el proyecto “hegemónico” de crisis infinitas

El chavismo cumple esta semana un cuarto de siglo en el poder en Venezuela, donde se ha articulado como un proyecto autoritario y de corte socialista que ha surfeado crisis constantes, aún bajo el escrutinio internacional por violaciones a los derechos fundamentales de su población, según expertos.

Hugo Chávez Frías, un teniente coronel venezolano que encabezó el golpe de Estado fallido contra el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez en 1992, asumió la presidencia el 2 de febrero de 1999 tras ganar las elecciones.

Según Chávez, fallecido en 2013 como consecuencia de un agresivo cáncer, aquella intentona golpista y su proyecto procuraban una transformación política, social, económica y cultural de Venezuela con base en una ideología nacionalista y de los postulados de igualdad, libertad e integración regional del prócer Simón Bolívar.

Mientras especialistas identificaron el movimiento con un término personalista, “chavismo”, él lo llamó “revolución bolivariana” y, luego, “socialismo del siglo XXI”.

Chávez ganó cómodamente cuatro elecciones presidenciales: 1998; 2000, tras la renovación de todos los poderes públicos; y las de 2006 y 2012.

Entre denuncias de la oposición, otros gobiernos y organismos internacionales sobre la erosión progresiva de la economía y la democracia en Venezuela, Chávez y Maduro lideraron al chavismo con la promesa de que sus opositores no volverían al poder.

Desmontaje del “viejo sistema”

Si bien el oficialismo promovió su proyecto como uno a favor de la soberanía nacional, la democracia participativa, la economía sostenible y la distribución justa y ética de los recursos, especialmente de la renta petrolera, el chavismo derivó en la práctica en un sistema “hegemónico”, de acuerdo con el politólogo Guillermo Tell Aveledo.

La constante de los primeros años de Chávez fue “desmontar el viejo sistema” de 40 años anteriores de gobiernos de derecha, estableciendo uno “no pluralista”, con una nueva Constitución y la “toma de poderes públicos”, como el judicial, subrayó Tell Aveledo, profesor de estudios políticos de la Universidad Metropolitana.

El intento de sublevación civil y militar de abril de 2002, que depuso a Chávez durante 28 horas, fue contestado con una “contraofensiva” del oficialismo, que incluyó miles de despidos en instituciones públicas y la estatal petrolera PDVSA, según Tell Aveledo.

Por aquellos años, el chavismo respondió con “radicalización” ante episodios “críticos”, entre ellos un paro de empleados de la industria petrolera, intentos de revocatorios contra Chávez y victorias electorales de opositores en gobernaciones y alcaldías clave del país, repasó el especialista.

“Ante cada momento crítico que planteaba la oposición, (el chavismo) se profundizaba hacia la izquierda”, dijo Tell Aveledo.

El segundo gobierno de Chávez, entre 2007 y 2013, se decantó por aumentar “la regulación estatal” de la economía y estatizar empresas de diversos rubros, en pleno descenso de “la bonanza petrolera” de sus primeros años, indicó.

“El primer chavismo no era completamente hostil a la empresa privada, eso se olvida en el tiempo. El madurismo continuó eso casi a la perfección, hasta 2018”, describió.

Apoyo popular, entre abusos

El chavismo “se mantuvo por su legitimidad” en aquella primera etapa, dijo el politólogo venezolano Benigno Alarcón Deza, también director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

A su juicio, el respaldo popular sostuvo a Chávez “durante muchos años”: su valoración positiva rozó los 70 puntos, con énfasis en sectores empobrecidos.

Jesús Castellanos, politólogo especialista en asuntos electorales, matizó que el chavismo se garantizó desde sus orígenes una administración del poder electoral “subordinada” al gobierno nacional, lo que llama “autoritarismo competitivo”.

Las elecciones entre 1999 y 2010 incluyeron uso de recursos públicos a favor del oficialismo, la actuación de Chávez en campañas aún desde su cargo, el “irrespeto” de las leyes, la “coacción” de votantes y “compra del voto”, así como inhabilitaciones a opositores y “excesos” de militares, apuntó.

Entre 2012 y 2016, precisó Castellanos, el chavismo concretó su transición a un “autoritarismo hegemónico”, con los “vicios” de años pasados más los agravantes de las intervenciones de partidos opositores y la “reducción” de la oposición.

En 2015, la oposición ganó las dos terceras partes del Parlamento, pero múltiples sentencias del poder judicial, afín al chavismo, maniataron esa Asamblea Nacional.

Las votaciones desde 2017 a 2021, incluidas la de la Asamblea Nacional Constituyente y las presidenciales donde se reeligió Maduro sin el concurso de la oposición tradicional, tuvieron ya “visos de autoritarismo cerrado”, evaluó Castellanos.

“Esos procesos fueron fraudulentos, reconocidos así por buena parte del país y del mundo democrático”, comentó el experto a la Voz de América.

Los años de Maduro, siempre en crisis

Maduro, elegido por Chávez como su sucesor al frente del chavismo gobernante, ganó las presidenciales de 2013 por poco más de 200.000 votos de ventaja.

