ONG piden a la ONU que abogue por el regreso de la Oficina del Alto Comisionado para DDHH

Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que mientras se mantengan las políticas de represión en Venezuela, la Misión independiente de investigación y Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI) tendrán en el país un papel más claro e imperante por la defensa de los DDHH

198 oenegés condenaron, este 19 de febrero, la expulsión de Venezuela de los oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), debido a que significa un paso adicional del Estado venezolano para desproteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, actuales y potenciales, y a la sociedad civil en su conjunto.

En un comunicado,  firmado por organizaciones como Foro Penal y Provea, los sectores de la sociedad civil exhortaron a las múltiples instancias de la ONU, en especial a Volker Turk y Antonio Guterres, Alto Comisionado para los DDHH y secretario general de la ONU, respectivamente, a que no cesen en su compromiso para proteger la vida, integridad y seguridad de los venezolanos.

Si bien las asociaciones civiles agradecieron a todo el equipo de oficiales de ONU por haberse convertido en «la real defensoría del pueblo
venezolano», también les pidieron que, aunque a la distancia, sigan abogando para que esa instancia de Naciones Unidas retorne al país, y de una forma más fortalecida, en funciones, obligaciones y también en libertad de acción en el país.

«El cese temporal y expulsión de oficiales de la Oacnudh de Venezuela es un nuevo incumplimiento de las obligaciones y acuerdos del Estado venezolano con la comunidad internacional, ahora con la ONU y los órganos de protección universal, evidenciando que no existe voluntad de cumplimiento en materia de respeto a los derechos humanos, garantías de protección, justicia, libertades y democracia», se lee en el document0.

En ese sentido, también recalcaron que mientras existan estas circunstancias en el país, el trabajo de la Misión independiente de investigación y Determinación de Hechos y la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad tendrán un papel más
claro e imperante.

«(estamos) a las puertas de un ciclo electoral presidencial en el que de manera cíclica se han incrementado de forma dramática los patrones de violaciones graves de los derechos humanos y la violencia contra la población, los mismos que dieron origen a la necesidad de la creación de estas tres instancias», reza la comunicación.

«En un contexto de indefensión institucional, emergencia humanitaria compleja y ante próximas elecciones presidenciales, el Estado ha incrementado acciones para la confiscación de las libertades civiles y democráticas en el país con “La Furia Bolivariana” como política de vigilancia, control y persecución política; la intención de aprobar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento
de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional; el incremento de los ataques, detenciones y violaciones graves contra personas defensoras en el país».

El pasado jueves 15 de febrero, la administración de Nicolás Maduro expulsó del país a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su supuestos «ataques exacerbados» contra Venezuela.

El Gobierno venezolano dio 72 horas a los 13 funcionarios de la Oacnudh para que se retiraran del territorio.

El canciller Yván Gil, quien dio a conocer el anuncio, dijo además que se suspendieron las actividades de esta Oficina y que se revisarán los acuerdos firmados con ella en los próximos 30 días.

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