derechos humanos. Aunque la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo faculta a la FANB para inutilizar aeronaves hostiles, la ejecución de esta ley es opaca. Las autoridades militares, incluyendo a Hernández Lárez, rara vez ofrecen detalles sobre el destino de los tripulantes de lar narcoavionetas. Fuentes extraoficiales y organizaciones de derechos humanos han cuestionado si la “inutilización” se traduce en la muerte sumaria de los ocupantes, sin derecho a un juicio.
Esta práctica choca frontalmente con las constantes críticas emitidas por voceros de Nicolás Maduro. Ellos denuncian a Estados Unidos por supuestas violaciones de derechos humanos, incluyendo la ejecución extrajudicial de tripulantes de embarcaciones incautadas. Sin embargo, en el territorio venezolano, se aplica una política militar que aparentemente actúa bajo el principio de disparar primero y preguntar después a quienes violan el espacio aéreo.
Un contraste político ineludible
La administración en Caracas utiliza las cifras de aeronaves derribadas (416 en el historial) como prueba de su firmeza contra el narcotráfico y su compromiso de no ser “plataforma del crimen organizado transnacional”. El mensaje es de “Independencia o nada” en la frontera.
No obstante, la falta de información sobre la suerte de los tripulantes de estas narcoavionetas refleja un doble estándar ético y legal. Si el gobierno exige el respeto a los derechos humanos y el debido proceso a potencias extranjeras, debería aplicarlo con rigurosidad dentro de sus fronteras. La inutilización de la aeronave, aunque legalmente amparada para proteger la soberanía, no puede ser una excusa para evadir la responsabilidad internacional de proteger la vida y garantizar la justicia para todos.
El hermetismo sobre las operaciones que resultan en la destrucción de aviones, sea en Apure o en cualquier otro estado fronterizo, alimenta la percepción de que la lucha contra el narcotráfico se realiza a costa de la transparencia y el estado de derecho.
Fuentes: Telegram (Domingo Hernández Lárez), Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, Control Ciudadano.
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