Su reelección, sin embargo, agudizó los problemas económicos y políticos que había enfrentado, como masivas protestas de calle y una depresión económica inédita.

Maduro asumió su segundo mandato el 10 de enero de 2019, el mismo día que la Asamblea Nacional opositora le desconoció como presidente, alegando que usurpaba el poder tras haber ganado una elección convocada fraudulenta e ilegalmente.

Mientras decenas de países cuestionaron su legitimidad, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno de Maduro se volvió “cada vez más autocrático y autoritario”, ya con baja popularidad, señaló Alarcón Deza, por su lado.

“Ante la falta de apoyo, ante la falta de legitimidad, trata de mantenerse por la fuerza. Es un gobierno que está en su peor momento y que evidentemente apuesta a otros mecanismos como el uso de la fuerza”, expuso a la Voz de América.

Según la mayoría de las firmas privadas, la popularidad de Maduro ronda los 20 puntos. Hace una década, obtuvo 50,6% de los casi 15 millones de votos.

Las multitudinarias protestas de calle contra el chavismo en múltiples estados en 2014 y 2017, que fueron reprimidas por las fuerzas del Estado, coincidieron con una aguda crisis económica, una ola migratoria sin precedentes y acusaciones de crímenes de lesa humanidad en el país que son investigadas por la Corte Penal Internacional desde 2021.

Según las Naciones Unidas, más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela “buscando protección y una vida mejor”, la mayor parte hacia América Latina.

La misión de determinación de hechos en Venezuela, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acusó a Maduro y otros funcionarios de liderar “un plan orquestado al más alto nivel político” de violaciones de derechos humanos contra la disidencia e incluso denunció la comisión de delitos de lesa humanidad.

El chavismo suele encasillar a sus adversarios entre “amigo” o “enemigo” y sus acciones hacia ellos, “fuera de la institucionalidad”, se justifican para “proteger la revolución”, advirtió el politólogo Doriam González, de la Universidad de Los Andes.

“La construcción social y política que conocemos como chavismo tiene un eje conductor de sus acciones: el autoritarismo”, sentenció en conversación con la VOA.

Entre sanciones, negociaciones y la elección definitiva

En los últimos ocho años, Estados Unidos, la Unión Europea y otro grupo de países han aplicado más de 900 sanciones económicas contra instituciones venezolanas e individuales contra altos funcionarios públicos, de acuerdo con voceros del chavismo.

El oficialismo las llama “bloqueo” y las culpa de la crisis.

Sus opositores e investigadores independientes lo acusan, en cambio, de una “gran corrupción” con miles de millones de dólares de fondos públicos desde 1999.

Tell Aveledo, por su lado, destacó que los últimos cinco años del gobierno de Maduro se han caracterizado además por la desregulación del mercado cambiario; reformas de una apertura económica “nunca declarada”; el desafío por la “incapacidad” del Estado para producir y gestionar bienes y servicios y, finalmente, una “crisis humanitaria”.

Según expertos, la economía venezolana cayó entre 2012 y 2021 más de 80 puntos y registró un ciclo de hiperinflación por cuatro años consecutivos, entre 2018 y 2022.

Hace siete años, la inflación anualizada fue de 130.060%, según cifras del Banco Central de Venezuela. Son fenómenos jamás registrados en la historia de Venezuela.

El bolívar perdió tanto sus capacidades desde 1999 que Chávez y Maduro concretaron tres reconversiones monetarias, restándole 14 ceros a su denominación en total.

Organizaciones no gubernamentales y académicos, como los que realizan la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), advierten que más de 80% de los venezolanos son pobres y no pueden cubrir con sus ingresos los alimentos diarios de su familia.

El chavismo está reprobado ante los especialistas y defensores de derechos humanos como un proyecto “imagen del autoritarismo”, que, en ese desempeño, ha tenido “consecuencias destructivas” para la población y el país, explicó González, de la ULA.

El chavismo “llegó a transformar para siempre la sociedad venezolana”, dijo hace días uno de los hombres fuertes del oficialismo, Jorge Rodríguez, quien además preside el parlamento y es delegado jefe de Maduro para las negociaciones.

Maduro, por su lado, denunció la desactivación de cinco conspiraciones en contra de su gobierno desde el año pasado y estimó que los acuerdos políticos firmados con sus opositores en Barbados en octubre pasado están en “terapia intensiva”.

Desde hace tres años el oficialismo y sus detractores negocian acuerdos políticos con la facilitación de Noruega y la participación de actores internacionales, como Estados Unidos, que ha relajado sus sanciones económicas como incentivo de esos diálogos.

La oposición, entretanto, confía en capitalizar el alto nivel de descontento popular —85% de los venezolano dice querer un cambio político, según encuestas privadas— exigiendo mejores garantías electorales en esa mesa de negociaciones.

El viernes pasado, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia puso un muro en el camino electoral del antichavismo al ratificar la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años de la candidata presidencial María Corina Machado.

Alarcón Deza, de la Universidad Católica Andrés Bello, ya lo anticipaba antes de conocerse la noticia: el escenario político inmediato en Venezuela será “muy hostil” este año, cuando el chavismo aspira a reafirmarse en el poder al menos hasta 2030.

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