«Privatizar ahora es un error», advierte Sutherland

Expertos analizan cómo la corrupción sistémica y la falta de transparencia en la deuda externa anulan cualquier posibilidad de recuperación del poder adquisitivo para los venezolanos.

CARACAS. – La realidad económica de Venezuela atraviesa uno de sus momentos más críticos tras los recientes anuncios del 1 de mayo. Durante el último episodio del programa #RealEconomik, el politólogo Nicmer Evans y el economista Manuel Sutherland desglosaron las implicaciones de lo que denominan un “salaricidio”. El análisis revela una desconexión profunda entre la retórica oficial y las cifras de hambre que sitúan al país en el foso global de remuneraciones.

Sutherland explica que el concepto de “salaricidio” no es una exageración retórica. El gobierno ha asesinado la naturaleza del salario al sustituirlo por bonificaciones que no impactan en las prestaciones sociales ni en el ahorro a largo plazo. Esta política, lejos de ser una solución a la inflación, constituye un fraude a la clase obrera. La bonificación destruye el patrimonio del trabajador y elimina cualquier perspectiva de jubilación digna en un entorno de hiperinflación acumulada.

La brecha del hambre y el récord salarial mínimo

El economista destaca que, desde marzo de 2022 hasta la fecha, la inflación acumulada supera el 12.000%, mientras el salario mínimo se mantiene estancado en 130 bolívares. Esta cifra posiciona a Venezuela con el ingreso más bajo del planeta. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), la pobreza extrema se profundiza debido a políticas fiscales que favorecen la concentración de riqueza en una élite reducida.

Actualmente, el 90% de los hogares venezolanos se consideran pobres. La canasta alimentaria básica ronda los 500 dólares, una cifra inalcanzable para la inmensa mayoría que sobrevive con bonos de “guerra económica”. Evans y Sutherland coinciden en que la ilusión de bienestar que intentan proyectar ciertos sectores choca frontalmente con la precariedad de los servicios públicos y la incapacidad de compra del ciudadano común.

Corrupción en PDVSA: El drenaje de 11 mil millones de dólares

Uno de los puntos más álgidos del debate se centró en la corrupción sistémica dentro de la industria petrolera. Investigaciones recientes señalan un desfalco que asciende a los 11.000 millones de dólares mediante ventas de crudo no registradas. Esta cifra explica, en gran medida, por qué el Estado no cuenta con recursos para un aumento salarial real. La corrupción no es un delito sin víctimas; se traduce directamente en hospitales sin insumos y apagones constantes.

Sutherland menciona que el desvío de fondos mediante esquemas de “PDVSA Cripto” y la falta de auditoría en los contratos petroleros actuales impiden la recuperación del país. El uso de energía eléctrica para intentar reactivar pozos petroleros, en detrimento del consumo residencial, evidencia una gestión de crisis desesperada. Mientras se drenan miles de millones por vías irregulares, el parque industrial venezolano permanece prácticamente muerto y la infraestructura eléctrica opera a niveles críticos.

Reestructuración de la deuda: ¿Negocio o beneficio nacional?

El programa también abordó los riesgos de una reestructuración de la deuda externa sin transparencia. Con una deuda estimada en 170.000 millones de dólares, el país se enfrenta a la posibilidad de acuerdos opacos. Sutherland advierte que la administración actual no posee la legitimidad ética ni moral para negociar estos compromisos. Existe el riesgo de que se reconozcan deudas “fantasma” o fraudulentas que hipotequen el futuro de varias generaciones de venezolanos.

La propuesta de los expertos es clara: se requiere una auditoría integral y contabilidad forense antes de cualquier firma. Un gobierno legítimo, con apoyo de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, podría lograr una quita histórica de hasta el 70% de la deuda. Sin embargo, sectores de “bonistas colaboracionistas” presionan para cobrar sin investigaciones previas, buscando beneficiarse de la opacidad que impera en las finanzas públicas actuales.

Privatización bajo sospecha y opacidad contractual

La discusión sobre la privatización de activos estatales como PDVSA, CANTV o Corpoelec genera escepticismo. Sutherland señala que privatizar en las condiciones actuales sería un error histórico. Vender empresas destruidas y sin mantenimiento equivale a rematarlas a “precio de gallina flaca” a sectores vinculados al poder, similar a lo ocurrido tras la caída de la Unión Soviética. La prioridad debería ser recuperar la operatividad mínima de estas industrias antes de considerar cualquier traspaso al sector privado.

En este contexto, la mención a Nicolás Maduro y su gestión económica resalta una falta de responsabilidad institucional. Los analistas subrayan que el discurso oficial suele culpar a factores externos, mientras la mala administración y el gasto discrecional sin respaldo destruyen la moneda. La verdadera estabilidad económica requiere un entorno legal que atraiga inversiones de calidad, algo imposible bajo el actual esquema de discrecionalidad y falta de justicia independiente.

Conclusiones: El camino hacia la transparencia

Finalmente, el balance post 1 de mayo deja un sabor amargo para la masa obrera. La única vía para frenar el “salaricidio” y recuperar la economía es el restablecimiento de la institucionalidad y la transparencia absoluta en el manejo de la renta petrolera. Sin una auditoría de la deuda y un freno real a la corrupción, cualquier ingreso adicional por petróleo seguirá desapareciendo en los vericuetos de la burocracia y los intereses particulares.

Venezuela tiene el potencial de rescatar su industria, pero necesita un personal técnico y moralmente distinto al actual. La participación ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas son fundamentales para evitar que la reestructuración de la deuda se convierta en el “negocio del siglo” para unos pocos, mientras el pueblo continúa sumido en el récord global del hambre.

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